Con el apoyo unánime de todos los grupos, el Partido Popular sacó adelante en el Pleno de las Cortes una proposición no de ley en la que se reclama a la Junta el apoyó a la industria del automóvil de la Comunidad y a sus planes industriales, y en la que se pide al Gobierno central una transición tranquila hacia una movilidad más sostenible.
El portavoz de Economía y Hacienda, Salvador Cruz, argumentó que la industria automovilística se enfrenta a la transformación más importante de su historia, “transición que debe ser ordenada y con la colaboración de las administraciones”, y más teniendo en cuenta las incertidumbres que rodean a los mercados internacionales, la desaceleración de la economía nacional y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes.
En su intervención, Cruz también puso de manifiesto la relevancia del sector en la economía de la Comunidad, ya que la industria de la automoción, su industria auxiliar y de componentes representa un 25 por ciento del PIB regional, da empleo a 30.000 trabajadores directos y 70.000 indirectos. La producción en el año 2018 de las cuatro factorías ubicadas en Castilla y León alcanzó los 528.000 vehículos, siendo Castilla y León la segunda Comunidad Autónoma con mayor producción, un 18,9 por ciento de los vehículos producidos en España, representando las exportaciones 3.252,4 millones de euros.
Cruz aseguró que el Gobierno está mirando hacia otro lado en este problema y criticó la falta de ayudas estatales a los planes industriales de Nissan en Ávila y de Renault en Valladolid y Palencia. Además, pidió que España se sitúe en el marco de la UE, que ha fijado en el 2050 el fin de los motores de combustión, y acusó al Gobierno de estar instalado desde 2018 en el “dogmatismo y en el electoralismo”.
La iniciativa del PP plantea apoyar la competitividad de las plantas del sector de la automoción, garantizando los planes industriales de los fabricantes con implantación en ña Comunidad, promoviendo inversiones productivas y logísticas. Además, también se pide a la Junta que acompañe al sector de la automoción en una transición ordenada hacia una movilidad alternativa más sostenible, desarrollando una nueva estrategia del vehículo de energía alternativa.
Además, también se reclama que el Gobierno de España ponga en marcha una una transición ordenada del sector hacia una movilidad más sostenible, sin prohibiciones a la fabricación y matriculación de vehículos de combustión ni a corto ni a medio plazo, salvo las que de forma homogénea para todos los Estados miembros se impongan por la Unión Europea.
A su vez, se reclama un Plan Estratégico Nacional para el sector de la automoción, con una dotación de al menos 3.000 millones de euros, con el objetivo de impulsar y modernizar la industria automovilística de España. En este sentido, se reclama la puesta en marcha de planes de ayuda para la adquisición de vehículos menos contaminantes y estableciendo nuevos incentivos fiscales, como la bajada del IVA para los vehículos alternativos.