La Ley que «atiende a un mandato demócrata» supone un avance en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y era uno de los compromiso electorales del PP.
El Proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas de Terrorismo salió adelante hoy con consenso y los aplausos incluidos de todos los grupos políticos en el hemiciclo, que pusieron de manifiesto el alto grado de acuerdo en la tramitación del texto y las aportaciones realizadas para rendir homenaje a este colectivo y prestarle la mejor asistencia posible, logrando así una mayor sensibilidad social.
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, agradeció la presencia de miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León en la tribuna de invitados, encabezados por su presidente, Juan José Aliste, y recordó que cuentan con la Medalla de Oro de la Cámara, su máxima distinción. En su intervención, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, dijo que el proyecto de ley es el primero en el ámbito autonómico desde la aprobación de la norma estatal en 2011 y comenzó su tramitación en las Cortes en enero de 2017.
Apuntó que se trata de un texto que contempla medidas de protección a las víctimas, su cónyuge e hijos con ayudas asistenciales en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda y que busca contribuir a la memoria de estas personas. Además, a efectos solo de reconocimiento y memoria, se amplía a padres, abuelos, nietos y hermanos.
De esta manera, precisó, la región se convierte en la octava comunidad que cuenta con una norma con rango de ley que reconoce y atiende a las víctimas de terrorismo. “Desde el principio quisimos que la Asociación de Víctimas estuviera muy presente en su elaboración y destacamos el acuerdo político para dar visibilidad al colectivo que sufrió el terrorismo y prestarles la mejor asistencia”, expresó De Santiago-Juárez.
Señaló que este proyecto aparecía en el programa electoral del PP en Castilla y León y que formaba parte del compromiso del discurso de investidura del presidente Juan Vicente Herrera. “Nos sentimos honrados de poder contribuir a esta ley y dejar de ser espectadores indiferentes. No estáis solos y jamás vais a estarlo”, apuntó el vicepresidente de la Junta en relación a las víctimas, y añadió que se trata de conseguir una sociedad “más sana, tolerante y solidaria y se aborda una decisión política que deriva del Estatuto de Autonomía, donde se rechaza el odio, la discriminación y la intolerancia”.
Entre las ayudas asistenciales, destacó los tratamientos médicos y psicológicos, quirúrgicos y ortoprotésicos no cubiertos por el sistema público o privado de salud, siempre que se acredite su necesidad y vinculación con el atentado; las ayudas al estudio y la gratuidad del comedor escolar y en los programas de conciliación Madrugadores y Tardes en el Cole; la asistencia para facilitar la continuación de los estudios que estuvieran realizando en el momento de sufrir la acción terrorista; o la preferencia en el acceso a centros residenciales para personas mayores. En cuanto a los beneficios fiscales, estas víctimas del terrorismo contarán con una bonificación en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.
El proyecto recoge la creación de un órgano unipersonal de atención a las víctimas, el Comisionado, que será uno de los altos cargos de la Consejería que tenga atribuidas estas competencias, de tal manera que no supondrá la creación de un nuevo alto cargo, ni de una nueva estructura administrativa. En la web de la Junta de Castilla y León, como recoge la norma, se creará un apartado específico dedicado a la atención a las víctimas para contribuir a su información. También se hará a través del teléfono 012.
Desde el Grupo Popular se apuntó que se “atiende a un mandato demócrata” con la aprobación de la Ley de Víctimas del Terrorismo, “por que con su sacrificio intransferible han contribuido a contar con la sociedad que queremos, plena de colaboración, respeto y civismo democrático”. También se agradeció la presentación de enmiendas al texto legal como muestra de que los grupos políticos han querido «aportar necesidades y mejoras que sirvan para contribuir al homenaje y asistencia a las víctimas como único objetivo”.