Los funcionarios y los pensionistas pagarán el precio de la destrucción del castillo que Rodríguez Zapatero quiso construir en el aire

Qué poco cuesta construir castillos en el aire y qué cara es su destrucción. Esta frase del premio nóbel francés de literatura, Francois Mauriac, define con exactitud la situación a la que su Gobierno ha llevado a España durante los últimos años

Todos los españoles recordamos las frases, no tan lejanas, de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el pleno empleo, lo innegociable del creciente gasto social, el adelanto a Italia en cuanto a actividad económica…

Muchos advertimos entonces que la realidad era otra y fuimos acusados de pesimistas y antipatriotas. Muchos nos espantamos entonces de la ignorancia activa que estaba levantando un gran castillo en el aire. Pero entonces no quisieron escucharnos. Levantar el castillo era muy fácil. Basta con maquillar estadísticas, aprobar leyes sin acompañamiento presupuestario, hacer malabares con los números de unos presupuestos generales del Estado incumplibles y alcanzar acuerdos imposibles de ejecutar con otras fuerzas políticas y colectivos sociales. Con eso y no gobernar, basta. Aunque desde La Moncloa han preferido acompañar toda la maniobra con distintos señuelos y maniobras de distracción que agitaban sistemáticamente los cimientos emocionales de la ciudadanía.

Los funcionarios y pensionistas pagarán la destrucción del castillo en el aire

Ahora nos dice Rodríguez Zapatero que la destrucción «temporal» de ese castillo en el aire será cara. Y no le avergüenza anunciar que ese precio tan alto lo van a pagar, de momento, los más débiles: los funcionarios y los pensionistas por la parte del recorte o la congelación de sus ingresos; y los consumidores de las clases más modestas que recibirán de manera inevitable el impacto de la inminente subida del IVA. Los casi 5 millones de desempleados llevan ya tiempo pagando el precio del desmantelamiento del castillo de Rodríguez Zapatero. Lo mismo que las decenas de miles de autónomos y PYMES que se han visto obligados a cesar su actividad. Y ahora también castigan a la administración más débil, la local, aunque hoy eso ya ha cambiado. Ustedes son los que no han hecho las tareas y sin embargo a golpe de BOE están castigando cada día a un colectivo distinto.

El Partido Popular pidió que el Gobierno revisara la situación del país, que tomaran medidas, que actuaran con sentido común hace mucho. No porque seamos adivinos o tengamos la capacidad de ver el futuro, sino porque las grietas del castillo empezaban a ser evidentes. Y porque los crujidos de los muros se escuchaban en toda Europa.

Hicieron oídos sordos tanto a nuestras peticiones como a los crujidos del país. No sanearon los muros, no apuntalaron los contrafuertes. Confiaron en la escayola de las palabras vacías y el estuco de los discursos policromados del señor Zapatero.

Ahora, la obra, muy cara, la pagaremos todos a escote. Hace mucho tiempo que quienes no encuentran empleo están poniendo su parte. Y ahora les toca a los protagonistas del servicio público a los ciudadanos, los profesionales que constituyen el capital más preciado de la administración: los empleados públicos. Permítanme exponerle brevemente cómo queda su situación.

Un acuerdo firmado para el 2010-2011 que hoy es papel mojado

La situación de la función pública hasta el decretazo, según nos la han contado ustedes era la siguiente:

Acuerdo firmado el 25 de septiembre de 2009 entre el Gobierno (1ra Vicepresidenta) y UGT, CC.OO. y CSI-CSIF.

Pacto para la función pública vigente para 2010-2011

– Afecta a 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

– Coste 50 millones de euros.

– Incorpora 50 medidas para la mejora y modernización de los servicios públicos, tal como lo anunció la Vicepresidenta 1ra.

Medidas más destacadas:

Subir el sueldo de los empleados públicos el 0,3 % de la masa salarial el 2010 y una compensación fijada mediante una cláusula de revisión que se haría efectiva el 1 de enero de 2012.

Contribución al fondeo de pensiones: un 0,3% en 2010 (0,5% en 2009)/ un 0,5% en 2011 y un 0,7% en 2012. Aunque según ustedes el futuro de las pensiones no se va a afectar por el recorte. Esto no es exacto porque sí que afectará a los empleados públicos que estén sujetos al régimen de la Seguridad Social.

