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El Grupo Popular manifiesta su oposición a la propuesta de reforma de la PAC y requiere al Gobierno de la Nación el establecimiento de alianzas con otros estados

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, ha presentado una Proposición no de Ley, que se debatirá en el próximo Pleno de los días 25 y 26 de octubre, manifestando su oposición a la propuesta de reforma de la Política Agrícola Comunitaria presentada por la Comisión Europea el pasado 12 de octubre y requiriendo al Gobierno de la Nación,  que sobre la base de la posición pactada con las comunidades autónomas y los representantes del sector agrario, establezcan alianzas con otros estados miembros de la unión europea que defiendan intereses comunes a los de España.

Con la comunicación presentada  el 18 de noviembre de 2010 por la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC, se inició un intenso debate en la Unión Europea sobre el tipo de agricultura y ganadería que este documento define y sus efectos sobre los diferentes modelos productivos que coexisten en Europa.

Siguiendo el calendario previsto, durante el primer semestre de 2011 los  distintos  gobiernos, instituciones y agentes relacionados con el sector agrario europeo adoptaron diferentes posiciones sobre el documento formulado por la comisión europea.

Desde el pasado miércoles 12 de octubre de este año, momento en el que la comisión ha presentado sus propuestas de reglamentos, se han activado todas las alarmas en el sector agrario de castilla y león y del conjunto de España. La propuesta de reforma decepciona a las organizaciones profesionales agrarias y también disgusta a la junta de castilla y león.  incluso el propio gobierno de España, inicialmente proclive a los planteamientos de la comisión, se manifiesta ahora contrario a las propuestas legislativas que darán paso a un nuevo ciclo de negociaciones que permita aplicar una nueva PAC reformada a partir de 2014.

Estamos inmersos, pues, en un importante proceso no sólo para los agricultores y ganaderos españoles y europeos, sino también para el conjunto de los ciudadanos, dado que se está hablando de un sector estratégico para Europa, mucho más en momentos de crisis,  encargado de proporcionar alimentos en cantidad y calidad suficientes para los consumidores europeos, además de ser decisivo para el desarrollo rural y el medio ambiente.

Por tanto, es absolutamente necesario que España, con urgencia máxima, adopte una clara y firme posición de estado, consensuada con las comunidades autónomas y con el sector, para que en las negociaciones ante la unión europea se consiga una futura política agrícola comunitaria fuerte, con presupuesto suficiente y orientada a lograr sectores agrarios y agroalimentarios competitivos y productivos. Todo ello obliga a manifestarse también en contra del contenido de las  propuestas de reforma formuladas recientemente por la comisión europea, por ser perjudicial para los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de España.

Por obvias razones  de calendario y de estrategia, la  posición común de España sobre el futuro de la PAC  no sólo debe estar elaborada y consensuada con la mayor urgencia posible, sino también coordinada con aquellos estados de la unión europea que defiendan modelos de PAC compatibles con los intereses agrarios de España

 

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