El último Pleno de las Cortes de Castilla y León convalidó, con el apoyo de los principales grupos parlamentarios, el Decreto Ley aprobado por la Junta de Medidas Urgentes para la Garantía y Continuidad de los Servicios Públicos, derivado de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El Decreto Ley tiene un carácter explicativo, aclaratorio y homogeneizador. Clarifica las competencias de las entidades locales, garantiza la prestación de los servicios públicos pensando en los ciudadanos, evita vacíos competenciales en educación, salud y servicios sociales, facilita la gestión de los fondos que la Junta dedica a la cooperación económica local y asegura que no aumentará el coste para las administraciones públicas.
Partiendo de una lectura constitucional, estatutaria y municipalista de una norma tan compleja como la reforma local, se ofrece seguridad en la gestión de las competencias municipales y en la calidad de los servicios públicos locales.
En este sentido, añade a las competencias que como mínimo deberán ejercer las corporaciones locales, aquellas atribuidas por leyes sectoriales estatales y autonómicas. Así mismo, establece los órganos competentes para la emisión de informes exigidos por la reforma local del Estado, cuando las entidades locales pretendan desarrollar competencias complementarias, que no sean propias ni delegadas, en relación con la inexistencia de duplicidades y el riesgo para la sostenibilidad financiera municipal. Además, asegura la recepción para las entidades locales de los fondos comprometidos en acuerdos de delegación de competencias.
En definitiva, un Decreto Ley para unos servicios públicos de calidad prestados por las corporaciones locales, en una Comunidad que, como Castilla y León, es esencialmente municipalista.
CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO es Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León