Tasa de reposición de efectivos de la oferta de empleo público no superior al 15% concentrada en sectores estratégicos y prioritarios.

Reducción de la tasa de temporalidad en un 8%.

Creación del Observatorio del Empleo Público (diagnóstico para redimensionar plantillas)

Elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Impulso a la implantación del teletrabajo, Simplificación de plazas y procedimientos.

Impulsar la participación del personal laboral fijo en los procesos de promoción interna que se convoquen por el sistema de concurso-oposición.

Marco de la negociación colectiva apara abordar el sistema de retribuciones complementarias.

Se tramitarán en el plazo de 12 meses el acceso a la jubilación parcial.

¿Qué va a ocurrir con este acuerdo? Zapatero lo ha roto unilateralmente. ¿Dónde se va a cumplir? ¿En qué medidas? La cláusula de revisión salarial contemplada en el acuerdo sigue vigente aunque no se mantenga el incremento en los sueldos públicos anunciados ¿piensa cumplirla el Gobierno?

En la comparencia de la entonces Secretaria de Estado de Función Pública, Sra. Gomiz Bernal en esta Cámara se definió el acuerdo alcanzado en septiembre de 2009 «como demostrativo de un ejercicio exitoso de diálogo social por ambas partes durante un período de crisis económica, el cual ha de ser un avance para el diálogo social en general, al haber realizado las partes firmantes un ejercicio serio de responsabilidad»

¿Ahora, en la misma situación ya no es responsable el Gobierno? ¿No les importa ya el diálogo social?

Señaló la Secretaria de Estado que el hito más reciente y el mejor marco para comprender el programa que tiene previsto el Gobierno en materia de función pública es el acuerdo de 25 de septiembre de 2009, 50 medidas y, leo textualmente, para el incremento de la calidad y la eficacia de los servicios públicos, la reforma y la modernización de la administración, la mejora de las condiciones de trabajo, la profesionalización y la productividad de los empleados públicos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos y, la garantía y buen ejercicio de los derechos sindicales.

Parece que esto sí importa: el día siguiente de anunciar la bajada del sueldo a los empleados públicos, el Gobierno de España concedió 160 millones de euros en subvenciones, la gran mayoría poco justificables en esta situación tan crítica. De ellos, 17 millones de euros en subvenciones a UGT y CCOO para la realización de actividades de carácter sindical.

El escrito del Ministerio del Trabajo publicado en el BOE añade «Fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores».

¿Debería decir: dirigida a mantener el silencio a los sindicatos en defensa de los intereses del Sr. Zapatero?

Esto es indignante para jubilados y funcionarios, es insostenible ante las últimas medidas de recortes y ante los casi 5 millones de parados.

Cerca de 195 millones de euros han recibido UGT y CC.OO. en 2009, doblando lo percibido en 2008, igual para 2010. Lo recogido en los presupuestos anuales para las organizaciones sindicales en total son 220 millones de euros. La diferencia es lo que está destinado al resto de los sindicatos.

Los empleados públicos, pagadores de la imprevisión del Gobierno

La anterior ministra (Sra. Salgado) y la anterior Secretaria de Estado (Sra. Gomiz) expresaron las políticas de función pública del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria:

Administración electrónica (página 8 Cuatro grandes líneas estratégicas)

Ventanilla única (Página 11)

Registro electrónico común (Página 12)

Pasarela de pago electrónico (Página 12)

Política de la mejora de la regulación

Destacó el acuerdo con los sindicatos el 25 de septiembre de 2010 los puntos tres bases:

Negociación futura de la ley de función pública de la AGE en desarrollo del estatuto del empleado público

Fomento de planes de formación

Establecimiento del acuerdo de medidas para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos (páginas 16-17)

Lo definió como el instrumento necesario para acometer una efectiva reforma de las estructuras administrativas del estado destacando el papel de los empleados públicos como factor clave en la modernización de las estructuras de cualquier organización. «Es preciso destacar el papel tan importante de los empleados públicos».

¿Qué son para ahora el Gobierno los empleados públicos? ¿Son los responsables de los fracasos, imprevisión e incompetencia de Rodríguez Zapatero?

