Los populares acusan a la oposición de utilizar de forma electoralista los derechos de las personas LGTB+
El artículo 14 de la Constitución española establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda darse discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. El artículo 9.2 faculta, además, a los poderes públicos para remover los obstáculos que impidan o limiten esa libertad e igualdad. En virtud de esos principios, se han aprobado ya en nuestra comunidad autónoma numerosas leyes que han incidido precisamente en la consecución de la igualdad efectiva de las mujeres o de las personas con discapacidad, por mencionar solo dos ejemplos.
Es voluntad del Grupo Popular continuar avanzando en el campo de la legislación antidiscriminatoria con pasos firmes, también, por supuesto, en el ámbito de las personas LGTBI+. Coincidimos con los grupos que hoy han presentado una Proposición de Ley de Igualdad social de la Diversidad Sexual y de Género en la necesidad de garantizar plenamente el derecho a la igualdad real de las personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, así como de sus descendientes, para asegurar que en nuestra comunidad autónoma se pueda vivir la diversidad con plena libertad independientemente de la orientación sexual e identidad de género.
De hecho, la Junta de Castilla y León ha estado trabajando con el colectivo LGTBI+ de Castilla y León en la redacción del texto que hoy se ha presentado. Dicho texto no ha sido definitivamente presentado como Proyecto de Ley por parte de la Junta, porque antes se ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Podemos cuyo contenido es, en esencia, idéntico al que hoy se ha presentado en Catilla y León.
La Proposición de Ley de Podemos tiene la misma estructura que la presentada hoy en Castilla y León. Solamente dos artículos de la Proposición de Ley autonómica, no tienen equivalencia en la propuesta estatal (el artículo referido al Observatorio Autonómico, por razones obvias, y el que habla de la responsabilidad social empresarial). El resto están tratados en la propuesta estatal, en algunos casos, de forma muy similar (de hecho, hay 40 artículos literalmente iguales). En otros casos, es cierto que existen diferencias de fondo.
La Proposición de Ley estatal presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados recoge medidas en el ámbito de la salud, de la educación, de la familia, del deporte, de la infancia y juventud, que son competencia de las Comunidades Autónomas y cuya ejecución, por tanto, así se expresa en la propia Proposición de Ley, le corresponde a las Comunidades Autónomas. De hecho, un gran número de artículos comienzan diciendo expresamente “La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias …”
Es decir, una vez se haya aprobado la Ley Estatal, con las modificaciones que procedan (actualmente se están presentando enmiendas por los Grupos), la misma será plenamente aplicable en Castilla y León, tanto en relación con sus definiciones, como en cuanto a los derechos en la misma reconocidos, como, también en cuanto a las obligaciones que de la misma se deriven para la Administración Autonómica. Y ello, sin entrar a considerar que una parte de la Ley Estatal pueda tener carácter de Ley básica y por tanto la regulación de una parte de su contenido resulte vedada al legislador autonómico.
Dicho lo anterior, parece fácil concluir que lo prudente y sensato es esperar a que se apruebe la Ley Estatal para después y sobre la base de su contenido, del reconocimiento de derechos que la misma realice, y que por fuerza deben ser iguales para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, de las obligaciones que para la Comunidad Autónoma se deriven, y de las medidas que en la misma se establezcan, desarrollar en Castilla y León nuestra norma autonómica, respetando la norma estatal en cuanto a su contenido básico.
De no ser así, piénsese lo absurdo que podría resultar que la definición, por ejemplo, de diversidad sexual fuera distinta en Castilla y León que en España, o que en Castilla y León una determinada conducta homófoba pudiera ser sancionada porque así lo estableciera el régimen sancionador autonómico pero no el estatal, generando una enorme inseguridad jurídica para el colectivo.
El Grupo Popular comparte la necesidad de que nuestra Comunidad cuente con una norma que garantice, con el mayor rango legal, los derechos del colectivo LGTB+, pero no cree que este sea el momento para su presentación por los motivos expuestos. Por eso se compromete a presentar una iniciativa legislativa en las Cortes de Castilla y León, una vez se haya aprobado la Ley estatal que en este momento se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
Por último, el Grupo Popular considera que los partidos de la oposición han tratado de manosear los derechos y aspiraciones del colectivo LGTB+ en una nueva demostración de electoralismo oportunista y rufianismo político al presentar una Proposición de Ley con 40 de sus artículos prácticamente calcados de la Proposición de Ley que se debate ahora en el Congreso.