¿Es oportuno o inconveniente subir el tipo común del IVA del 16% al 18%?
En una situación económica como la nuestra con una tasa del paro del 19%, que según algunas previsiones alcanzará este año el 21%, un año 2009 cerrado con un déficit público del 11,2%, y una economía cuyo crecimiento potencial ha caído 10,6 puntos frente a los 3,9 puntos de media de los países de la OCDE, parece razonable cuestionárselo.
En el último pleno de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz de hacienda apuntaba algunas razones para no subir el IVA: Perjudicará a las rentas más bajas (el 60% de las familias españolas tienen dificultades para asumir los gastos mensuales), destruirá empleo (algunos analistas lo cifran en 175.000), bajará el consumo (el propio gobierno lo estima en una 0,1%), según la OCU supondrá un coste adicional de 290 euros por familia, la experiencia entre 1992 y 1993 en España dice que no asegura una mayor recaudación, FUNCAS asegura que se perderá competitividad y en consecuencia retrasará la recuperación económica, se calcula un cierre de 10.000 negocios, especialmente pequeños empresarios, perjudicará sectores vitales para Castilla y León, como el inmobiliario, el turismo (con especial incidencia en la temporada alta) o la automoción, el propio Ministerio de Economía calcula un incremento de inflación entre el 0,5% y el 1%, Castilla y León no participaría en el supuesto incremento de los ingresos y perjudicaría aproximadamente en 44 millones de euros de inversión en nuestra tierra que se tendrían que destinar a pago del IVA, el propio Gobierno va contra sus propios actos de bajada del tipo en rehabilitación de viviendas, reconociendo que la bajada de impuestos estimula la actividad económica. Además favorecerá el crecimiento de la economía sumergida.
Pero tampoco hay que olvidar que es el resultado del “chalaneo” político con el PNV, para aprobar los presupuestos de 2010 a cambio de blindar el concierto vasco, perjudicando los intereses de Castilla y León.
Las últimas voces críticas han sido las de los expertos Juan Iranzo y Emilio Ontiveros que coinciden en que frenará el consumo y la incipiente recuperación.
¿Por qué entonces?
Según el secretario de estado Sr. Campa, porqué anunciar una medida y después no aplicarla generaría desconfianza.
Apaga y vámonos.
Seguramente la afirmación es cierta y cargada de sentido, pero la pregunta se hace obligada ¿antes de tomar la decisión de anunciarla y aprobarla, nadie en ese gobierno, aparentemente insensato, calcula las consecuencias? Ver para creer.
Juan José Sanz Vitorio
Viceportavoz Grupo Parlamentario Popular