Tras su aprobación por parte de de la Junta de Castilla y León el pasado 14 de abril, el Decreto-Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis ha sido convalidado con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios.
En su petición de respaldo al Decreto-Ley a los grupos de la Cámara, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, se ha referido a que se trata de un Decreto-Ley cuyo objetivo es ampliar derechos porque permite compatibilizar más prestaciones, crea más excepciones a la hora de computar rentas y patrimonio, simplifica y mejora el procedimiento, fomenta la inserción laboral de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, incrementa las personas que pueden ser destinatarias de las prestaciones y da respuesta a una parte substancial de las recomendaciones realizadas por el Procurador del Común. Una vez convalidado por las Cortes el Decreto-Ley iniciará su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia con el fin de que sus medidas se consoliden y perduren en el tiempo.
Según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García en su presentación del Decreto-Ley ante las Cortes de Castilla y León, se enmarca en el compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas y familias que peor lo están pasando, cuyas medidas y actuaciones han sido adoptadas de acuerdo con el Dialogo Social, y que tienen como finalidad principal fortalecer la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis, flexibilizando, ampliando y compatibilizando sus principales prestaciones. Una Red cuya principal virtud está siendo la interrelación de recursos de distinta naturaleza, ya sean públicos o privados, que se ofrecen en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, para atender a las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con el objeto prioritario de lograr su plena inserción socio-laboral.
Desde su puesta en marcha, la Red de Protección ha incrementado su presupuesto en más de 40,4 millones de euros, un 29 % más, hasta alcanzar los 180 millones de euros previstos para 2016, y que atiende a 41.000 personas más que desde su inicio, previéndose que en 2016 alcanzará a 180.000 personas. Consta de 23 programas coordinados entre sí, 300 agentes y un intenso trabajo en red, para dar respuesta a necesidades básicas de las personas como la alimentación, a través del Servicio de entrega de alimentos, o la vivienda, mediante el Servicio Integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.
Junto a esto, la Red también cuenta con prestaciones económicas dirigidas a las personas más desfavorecidas. Entre ellas destaca la Renta Garantizada de Ciudadanía, RGC, que se ha constituido en estos pocos años en un instrumento esencial para atender las necesidades de inclusión social. Buena prueba de ello es que durante el año 2015 ha beneficiado a más de 37.000 personas un 10,7 % más que en 2014. Esto ha supuesto un significativo incremento de la dotación destinada a la RGC que crece año tras año, un 25 % más en el último año, hasta alcanzar los 69 millones de euros, un 155 % más de presupuesto que cuando se puso en marcha hace cinco años.
Alicia García se ha referido a que, según el último Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción 2014, publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Castilla y León está por encima de la media nacional, ya que la cuantía mínima es de 426 euros frente a los 420 euros de media en España; respecto de la cuantía máxima es de 692 euros frente a los 664 euros de media nacional; respecto al gasto anual por titular es de 4.056 euros frente a los 3.548 euros de media en España y Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma en la que más personas abandonan la Renta Garantizada por integrarse en el mercado laboral Junto a esto es reseñable que en Castilla y León la prestación es un verdadero derecho garantizado que perdura sin límite en el tiempo, frente a la situación en prácticamente todas las comunidades o ciudades autónomas en las que estas rentas mínimas de inserción se conceden por un tiempo limitado.
García ha recordado en su presentación en las Cortes del Decreto-Ley de medidas extraordinarias de la Red de Protección, que la Renta Garantizada de Ciudadanía no es la única prestación económica incluida en la Red de Protección, ya que de ésta forman parte también las ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social, que durante 2015 las recibieron 27.024 castellanos y leoneses; ayudas que se destinan a cubrir necesidades alimenticias que llegan a 5.253 personas, gastos destinados a la vivienda, cuotas hipotecarias o alquileres con 14.642 beneficiarios, o las destinadas a sufragar los gastos energéticos para el mantenimiento de condiciones mínimas de habitabilidad, con 7.129 beneficiarios en 2015. La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resaltado que el coste de las medidas recogidas en el Decreto-Ley supondrán unos 14 millones de euros y se estima que el número de beneficiarios de prestaciones sea de unas 8.000 personas.
Principales medidas que introduce el Decreto-Ley
Las nuevas medidas extraordinarias afectan a aquellas prestaciones de la Red de Protección dirigidas a atender necesidades de subsistencia, como la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social o la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria. El conjunto de las medidas de este Decreto-Ley agrupan en tres grupos: las de compatibilidad entre prestaciones, las de flexibilización para el acceso a las prestaciones y las de mejora del procedimiento.
Por un lado, el Decreto-Ley establece la ampliación de los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección con determinadas prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras similares que normativamente se determinen, ya se perciban por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban derivadas de la atención a determinadas personas con discapacidad. Al mismo tiempo, se establece la compatibilidad de las prestaciones de la Red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo, y aquellas prestaciones por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.
Al mismo tiempo, se flexibiliza el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. En aquellos casos en los que se tengan en cuenta los ingresos, para los autónomos se establece que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos sean inferiores al 50 % del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe. En los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50 % de dicho valor, y en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80 % del IPREM.
Por último, las medidas incluidas en el Decreto-Ley mejoran el procedimiento, ya que se reconoce el nacimiento del derecho y consiguiente devengo de la prestación desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales. Al mismo tiempo, se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo. Además, se fomenta la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones al facilitar la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tuviera suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.