Las Cortes aprobaron hoy una iniciativa que insta al Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril a realizar una serie de reformas en los impuestos de sociedades y de la renta para aplicar una discriminación fiscal favorable y hacer atractivo el mundo rural para la creación de empleo
Fue el procurador popular Jorge Domingo Martínez el encargado de defender la Proposición No de Ley para reclamar al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril, que es quien tiene las competencias, que adopte una serie de «medidas fiscales favorables para fomentar la creación de empresas y empleo en el medio rural».
En concreto, planteó que se apliquen a la actividad generada en centros o lugares de trabajo ubicados en los municipios de menos de 20.000 habitantes que se encuentren a una distancia superior a 30 kilometros de una capital de provincia, y en municipios de menos de 5.000 habitantes que se encuentren a una distancia inferior a 30 kilómetros de una capital de provincia.
La iniciativa popular recoge que el impuesto sobre sociedades habrá de referirse necesariamente y como mínimo a las deducciones por I+D y por empleo, así como al régimen especial de sociedades de reducida dimensión, implicando en todos estos casos un incremento del 50 por ciento en el importe o porcentaje de la deducción actualmente vigentes. Adicionalmente, la deducción por creación de empleo debe extenderse durante los cinco años siguientes al de la contratación del trabajador.
Según la PNL, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IPRF) habrá de garantizarse que los sujetos pasivos de este impuesto que realicen actividades económicas puedan aplicarse las medidas de fomento rural que se establezca en el impuesto sobre sociedades, o medidas equivalentes cuando no les sea de aplicación automática el régimen del impuesto sobre sociedades.