El portavoz popular destaca que la mayor parte de las recomendaciones a la Junta el año pasado (un 85 por ciento) fueron total o parcialmente aceptadas por el Ejecutivo autonómico
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, felicitó hoy al Procurador del Común por haber conseguido hacer esta institución “más visible, ágil, accesible y útil a los ciudadanos” en el que ha sido el primer año completo de su gestión, tiempo en el que alabó haber conseguido “consolidar su impronta en la institución, su concepción de la misma y su forma de trabajar”, declaró durante su intervención en el Pleno de las Cortes en el que se presentó el informe del Procurador del Común correspondiente al año 2019.
De la Hoz también puso de relieve el “importante reto” que asumió el procurador del Común, Tomás Quintana, de dar “mayor visibilidad a la institución” y además prestar “especial atención” a los más vulnerables y a la gran parte de la población de Castilla y León que reside en el medio rural. “Para que los castellanos y leoneses entiendan la utilidad del Procurador del Común, primero deben conocerla y sentirla cercana, asequible y accesible”, puso de relieve el portavoz ‘popular’ quien destacó “la importante labor y esfuerzo” que se está llevando a cabo desde el Procurador del Común para “acercarse a los ciudadanos de cada provincia” y dar a conocer el contenido de su trabajo y sus resoluciones.
A esta mayor visibilidad ha contribuido la puesta en marcha y expansión de la sede electrónica, que también ha dado “agilidad” a la tramitación, ya que el 45 por ciento de las quejas del año pasado se presentaron por vía telemática. “Estamos seguros de que esta cifra va a crecer en el futuro”, auguró De la Hoz, quien destacó que se está avanzando en el reto de acceso a las nuevas tecnologías y se está haciendo la institución del Procurador del Común “más visible y accesible”.
Otro de los retos que se está alcanzando también es el acercamiento al mundo rural y la consideración de los más necesitados que, según De la Hoz evidencia la “vocación” por acercarse al mundo rural del Procurador del Común y su trabajo por contribuir a mejorar las carencias existentes en este ámbito. “En poco más de un año se ha convertido en una seña de identidad, algo de lo que puede sentirse orgulloso y que debe encontrar su lógica correlación en el compromiso de las administraciones de colaborar con la institución”, apeló el portavoz.
Los populares consideraron “incomprensible” que aún haya instituciones que se muestren “reacias” con la institución, aunque estimó que el grado de colaboración reflejado el año pasado resulta “aceptable”. En esta línea, De la Hoz trasladó su preocupación por que entre los “pocos” ayuntamientos que han incumplido la obligación de informar se encuentren tres Consistorios de municipios de más de 20.000 habitantes (León, Ávila y San Andrés del Rabanedo), a los que ha habido que hacer un apercibimiento ante una posible responsabilidad penal. De la Hoz recordó que también en Soria y Burgos han sido incluidos en el Registro de Entidades no colaboradoras por no contestar las resoluciones del Procurador del Común, donde ya se encontraba Valladolid, por lo que apuntó a que, salvo Segovia, ningún ayuntamiento gobernado por el PSOE “no es que no atienda las resoluciones, es que ni siquiera cumple con la obligación de colaborar y contestar” a la institución, algo que De la Hoz pidió que los socialistas tengan en cuenta “cuando valoren tan positivamente la labor del Procurador del Común”.
Para De la Hoz, el descenso “claro” en el número de quejas formuladas hace que “el discurso de algunos se dificulte enormemente”, aunque apostilló que siempre va a haber quejas, y en relación al augurio del procurador del Grupo Mixto (UPL), Luis Mariano Santos, que alertó de que el próximo año el número de quejas se elevará de manera notable por la incidencia de la pandemia, De la Hoz informó que a día de hoy son 1.099 las quejas presentadas ante el Procurador del Común este año, un dato que el año pasado por estas mismas fechas era de 1.746, es decir, un 40 por ciento más.
De la misma forma, el procurador de Grupo Parlamentario Popular evidenció que la mayor parte de las recomendaciones a la Junta el año pasado (un 85 por ciento) fueron total o parcialmente aceptadas por el Ejecutivo autonómico, un porcentaje que creció respecto al año anterior, cuando fue del 72 por ciento. De forma absoluta, De la Hoz cifró en 24 las recomendaciones no aceptadas de las casi 5.700 quejas formuladas.
Llamativo resulta que solo el 15 por ciento de las quejas se refieran a la prestación de Servicios Sociales de la Junta, frente a otras comunidades que alcanzan el 63 por ciento, como es el caso de la Comunidad Valenciana; el 60 por ciento en Aragón o el 62 por ciento en Cataluña. “Para nosotros dice mucho de los excepcionales profesionales de la educación, sanidad y servicios sociales de Castilla y León”, elogió.
En materia sanitaria fueron 191 las quejas presentadas, detrás de las que “hay una persona” por lo que De la Hoz apeló a trabajar “en los aspectos que han provocado que esos ciudadanos hayan formulado una reclamación”, pero pidió hacer “una justa valoración” del sistema sanitario y llamó a “contextualizar” esas quejas que se presentaron tras más de 290.000 intervenciones quirúrgicas y más de 26 millones de consultas de Atención Primaria.
Algo similar apuntó en el caso de la Educación, que recibió 81 quejas en un sistema educativo formado por 348.000 alumnos de régimen general, 26.000 de personas adultas o 34.000 docentes; o en el caso de Familia, donde se presentaron 137 quejas, es decir, un 15 por ciento menos que un año antes, tras haber atendido a 575.000 personas por parte de los Servicios Sociales.