Decreto Ley de recorte de gasto de 20 de mayo de 2010 publicado en el BOE el 24 de mayo de 2010

El mayor tijeretazo social de toda la historia de la democracia española: baja el sueldo a 2,6 millones de empleados públicos y congelan 6 millones de pensiones.

Dejemos en este análisis a un lado las pensiones (1.530 millones de euros menos), ni en el cheque bebé (1.250 millones de euros menos), ni en la dependencia (300 millones de euros menos), ni en gastos farmacéuticos (500 millones de euros menos), ni menos inversión, ni retraso en la jubilación, ni menos gasto municipal y autonómico. En total, 13.500 millones de euros.

Centrémonos en los empleados públicos:

La rebaja del sueldo ahorrará 2.300 millones de euros en 2010 y 2.220 en 2012.

Se recorta una media de un 5% tanto en las retribuciones básicas como en complementarias.

Entra en vigor el 1 de junio y afecta a todos los empleados públicos.

El recorte oscila según los grupos de un 1 a un 7% y será progresivo en el salario base y en la antigüedad, mientras que el complemento específico y el complemento de destino tendrán un recorte de un 5% de forma proporcional. Salvo el grupo E que será de un 1%.

A muchos empleados públicos esto les supondrá anualmente como si tuvieran una paga extra menos.

El Gobierno carga la situación de crisis creada por su despilfarro y derroche sobre 2,6 millones de hombres y mujeres (técnicos, administrativos, jueces, 130.000 soldados del ejército, 65.000 Guardias Civiles, 60.000 Policías Nacionales, 650.000 profesores en todas las categorías y en todos los grados, 525.000 sanitarios, 30.000 funcionarios de prisiones, bomberos, etc.). Colectivo de personas que no se han beneficiado del auge durante los años del falso esplendor económico, no como otros colectivos del sector privado. Personas que han sacrificado sus mejores años haciendo una carrera, preparando unas oposiciones con los codos clavados en una mesa, a la espera del día del examen. Miles de ellos jugándose la vida día a día y que por supuesto ninguno de ellos ha provocado esta crisis.

Un análisis de los sueldos de los empleados públicos y de los incrementos de IPC desde 1982 hasta hoy, determina, que en 25 años los empleados públicos han sufrido más de un 40% de pérdida del poder adquisitivo. Esto significa que, para un sueldo actual de 1.100-1.200 euros (la mayoría de los sueldos), hoy deberían ganar entre 1.550-1.700 euros. En cambio, ahora ese sueldo se quedará entre 1.045-1.140 euros.

Más perjuicio para los salarios bajos debido al complemento de productividad de los que más cobran

El modelo de reparto del ajuste salarial para la función pública, va a perjudicar más a los empleados con menos salario (otra vez intentan engañarnos al negar esto). El recorte de retribuciones que han establecido sólo se aplica de forma progresiva al salario base y a la antigüedad, y de forma proporcional a los complementos específico y de destino. Se ha roto por primera vez la proporcionalidad en las retribuciones básicas de la función pública. Esto es sencillamente demagogia.

El Gobierno, sin embargo, no toca el complemento de productividad. En la Administración Central en 2009 supuso 1.200 millones de euros, que se dan aleatoriamente y normalmente a la élite de funcionarios y asesores. Por lo que no se cumple lo anunciado de que el recorte será más elevado en los sueldos más altos ya que de la horquilla de ajuste anunciada entre el 1% hasta el 7% en los sueldos altos, la realidad es que quienes menos cobran (que son los más numerosos) verán reducido su sueldo un 3,25% de media, mientras que los intermedios serán recortados en un 4,68% y los jefes y directivos que no son altos cargos lo verán reducido el 3,67%.

Se trata de un recorte de derechos sociales y económicos sin precedentes. A los funcionarios ya se les habían congelado dos veces en los últimos 20 años los sueldos por dos gobiernos diferentes, pero nunca se les había rebajado.

