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El Grupo Popular pide que se apoye y fomente la protección de los derechos de los menores a través de un “Pacto por la Infancia”

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición no de Ley, que se debatirá en el próximo Pleno de los días 26 y 27 de marzo, en la que se instan a la Junta a apoyar y fomentar, dentro del marco del próximo “Pacto por la Infancia”, las siguientes medidas:

  1. Cooperar con los comités nacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en su labor de impulso a los derechos de los niños y niñas, y de mejora de su bienestar y condiciones de vida.
  2. Promover la participación de los niños y niñas en su familia, en la comunidad y la sociedad de Castilla y León, abriendo canales de opinión y decisión en los que tomen parte.
  3. Reforzar su seguridad y su protección ante el riesgo de explotación, violencia y abuso, o desamparo.
  4. Reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que puedan afectar a sus vidas, con especial atención a la igualdad de oportunidades.”

 

La “Convención sobre Derechos del Niño”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, tiene rango de tratado internacional, y es de carácter obligatorio para todos los estados firmantes.

En ella no sólo se reconoce el derecho de niñas y niños menores de 18 años, al pleno desarrollo físico, mental y social, y a la expresión libre de sus opiniones, sino que, también, se obliga a los estados adheridos a promover y reforzar un entorno protector y de bienestar para la infancia.

A pesar del número creciente de naciones adheridas a la Convención, y de  los importantes avances a escala mundial habidos en los derechos y el respeto a la dignidad humana de la infancia, continúan existiendo situaciones de pobreza, exclusión social, abandono, violencia y acceso desigual a la educación o los servicios sanitarios que afectan tanto a países y/o territorios ricos como pobres.

Las sociedades más avanzadas o que han alcanzado mayores niveles de bienestar no están exentas de riesgos de violencia sobre los niños, explotación (con especial incidencia en la explotación sexual), o nuevas amenazas para la salud (VIH, enfermedades emergentes o de transmisión sexual, drogodependencia, etc.).

El cambio social, la globalización, y las actuales circunstancias de crisis económica obligan, más bien, a afrontar nuevos retos y adoptar medidas constantes para la protección de la infancia y de la familia, que es la base de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños.

En Castilla y León, aproximadamente el 16% de la población (unas 400.000 personas), son menores de 18 años y están, por tanto, acogidas a la citada Convención.

El papel de los gobiernos locales es fundamental en la protección, desarrollo y atención a la infancia, y así se ha promulgado, además, desde estas Cortes de Castilla y León que aprobaron unánimemente la Ley 14/2002 de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia  de Castilla y León.

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