Herrera suscribe un acuerdo de asuntos de Comunidad entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios en las Cortes.
El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha suscrito junto con el presidente Herrera y los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios un acuerdo sobre reforma del Estatuto, ordenación del territorio, financiación autonómica y reindustrialización.
Fernández Carriedo considera que la Comunidad es una “referencia en diálogo social, político y parlamentario” porque “siempre hemos actuado desde el acuerdo”.
El acuerdo recoge como primer punto el inicio de una reforma del Estatuto de Autonomía. Se centrará, básicamente, en la incorporación del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y la Red de protección a las personas y familias, fijar un suelo de gasto social, fortalecer el papel de las entidades locales como prestadoras de servicios de proximidad, limitación de mandatos de responsables públicos, limitación del número posible de consejeros de la Junta, limitación de aforamientos y limitación de la compatibilidad de los procuradores con la condición de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes.
Los portavoces han acordado con la Junta continuar avanzando en el modelo de ordenación territorial surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio. De un modo especial, esos avances serán el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, las áreas funcionales estratégicas y el Plan Plurianual de Convergencia Interior.
El tercer apartado del acuerdo rubricado muestra la voluntad de las partes por alcanzar una posición de Comunidad en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, antes de que se inicien las negociaciones con la Administración General del Estado, y que incluya al menos las características recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Finalmente, la Junta de Castilla y León y los cuatro grupos parlamentarios acuerdan negociar un pacto en torno al objetivo de reindustrialización de la Comunidad, en el marco del Plan Director de Promoción Industrial, de modo que la industria castellana y leonesa alcance un peso del 20 % del PIB en el horizonte del año 2020.