Rodríguez Zapatero nos dice que es lo único que se puede hacer y pide solidaridad y esfuerzo. Esto es demagogia. Todos sabemos que la responsabilidad de la gravedad de la crisis es del Gobierno socialista. No hay sinceridad en el Gobierno: anuncian unas medidas en el Consejo de Ministros que no publican en el Boletín Oficial hasta 4 días después; convocan a la mesa de negociación de la función pública el mismo día del Consejo de Ministros por la mañana para negociar con las organizaciones sindicales esas medidas y no pueden negociar nada porque ni la Secretaria de Estado de Función Pública, ni el Secretario de Estado de Hacienda conocen las medidas que serán aprobadas por la tarde en el Consejo de Ministros. Y esto es así porque han adoptado estas medidas impuestas desde fuera, desde Europa.

Medidas que afectan a millones de personas pero no garantizan el recorte del déficit ni la creación de empleo

Pero lo peor de todo es que no garantizan un recorte del déficit ni la creación de empleo. Por lo contrario, aumentan la desconfianza social y demuestran una gran incapacidad política.

El Gobierno del PSOE ha creado un agujero en las arcas públicas que quieren que lo rellenen, entre otros, los empleados públicos.

Esta es la triste realidad de más de 2,6 millones de personas en España. Rodíguez Zapatero se excusa afirmando que se trata de una especie de acto solidario de España para con Europa con la loable misión de sostener la moneda común. Esta es otra ilusión con la que quieren ocultar la realidad. Igual que la de la absoluta responsabilidad de la crisis financiera mundial en el hundimiento de España. Si España hubiera estado bien gobernada y hubiera hecho bien sus deberes, la mala influencia de la crisis financiera mundial hubiera tenido un efecto mucho menor y en ningún caso tan desolador como el que ha tenido. Sin embargo, se pudo cebar en un país cuya economía era un castillo en el aire, con los muros resquebrajados y, eso si, la fachada enlucida por el optimismo ontológico del señor Rodríguez Zapatero. Claro que el estuco se desprende con el primer temporal.

El verdadero ataque de los especuladores a España

Sobre la actuación para rescatar la moneda única creo que todo el mundo tiene claro que la España de Rodríguez Zapatero forma parte en mayor medida del problema que de la solución. Han tenido que ser los países de la UE quienes han debido acudir a apuntalar los muros y a obligar al señor Presidente a solidificar los contrafuertes. Me duele reconocer que durante la presidencia española de la UE ha tenido que venir la UE a presidir España. Es duro, pero es así. Porque el castillo en el aire del señor Zapatero amenazaba, junto a otros pocos, con hundir bajo sus escombros a toda la Europa Comunitaria. No es España quien colabora en el rescate del euro, sino que es Europa quien apuntala y fuerza a España para que no arrastre a la moneda única.

El Gobierno socialista ha echado a los especuladores la culpa directa de la situación que ha obligado a asumir estos recortes. Estoy de acuerdo con Rodríguez Zapatero. Ha sido la especulación la que ha acarreado estos males. Pero no la especulación de los mercados, sino la especulación que nos ha hecho llegar a este punto. El Gobierno ha especulado con la posibilidad de que este país soportara una política de gasto público desmedida. El Gobierno ha especulado con la ilusión de unos salarios creciendo por encima del IPC y al margen de la competitividad. El Gobierno ha especulado con unos presupuestos generales del Estado que se han ido reformulando cada bimestre.

El Gobierno ha especulado con un nuevo modelo de economía que ya no sabemos cómo se llama. El Gobierno ha especulado con una salida socialdemócrata al colapso económico. El Gobierno ha especulado con ofertas de gasto público a otras fuerzas políticas en el Parlamento con tal de aparentar una fuerza política superior a la que tienen.

Pero tras ese juego de espejos con el que el Gobierno ha tratado de hacer ver a la sociedad española un castillo fuerte que no existe. Sin los espejos todos podemos ver las ruinas de su castillo en el aire. Los funcionarios, las personas que sostienen los servicios y la marcha de las administraciones públicas, están a punto de comprobar en sus nóminas lo caro que será destruirlo.

Que el Gobierno hable ahora de optimismo y de ilusiones no es propio de un ejecutivo responsable.

«Hablar de ilusiones es admitir a la vez que existe una realidad no ilusoria» aseveró otro gran escritor francés, Andre Maurois.

Beatriz Escudero, Portavoz en el Ayto de Segovia y Senadora