El Grupo Popular presenta una Proposición de Ley para que las gasolineras en Castilla y León dispongan de al menos una persona de atención al público

La Proposición de Ley modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León

De aprobarse la Proposición de Ley del Grupo Popular, se mejoraría la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al favorecer las reclamaciones y demandas de ayuda, se facilitaría el acceso al servicio para personas con discapacidad y aumentaría la seguridad y la protección del medio ambiente dado el tipo de productos peligrosos y contaminantes que se suministran en estas instalaciones

La Proposición de Ley supondría la creación de aproximadamente 200 puestos de trabajo, además de evitar la pérdida de empleo por la posible conversión de gasolineras actualmente atendidas en desatendidas

En Castilla y León existen 1035 estaciones de servicio de las que aproximadamente 60 no están atendidas por ningún personal

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición de Ley para que las gasolineras en Castilla y León dispongan de al menos una persona de atención al público.

La Proposición de Ley establece que  “las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción deberán disponer mientras permanezcan abiertas  y en horario  diurno, al menos de una persona, debidamente formada,  responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la presente Ley.

La concreción del horario diurno se realizará por resolución del órgano directivo central competente en materia de consumo.

Las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones”.

La  aprobación  de la Ley  11/2013, de 26 de Julio, de Medidas de Apoyo al Emprendedor  y de Estímulo  del Crecimiento y de la Creación  de Empleo  regula en sus artículos 39.1, 39.2 y siguientes la liberalización  de la instalación de estaciones de servicio  de carburantes en polígonos industriales,   así  como en otras zonas y establecimientos, que regula la posibilidad de que estas funcionen por procedimientos automáticos, todo ello con independencia  de lo dispuesto  en la legislación autonómica y municipal en materia urbanística  y de protección de los derechos del consumidor. Esto ha  provocado la proliferación de estaciones de  servicio de carburantes en  todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.  Si bien cumplen   en todos sus extremos con  la normativa de aplicación en el ámbito de la seguridad  industrial, en concreto  la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04, “Instalaciones para el suministro a vehículos” aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, modificada por Real Decreto1523/1999, de 1 de Octubre, su funcionamiento en régimen de estaciones de servicio de carburantes  desatendidas  está provocando una problemática vinculada a aspectos relacionados con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

Entre esta problemática destaca  la imposibilidad de acceder al servicio para personas con discapacidad, la pérdida de derechos de los consumidores dado que no existe personal alguno en la estación de servicio al que reclamar  o solicitar ayuda, aspectos vinculados a la seguridad y protección del medio ambiente en función del tipo de productos que se suministra en estas instalaciones,  un producto peligroso y contaminante, cuyo suministro   debe realizarse con unas medidas de seguridad  que garanticen la correcta utilización de los productos suministrados y, finalmente, la proliferación de estas instalaciones desatendidas está teniendo unos efectos negativos sobre el empleo vinculado al sector.

La aprobación de la Proposición de Ley del Grupo Popular supondría varias ventajas:

  • Se mejoraría la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al favorecer las reclamaciones y demandas de ayuda.
  • Se facilitaría el acceso al servicio para personas con discapacidad.
  • Aumentaría la seguridad y la protección del medio ambiente dado el tipo de productos peligrosos y contaminantes que se suministran en estas instalaciones.
  • Se crearían aproximadamente 200 puestos de trabajo, además de evitar la pérdida de empleo por la posible conversión de gasolineras actualmente atendidas en desatendidas.

Consulta aquí la Proposición de Ley presentada