La Red de Protección cambiará su denominación al pasar a atender todas las situaciones tanto de vulnerabilidad social y económica como de desamparo social y al convertirse en un sistema permanente de atención social
El Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica con la que la Red de Protección cambia su denominación y se convierte en un sistema permanente de atención desvinculado de situaciones de crisis; se incorpora bajo el paraguas de la Red el acceso a más prestaciones, que ya existían pero se desarrollaban sin el amparo de la Red, con lo que ahora este sistema ofrece un total de 34 programas o prestaciones diferentes para atender a las personas más vulnerables; y cuatro de estas prestaciones adquieren ahora carácter de derecho subjetivo: el servicio integral de apoyo ante riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentación y las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria y para el alquiler de vivienda habitual.
Según ha señalado el popular, Ángel Ibáñez, que ha actuado como uno de los ponentes de la Ley, con esta norma «Castilla y León se sitúa a la cabeza de la atención integral y coordinada a aquellas personas que más dificultades atraviesan»
Esta ley ha sido elaborada con el consenso de las administraciones, del Diálogo Social, del Tercer Sector y de las entidades locales en la necesidad de seguir avanzando en este método de trabajo en red una vez visto el éxito obtenido hasta ahora. La red de Protección surgió en 2013 en un contexto inicial de crisis económica para integrar diferentes recursos y medidas tanto de titularidad pública como privada de forma coordinada y dinámica. La eficacia de este modelo de funcionamiento e intervención de la Red, que en 2017 atendió a más de 190.000 personas con una inversión por parte de la Junta superior a los 191 millones de euros, se ha revelado como una herramienta idónea para la atención de las personas vulnerables, más allá de una situación coyuntural, para constituirse en la forma ordinaria de atención a estas personas en Castilla y León. En este contexto la Junta de Castilla y León, desde el consenso con las entidades locales, los agentes del Diálogo Social y las entidades del Tercer Sector, ha considerado la oportunidad de avanzar en la consolidación de la Red de Protección, regulando su organización y funcionamiento y ampliando su ámbito subjetivo de actuación.
La nueva denominación de la Red, que pasa a denominarse ‘Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León’, término más adecuado para su nuevo ámbito subjetivo contenido y finalidad ya que el modelo de trabajo e intervención de la Red será la forma ordinaria y habitual de atender a las personas más vulnerables en Castilla y León. De esta forma, la Red amplía su atención a todas las situaciones de vulnerabilidad tanto social y económica como de desamparo social, «para llegar a más personas y familias vulnerables y hacerlo mejor y más rápido», como ha indicado la otra ponente de la norma, Mar González Pereda.
Al mismo tiempo, la Red de Protección tendrá un carácter estable y permanente, ampliará sus beneficiarios, mejorará sus respuestas y creará nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. De esta forma se incorpora bajo el paraguas de la Red el acceso prioritario a las personas más vulnerables a once prestaciones más que hasta ahora, que aunque ya existían como tales, no se desarrollaban a través del trabajo coordinado de la Red. De esta forma la Red de Protección incrementa la totalidad de programas o prestaciones que presta en la actualidad hasta las 34, distribuidos en tres apartados: recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral.
Con la nueva Ley, cuatro de estas prestaciones pasarán a ser derechos subjetivos para los ciudadanos, uniéndose así a derechos que ya están reconocidos como tales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Las prestaciones que se convertirán en derechos subjetivos serán el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica para el alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación.