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Aprobada por unanimidad la Ley de Igualdad de Oportunidades para “avanzar en la autonomía personal” y no discriminación de los discapacitados.

ICAL232114

El Pleno de las Cortes aprobó por unanimidad y entre grandes aplausos el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad cuyo objetivo principal es “avanzar en la autonomía personal” y en la no discriminación de este colectivo en una “sociedad inclusiva”, según destacó en su presentación la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien reconoció que es una finalidad “tremendamente ambiciosa” y que, por eso, “exige el compromiso de toda la sociedad (las administraciones públicas, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto)”.

Ante un buen número de representantes de asociaciones del sector de la discapacidad agrupadas en el Cermi, que siguieron el debate sobre la ley desde la tribuna del Parlamento autonómico, Marcos destacó que Castilla y León es la primera comunidad autónoma que cuenta con una norma “integral» y que «incluye los preceptos y principios de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU”, lo que además supone “un gran avance en el desarrollo del Estatuto de Autonomía” porque defiende el “respeto a la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad” y busca su “normalización a través de la igualdad de oportunidades y la no discriminación”.

Así, se centra en garantizar que este colectivo puede ejercer sus derechos igual que el resto de ciudadanos en todos los ámbitos, con especial atención a las personas que viven en el medio rural y “teniendo en cuenta a sus familias y su entorno”, para lo que “apuesta por la igualdad, el empleo, la discriminación positiva y la transversalidad”, además de por ofrecer una “atención individualizada” a las personas con discapacidad y por dar participación a sus representantes.

La consejera de Familia incidió en que esa atención individualizada partirá de “una valoración ajustada de las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta además a su familia y su entorno”, y que se da una gran importancia a las figuras del gestor de casos y del asistente personal. Además, señaló que la ley incluye “medidas concretas” para lograr esa inclusión normalizada no sólo dentro de los Servicios Sociales, sino en ámbitos como la salud, la educación y la formación, la cultura, el transporte y muy especialmente en el empleo, donde fija que se va a desarrollar un programa integral para impulsar la empleabilidad de este colectivo.

En cuanto a la transversalidad, Marcos desatacó que la norma aprobada hoy alude a una futura Ley de Accesibilidad y que además prevé desarrollar medidas para sensibilizar a la población sobre la situación de este colectivo.

Todo ello será posible, remarcó la consejera de Familia, gracias a que determina “un régimen claro de financiación” para su desarrollo, con 155 millones de euros al año “de impacto inicial” a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y a que Castilla y León cuenta con un buen “punto de partida” para desarrollar su plan estratégico por su “importante red de recursos” a disposición de las personas con discapacidad, con 15.000 plazas a 31 de diciembre de 2012, 3.000 más que en 2007, en 331 centros residenciales y 185 centros de día atendidos por más de 5.000 profesionales.

La titular de Familia también agradeció las aportaciones al texto de la ley de todos los grupos de la Cámara y muy especialmente del Cermi, del que dijo que sin ellos “este texto no estaría hoy aquí”, y de ahí que su participación en la implantación de las medidas previstas por la ley y en la prestación de servicios a las personas con discapacidad se haya considerado “imprescindible”. Para hacerlo efectivo, resaltó que se crearán órganos de consulta de las políticas que se desarrollen en esta área, como el Consejo Autonómico de la Discapacidad, con el que se comprometió a que la Administración tendrá “una interlocución permanente”.

Marcos concluyó recordando que esta ley era “muy demandada” por el sector y que la Junta, “comprometida con las personas y familias, y preocupada por quien más le necesita”, la ha hecho “proyectada por las personas con discapacidad y para ellas”, “avanzando con sensatez y paso firme para garantizar el bienestar de los ciudadanos, incluso en momentos tan difíciles”

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