El Partido Popular de Castilla y León inició hoy la tramitación del blindaje de los servicios públicos de la Comunidad por ley con el registro en las Cortes autonómicas de una proposición de León, que espera aprobarse en un plazo aproximado de dos meses.
Así lo señaló hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, quien defendió la “doble garantía” en la prestación de los servicios públicos en materia de sanidad, educación y servicios sociales que establece la elevación de la norma a rango de ley: por un lado, porque cualquier supresión de centros por descenso poblacional que establezcan las diferentes Consejerías tendrá que ser aprobado en las Cortes y, por otro, porque si se lleva a cabo esa supresión, la ley garantiza que tendrá que mantenerse el mismo volumen de prestación del servicio en la provincia correspondiente.
Con este documento, que desde el PPCyL esperan aprobar en los próximos dos meses con el apoyo “unánime” de los grupos de las Cortes, se da cumplimiento “al compromiso político del presidente de la Junta”, Alfonso Fernández Mañueco, enarbolado tanto en la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de 2022 como en los discursos de investidura y del último debate de política general de la Comunidad.
“La joya de la corona de la Junta son estos servicios públicos”, aseguró De la Hoz, que presumió de que la Comunidad cuenta con “la mejor educación, los mejores servicios sociales y uno de los mejores sistemas sanitarios del país”. Cuestiones que ahora quedan “garantizadas” tal y como estén en el momento de aprobación de la ley, tanto por criterios de ubicación como de mantenimiento y “para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a estos servicios con independencia de lugar en el que radiquen”.
La Proposición de Ley
La Proposición de Ley registrada hoy por el PPCyL, y que se espera debatir en el primer pleno del mes de noviembre, consta de seis artículos. El primero de ellos establece el objetivo de la ley, que no es otro que garantizar la prestación en el territorio de los servicios autonómicos “esenciales”, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para que todos los ciudadanos los puedan disfrutar “en condiciones de igualdad”.
En el segundo artículo, se define y garantiza la prestación zonificada de estos servicios públicos a través de los centros de salud de atención primaria, los de educación infantil, primaria y secundaria y los de acción social “existentes al momento de la entrada en vigor” de la ley y se establece la doble garantía mencionada, por la que cualquier supresión se debe aprobar en Cortes.
El artículo 3 se centra en la prestación de los servicios de asistencia sanitaria en el ámbito rural, garantizando el mantenimiento de los 247 centros de salud existentes en Castilla y León y fijando una serie de parámetros para los consultorios. Así, se establece por ley una consulta diaria de lunes a viernes en los núcleos de más de 500 habitantes de hecho, una consulta tres días a la semana en los pueblos que tengan entre 201 y 500 habitantes, dos días para los municipios entre 101 y 200 ciudadanos de hecho, un día para los que están entre 51 y 100 habitantes y consulta a la demanda para los núcleos menores de 50 habitantes de hecho.
El cuarto artículo garantiza la ubicación de los 186 centros rurales agrupados y establece parámetros para la prestación zonificada de los centros educativos, asegurando la apertura “mientras haya, al menos, tres alumnos” y señalando que, para el cierre de una unidad, serán necesarios dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado.
El artículo 5 establece la prestación zonificada de los servicios sociales esenciales en los 190 CEAS existentes “respetando la autonomía local en el ejercicio de las competencias de las corporaciones locales” en esta materia, y el artículo 6 plantea tanto el incremento de equipamientos e infraestructuras cuando el número poblacional así lo requiera, según los parámetros marcados por la propia ley, y también que, en caso de suprimirse alguno de los centros por insuficiencia poblacional en una zona, “se garantiza que los servicios autonómicos esenciales mantendrán el volumen global de prestación en cada provincia, efectuándose una nueva implantación de ese servicio igual o similar en dicho ámbito territorial”.