Castilla y León reclama la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Las Cortes piden incluir a los demandantes de asilo en la nueva prestación y dedicar los ahorros que genere sobre la Renta de Ciudadanía a los servicios sociales

Las Cortes de Castilla y León demandaron hoy, a propuesta del Grupo Popular, que la Junta reclame al Gobierno la suscripción de un convenio entre el Estado y la Comunidad para asumir la gestión de la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital, en los mismos términos que el País Vasco y Navarra.

La proposición del Grupo Popular recibió el respaldo del Socialista, Ciudadanos, Podemos, UPL y otros, frente al rechazo de Vox para que la Junta asuma toda la tramitación del procedimiento de concesión del Ingreso Mínimo Vital, incluida la resolución de dicho procedimiento.

El portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miguel Ángel García Nieto, reconoció que el Ingreso Mínimo «es necesario para combatir la pobreza extrema», como aseguró lleva haciendo la Renta de Ciudadanía en los últimos diez años. Sin embargo, rechazó que se haya puesto en marcha sin buscar el «máximo consenso» con la técnica del «Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como», y sin contar con las comunidades autónomas.

Por ello, apeló al principio de “igualdad” y denunció el “privilegio” otorgado a País Vasco y Navarra. El popular recordó que Castilla y León gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación que utilizan 10.000 familias y 22.600 beneficiarios. También destacó la “nota más alta” de los servicios sociales. «Está más que demostrado que Castilla y León está capacitada para prestar una gestión eficaz», dijo.

«Somos los mejores», dijo en materia de gestión y argumentó que cuenta con dos instrumentos como son los profesionales con un «profundo» conocimiento de la tierra y la red tejida con las entidades locales. También valoró la colaboración entre la Junta y el Gobierno desde la “lealtad”, pero manteniendo la reivindicación, por lo que calificó de «injusto e inaceptable el recorte de 58 millones para servicios sociales».

Asimismo, García Nieto aprovechó la ocasión para requerir al Gobierno que rectifique la supresión del fondo de 1.000 millones para la atención y los servicios sociales, con el fin de paliar los efectos de la pandemia en los grupos vulnerables, lo que según cálculos de la Junta supondría, al menos, 58 millones.