El PP propone un cambio legislativo que favorezca la apertura de explotaciones mineras no energéticas en Castilla y León

Con esta iniciativa el Grupo Popular pretende «contribuir al desarrollo económico de las zonas rurales, como herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación»

Modificar la Ley de Urbanismo de Castilla y León para dinamizar el sector minero no energético, y con ello la creación de empleo, especialmente en el medio rural. Es el objeto de la Proposición No de Ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en las Cortes y cuyo contenido detalló hoy su portavoz, Raúl de la Hoz. El popular explicó que «la actividad extractiva es eminentemente una actividad rural, que genera riqueza y empleo en este entorno, destacando por ello como un factor esencial para lograr atajar el problema de la despoblación»

En ese sentido, ha señalado que el Grupo Popular apuesta por potenciar el sector extractivo porque «Castilla y León tiene un extensa diversidad geológica y hay que aprovechar los recursos naturales para generar riqueza.».

Con la actual regulación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,  los usos extractivos están considerados como excepcionales y están prohibidos en los suelos rústicos con algún tipo de protección, de acuerdo con las categorías del artículo 16 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El cambio que plantean dividiría en dos tipos las actividades extractivas. Por un lado, las de rocas y minerales industriales y ornamentales, productos de cantera, minería metálica y aguas termales y minerales que pasarán a ser autorizables en suelos rústicos con especial protección, cosa que no ocurre ahora. Por otro lado,  el  resto de actividades mineras y en especial la minería energética que serán actividades  extractivas prohibidas en suelo rústicos con protección.

El portavoz del PP aseguró que esa variación «no implicaría en modo alguno la proliferación de autorizaciones incontroladas» o un sistema de ‘mano libre’, dado que las explotaciones estarían sometidas a los preceptivos controles medioambientales. Sí serviría, dijo, para acabar con la actual situación de “práctica parálisis de autorizaciones” que se vive en la Comunidad respeto a este tipo de proyectos.

El sector extractivo tiene con esta iniciativa un potencial para contribuir positivamente al concepto de economía circular y la conservación de la naturaleza con la correcta ejecución de los proyectos de restauración posteriores a la actividad.

En Castilla y León existen en la actualidad más de 450 explotaciones en activo entre minerales industriales, roca ornamental, y productos de cantera, que proporcionan 2800 empleos directos y más de 1.800 indirectos.

Son multitud las iniciativas presentadas en los últimos años y cuya viabilidad ni siquiera se ha podido analizar dada la actual regulación, perdiendo con ello actividad económica y por lo tanto de empleo. Así cabe citar los proyectos de extracción de cobre, zinc y plata en Otero de Herreros (Segovia) que podría generar entorno a un centenar de puestos de trabajo; el proyecto de extracción de estaño y wolframio en Valtreixal (Zamora), con una estimación de 150 puestos de trabajo; o los proyectos de extracción de plomo y zinc en Toral de los Vados y Borrenes (150 puestos de trabajo) o de hierro en Wagner (80 puestos de trabajo), todos ellos en la provincia de León. A ellos habría que añadir proyectos menos ambiciosos, pequeños proyectos de extracción de áridos y canteras. Por ejemplo, al sector pizarrero, tan importante en la provincia de León,  que supondrían del orden de otros 140 puestos de trabajo.

Esta iniciativa del Popular es una medida generadora de empleo y que está en consonancia con el pronunciamiento del Comité Económico y social europeo sobre “La Minería no energética en Europa”, que señalaba la necesidad de fomentar la explotación de recursos naturales existentes en el territorio europeo de una manera sostenible con el entorno, dado además que el 73% de la industria europea depende de la extracción de recursos naturales.