Raúl de la Hoz acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de querer acabar con la educación concertada
El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León pide al Gobierno que “deje la demagogia” y retome el trabajo para la consecución de un pacto social y político de educación en España, basado en la excelencia, la innovación, las nuevas tecnologías y el respeto de los principios constituciones, como la libertad de centros.
El portavoz popular, Raúl de la Hoz, y la presidenta de la Comisión de Educación de las Cortes, Isabel Blanco, presentaron hoy en rueda de prensa el contenido de una proposición no de ley que llevará su grupo al próximo pleno de las Cortes, cuyo objetivo es la “vuelta a la coherencia” y a la que espera el respaldo del resto de fuerzas del hemiciclo.
“Vamos a ver si el PSOE está con Castilla y León o vuelve al sectarismo y el seguidismo de Sánchez”, argumentó De la Hoz, que defendió la calidad de la educación en Castilla y León, también el “alto nivel” de la concertada, en cuyos centros estudian 90.000 alumnos y trabajan más de 7.000 profesores.
El portavoz popular acusó a PSOE y Podemos de haberse levantado de la mesa en la pasada legislatura pese a que el entonces ministro del ramo, Iñígo Méndez de Vigo, se comprometió a que el presupuesto de educación sería el 5 por ciento del PP, algo que subrayó que no ha hecho el actual Gobierno.
Criticó el popular “la demagogia, el sectarismo y la confusión” de la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, con sus propuestas e insistió en que esa manera de hacer política se visualiza en la educación, por lo que defendió el pacto para “evitar cualquier tentación ideológica” en el modelo futuro educativo.
En concreto la propuesta de resolución que se votará la próxima semana, insta a que de “manera urgente” se retomen los trabajos para la elaboración de un Pacto de Estado Social y Político por la Educación en España, así como el diálogo iniciado bajo el Gobierno del Partido Popular a través del trabajo realizado por la subcomisión parlamentaria y otras instituciones, como el Senado o el Consejo Escolar.
También que se respete el actual modelo educativo, que integra y compatibiliza la enseñanza pública y la concertada, manteniendo para ello el requisito de la “demanda social” establecido en el artículo 109.2 de la LOMCE y garantizando de esa manera la libertad de elección de las familias sobre la educación de sus hijos establecida en la Constitución.
De la Hoz se centró en ese punto para censurar que la ministra quiera modificar el requisito de “demanda social”, lo que interpretó como que el Gobierno “quiere acabar con la educación concertada” y recordó que en Castilla y León supone un 30 por ciento. Así, expresó que “llama la atención” la medida de Celaá cuando en el País Vasco, donde fue consejera de esta materia, es un 50 por ciento cada una.
Según el Grupo Popular, este derecho “pretende ser menoscabo” por el Gobierno conforme al anuncio de Celaá en su comparecencia en el Congreso el pasado 4 de septiembre, lo que supone “enfrentar la educación concertada con el resto de la pública, creando una alarma social entre las familias y la comunidad educativa y rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia consolidado en el artículo 27 de la Constitución”.
Por último, la proposición no de ley pide que se respete el marco competencial de tal forma que cualquier medida que se quiera impulsar desde el Ministerio de Educación y que afecte a la estructura organizativa del sistema educativo en cualquier autonomía vaya acompañada de las partidas presupuestarias adicionales que permitan su financiación y puesta en marcha con garantías, así como que sea pactada.