El Grupo Popular presenta una proposición que recoge las demandas de la Comunidad en financiación, PAC, población, infraestructuras, peajes, carbón y el acceso a la universidad
El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León pedirá el apoyo de la Cámara para que la Junta se dirija al nuevo gobierno de Pedro Sánchez con el fin de que cumpla los acuerdos alcanzados en el Parlamento autonómico en materia de financiación autonómica, lucha contra la despoblación, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la supresión de peajes, la construcción de infraestructuras, la defensa del carbón o el establecimiento de una prueba única de acceso a la universidad en todo el territorio español.
El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, explicó los detalles de la proposición no de ley, que se debatirá en el próximo pleno previsto para los días 12 y 13 de junio, y que supone la primera iniciativa que se tramita dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
De la Hoz indicó que la proposición se dirige al Gobierno de Sánchez desde la “lealtad” y no pide que se actué de “inmediato”, sino que asuma los compromisos alcanzados en la Comunidad en defensa de sus intereses, ante el “temor lógico” que existe entre las filas ‘populares’ en relación a las intenciones de algunos ministros. Insistió en que hay materias que trascienden los intereses políticos y aseguró que en el pasado han suscitado el consenso político.
“No pretende enfrentarse a un gobierno que acaba de tomar posesión y debe tener tiempo para tomar decisiones, pero si vemos conveniente que los grupos ratifiquen los compromisos asumidos en las grandes materias y que se trasladen al Gobierno para que los asuma”, dijo el portavoz ‘popular’. “Estaríamos así defendiendo los intereses de los castellanos y leoneses por encima de las siglas”, añadió y confió en que el portavoz del Grupo Socialista sea “igual de firme y reivindicativo” con el gobierno del PSOE que lo fue con el PP.
De la Hoz recordó a los socialistas el recorte del 30 por ciento en la PAC propuesto por la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, o los postulados de la responsable de Transición Energética, Teresa Ribera sobre el carbón, ya que llegó a afirmar que se había “acabado”. Además, recordó que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, es partidaria de subir los impuestos y no comparte las demandas de la Comunidad sobre la financiación autonómica.
En ese sentido, los populares entiende que este nuevo tiempo político, que señalan se inició con «gran incertidumbre», condicionará «a buen seguro el devenir de la sociedad de Castilla y León». «Son numerosos los proyectos que en relación con Castilla y León trabajaba el anterior ejecutivo y que en ningún caso pueden verse afectados por el cambio de gobierno», plantean, al tiempo que consideran que la Junta debe mantener el «respeto institucional» y el «trabajo cooperativo y leal», si bien apuestan por que las Cortes sigan buscando acuerdos y una posición común de la Comunidad.
Por ello, la proposición insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que asuma públicamente hasta siete compromisos con Castilla y León. Entre sus peticiones, los ‘populares’ recogen la presentación de un borrador del modelo de financiación que tenga en cuenta las demandas de la Comunidad, una prestación «similar» de los servicios, un catálogo común de servicios y las variables de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento.
También, reclama una estrategia nacional frente al reto demográfico, el desarrollo del Plan 300×100, que aplique las medidas del IRPF a favor de las familias, como el cheque a la natalidad o el de guardería, así como la ampliación del permiso de paternidad. Además, pide que se ponga en marcha el Plan Estatal de Vivienda (2018-2021). Además, en relación a la política comunitaria, pide una estrategia europea contra los desequilibrios demográficos, en el marco plurianual 2020-2027.
Igualmente, propone que en la negociación de la nueva PAC se utilice como «directriz» el documento consensuado en Castilla y León, con el objetivo de que los fondos que recibe la Comunidad no se vean recortados y para que quienes los reciban, sean los que «realmente» desarrollan la actividad.
Además, demanda que no se prorrogue la concesión de las autopistas AP-1 (Burgos-Armiñón), AP-6 (Villalba-Adanero) y sus conexiones con Segovia (AP-61) y Ávila (AP-51), así como que se mantenga y si es posible se agilicen los plazos de licitación y ejecución de las obras de autovías y del AVE.
Por otra parte, la iniciativa parlamentaria exige al Gobierno que ratifique su «compromiso» con el mantenimiento de la actividad en las cuencas mineras y que contribuya a conservar un mix energético «equilibrado», que cuente con todas las fuentes de energía y, especialmente, con el carbón autóctono. También, sobre las térmicas, pide una norma para que en atención al interés público se facilite su continuidad.
Finalmente, los ‘populares’ solicitan al Ejecutivo que de los pasos necesarios para el establecimiento de una prueba de acceso a la universidad única, que garantice la igualdad de oportunidades a todos los alumnos con independencia de su lugar de residencia, contando para ello con todas las comunidades.