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La hoja de ruta para las prioridades y los desafíos de Castilla y León

Carriedo durante la presentación de la iniciativa parlamentaria

No faltan estos días dirigentes políticos que aconsejan, en Castilla y León, esperar a que se resuelvan las dudas en torno a la constitución del nuevo gobierno de España para impulsar el programa de actuaciones que hemos previsto para nuestra Comunidad. Son los mismos dirigentes políticos que opinan continuamente sobre cómo resolver los problemas nacionales y se olvidan de plantear propuestas, compromisos e iniciativas para lo más cercano: para Castilla y León.

Por supuesto que yo también deseo que pronto haya un gobierno en España que cuente con un amplio respaldo parlamentario, que ofrezca estabilidad y confianza desde la moderación y que permita abordar desafíos tan importantes como la consolidación de la recuperación económica, la unidad e igualdad de todos los españoles, las reformas institucionales que se precisan y la lucha contra el terrorismo internacional que amenaza a nuestro modo de vida en libertad. Pero todo ello, en modo alguno, debe constituir una excusa para retrasar o incluso paralizar las iniciativas que hemos previsto desde Castilla y León y para mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

Apenas ha transcurrido medio año de la presente legislatura autonómica e iniciamos 2016 con la vocación de impulsar la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto para este importante periodo. Y contamos con la ventaja de disponer ya de un presupuesto en vigor, de contar con consensos institucionales, políticos y sociales y, sobre todo, de tener claro lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer.

En efecto, en primer lugar, Castilla y León se encuentra entre el limitado número de comunidades autónomas que dispone ya de un presupuesto en vigor para 2016. Esto otorga estabilidad y ofrece confianza a todos aquellos que deben tomar decisiones en el ámbito económico. Desde el mismo día 1 de enero, la nueva Ley de Presupuestos ha permitido una nueva rebaja en el tramo autonómico del IRPF, de la que se benefician especialmente las familias con rentas bajas y medias. Así mismo, hemos eliminado el céntimo sanitario, que todavía aplican la mayoría de las comunidades autónomas, y que se tuvo que poner en marcha en Castilla y León en los momentos más difíciles de la recesión económica, ante la imposibilidad de financiar con solvencia los servicios públicos y ante la encrucijada de tener que elegir entre aplicar temporalmente este impuesto o renunciar a determinadas prestaciones que nos permiten liderar la cohesión social y los servicios de calidad y equidad en el conjunto de España. Este mismo mes de enero las nóminas de los empleados públicos registran un aumento, por primera vez en esta crisis económica, si bien todavía modesto. Y en definitiva, los presupuestos nos permiten también incrementar las inversiones públicas, mejorar las dotaciones en cohesión social y rebajar el coste de la deuda como consecuencia de la disminución de la prima de riesgo y de los tipos de interés.

Disponer ya de un presupuesto en vigor permite a la Junta de Castilla y León impulsar todos los instrumentos para su ejecución. Mientras en otras comunidades todavía debaten sobre qué presupuesto dispondrán o incluso sobre si tendrán un presupuesto, nosotros estamos disfrutando ya de las ventajas del mismo, que se traducen en beneficios para los castellanos y leoneses, estabilidad para el conjunto de las iniciativas y un programa para todo un año. En estos momentos es cuando mejor podemos apreciar el acierto del Gobierno de España de impulsar la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2016, en contra de la opinión de la mayor parte de la oposición parlamentaria. Es fácil imaginar la situación de inestabilidad derivada de la combinación de la actual situación política nacional con unos presupuestos que hubieran estado prorrogados al menos durante una parte importante del año.

En segundo lugar, Castilla y León afronta los desafíos que tenemos por delante con un amplio nivel de consenso político, social e institucional. Político, porque en estos primeros meses de la legislatura se han alcanzado importantes acuerdos parlamentarios que incluyen, no sólo a los partidos que han facilitado con su abstención la investidura y la aprobación de los presupuestos, sino también a todos aquellos que han alcanzado la condición de grupo parlamentario. Social, porque el diálogo económico y social es seña de identidad de Castilla y León, algo que ha sido especialmente oportuno durante los momentos más duros de la crisis económica y que nos ha permitido alcanzar acuerdos como los de hace tan sólo unos días entre la Junta de Castilla y León, las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos en materias tan importantes como el empleo, la vivienda y el refuerzo de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Institucional, como demuestra la voluntad de alcanzar acuerdos tal y como han puesto de manifiesto todas las administraciones públicas de la región, sea cual sea la composición de sus respectivas corporaciones.

Finalmente, y en tercer lugar, porque tenemos una hoja de ruta para esta legislatura. Unos proyectos que se han presentado al conjunto de la sociedad y que cuentan con un amplio apoyo de los castellanos y leoneses. Me refiero, naturalmente, al programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones autonómicas, al programa de investidura de Juan Vicente Herrera y a los programas de legislatura que los consejeros de la Junta presentaron en las Cortes. Pero incluyo también como elementos importantes acuerdos con todos los grupos parlamentarios. El pacto firmado el 22 de julio entre la Junta, el Grupo Popular, el Grupo Socialista, Podemos y Ciudadanos incluye propuestas para una reforma del Estatuto de Autonomía, definir una posición de Comunidad en relación al futuro modelo de financiación autonómica, plantear un programa para la reindustrialización de Castilla y León y desarrollar las previsiones de la Ley de Servicios, Ordenación y Gobierno del Territorio. Así mismo, el acuerdo con Ciudadanos previo a la Investidura recoge 31 puntos, muchos de los cuales se han cumplido ya y en otros se han registrado avances en los plazos previstos.

Por todo ello, Castilla y León, en el actual contexto de inestabilidad nacional, cuenta con una hoja de ruta muy definida y con cuatro objetivos claros. Primero, consolidar la recuperación económica y la creación de empleo en un contexto en que las tasas de paro, si bien son menores a las del conjunto de España y siguen reduciéndose, todavía son superiores a las de antes de la crisis económica. Segundo, seguir garantizando la cohesión social y unos servicios públicos que sitúan a Castilla y León en el liderazgo nacional en calidad y equidad, como demuestran los principales indicadores independientes o el último informe DEC que se ha publicado hace tan solo unos días. Tercero, impulsar los servicios en el territorio desarrollando iniciativas en el marco del acuerdo de la ordenación del territorio, tales como la próxima aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios de ámbito rural que ya es objeto de información pública. Y cuarto, la reforma del Estatuto de Autonomía, que incluirá un bloque específico de calidad democrática además de apartados concretos para la garantía de la cohesión social y la igualdad de los ciudadanos en el territorio.

En síntesis, iniciamos el año 2016 con un presupuesto en vigor, con importantes consensos políticos, sociales e institucionales y con una hoja de ruta muy definida. Creo sinceramente que en aquello que corresponda a nuestras competencias no debemos pararnos ante la indefinición de la situación política nacional. Depende de nosotros, de nuestra capacidad de iniciativa y de la determinación con la que hagamos frente a los desafíos y a las aspiraciones de los castellanos y leoneses. Y si depende de nosotros debemos hacerlo.

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO es Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León

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