Raúl de la Hoz apela a la “buena sintonía” con el Ministerio de Justicia y confía en el respaldo de los grupos de las Cortes a la iniciativa
El Grupo Popular del Parlamento autonómico reivindica que el Gobierno central cofinancie con la Junta el nuevo modelo del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), que ha ampliado sus funciones a conflictos laborales individuales, dado que se produce un ahorro para administración de justicia al evitar ir a los tribunales, cuando la Comunidad no gestiona esas competencias.
“Lo justo es que quien se va a beneficiar de un servicio colabore en la financiación del mismo”, defiende el portavoz de Empleo del Grupo del PP, Raúl de la Hoz, al explicar el objetivo y contenido de la proposición no de ley que se debatirá en el pleno de la próxima semana y para la que espera el máximo respaldo de los grupos de la Cámara, en una materia que nacida del Diálogo Social.
El portavoz popular, Juan José Sanz Vitorio, resaltó esa iniciativa de su grupo para el pleno de los días 20 y 21 de diciembre y afirmó que «parece sensato y es de justicia» que el Gobierno de España participe en la cofinanciación de ese servicio, por lo que instan a la Junta a que se dirija en tal sentido al Gobierno.
Hace algo más de un año sindicatos y patronal acordaron dar un paso “más ambicioso” en las funciones del Serla, que echó a andar en diciembre de 1997 y funciona con la aportación anual de la Junta a las labores de mediación laboral colectiva, al introducir los conflictos laborales individuales. Castilla y León es así la primera comunidad que apuesta por ese modelo sin tener transferidas las competencias de Justicia.
De la Hoz explica que esa ampliación eleva la inversión de la Junta por el coste de asistencia, gastos de contratación y de formación de los medios personales, gastos materiales y compensaciones a los mediadores, con una previsión presupuestaria que pasaría de los 600.000 euros del presente ejercicio al entorno del millón y medio para 2017.
El parlamentario recuerda que este modelo ha arrancado el pasado mes de noviembre en Valladolid, como proyecto piloto y territorio “lanzadera”, con el resultado de una solución del 60 por ciento de los asuntos tramitados. “Es un porcentaje altísimo”, valora, algo que ve como un aval, ante la reducción de la litigiosidad laboral, para que el Ministerio de Justicia cofinancie el servicio con la Junta.
Reconoce el procurador popular que este sistema es “más costoso” para la Junta, pero genera un ahorro para la sociedad en su conjunto y para los tribunales, al evitar el litigio por el acuerdo de las partes, lo que lleva a no tener el coste de los honorarios de abogados y procuradores, así como el tiempo y los plazos en procedimientos “a veces traumáticos”.
En los antecedentes de la proposición no de ley se alude a la estimación de los agentes económicos y sociales de un ahorro de unos 70 millones de euros, razón por la que De la Hoz considera “justo” que el Ministerio de Justicia se corresponsabilice con la puesta en marcha del nuevo Serla y contribuya, al menos en una parte, a su financiación.
“Por lo hablado todos los grupos, a excepción sorprendentemente de Podemos”, han expresado su apoyo, avanzó el ‘popular’, que valoró que el resto de formaciones se muestre a favor y confió no sólo en su aprobación con el máximo respaldo, sino en una acogida favorable del Ministerio de Justicia para que se pueda materializar. De la Hoz añade que los agentes del Diálogo Social remitieron una reclamación por carta al departamento que dirige Rafael Catalá.
El Serla es una institución pública cuyo presupuesto se aprueba por las Cortes de Castilla y León, en cuyo patronato están sindicatos, patronal y la Junta, y desde su puesta en funcionamiento ha tramitado más de 4.000 expedientes, que han afectado a 1,8 millones de trabajadores y casi 124.000 empresas, con un porcentaje de acuerdo del 43 por ciento. “Unos resultados que cabe calificar de excelentes”, refleja la PNL popular.
En tal sentido, resalta de manera especial los acuerdos logrados en circunstancias extremas, como que ante una convocatoria de huelga haya logrado sentar a las partes para llegar a acuerdos, lo que ocurrió en el 41,5 por ciento de los casos tramitados por el Serla. “Estos magníficos resultados invitaban a dar un paso más”, recoge en relación al acuerdo social de hace un año para la ampliación del servicio.