Recoge una Oficina del Cargo y un código ético para los procuradores populares en las Cortes
El Partido Popular de Castilla y León aprobó hoy por unanimidad, en el marco del 13 Congreso, la Ponencia Política y de Reglamento, en la que se recoge la creación de la Oficina del Cargo Popular, como un órgano con funciones en el ámbito de la ejemplaridad, transparencia e incompatibilidades, y la implantación de la figura del coordinador local para fortalecer su estructura en el territorio, a la vez que el Grupo Parlamentario en las Cortes deberá aprobar un código ético que será de “obligado cumplimiento” para los procuradores.
Estas son algunas de las novedades recogidas en la Ponencia, que presentó ante los compromisarios su coordinador, Alfonso García Vicente, quien definió al PP de Castilla y León como un partido de alcaldes y concejales y explicó que se han pactado y recogido la mayoría de las 106 enmiendas recibidas.
La Ponencia recoge que el PP “toma y preserva el legado» de Juan Vicente Herrera al frente de la organización y “lo proyecta hacia el futuro” con un proyecto renovado y un modelo de partido a la “altura de los nuevos retos y exigencias de nuestra sociedad”.
Con el «código ético» del que se dotará el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes y que abordará como “contenido mínimo” las cuestiones reflejadas en la Ley del Alto Cargo, se pretende actualizar su normativa interna y ampliar su papel dentro del partido más allá de su acción institucional, como elemento dinamizador del proyecto político del partido. El PP quiere que el grupo en las Cortes tenga un “protagonismo especial”, como explicó el coordinador de la ponencia, que precisó que luego será el grupo, en el marco de su autonomía, quien actualice su reglamento e incorpore la obligatoriedad del código ético.
Órgano de control
Otra de las novedades será la creación de la Oficina del Cargo Popular, definida como un órgano especializado para realizar un efectivo control interno y brindar el apoyo y ayuda a los cargos públicos y orgánicos. Tendrá autonomía en el ejercicio de sus funciones, en especial las referidas a idoneidad, ejemplaridad, transparencia e incompatibilidades, como refleja la ponencia.
Este nuevo órgano estará formado por cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico en cualquiera de los ámbitos del PP, que serán nombrados a propuesta del presidente autonómico y aprobados por el Comité Ejecutivo. Sus competencias serán sobre los miembros de la Junta Directiva Autonómica, que no lo sean de la nacional.
Uno de los “grandes objetivos” del nuevo reglamento es «fortalecer la implantación territorial del Partido Popular», al considerar que el elevado número de municipios es una seña de identidad de Castilla y León. En ese marco, apuesta la ponencia por la descentralización de las estructuras orgánicas e introduce la figura del coordinador local en pueblos que no pueden constituir Junta Local propia.
Asimismo, refuerza el papel de los alcaldes y concejales de los 2.248 municipios de la comunidad, recogiendo de manera expresa la obligación, en todos los ámbitos de representación institucional y acción política, de atender sus demandas y ser informados de cualquier iniciativa de interés local. “El PP de Castilla y León se define como un partido de alcaldes y concejales”, resumió.
Calidad democrática
Otra de las apuestas es mejorar y avanzar en la calidad democrática tanto en las instituciones como en todos los niveles de la organización. Así, se apuesta por la apertura del partido, con una mayor transparencia en la la información y en la participación tanto de los afiliados como del conjunto de la sociedad. Es por ello, que renueva su proyecto político para dar respuesta a la exigencia de mejora de la calidad democrática, a través de una mayor transparencia, participación y mecanismos de control.
Como partido abierto a la participación de afiliados y colectivos, la ponencia recoge en uno de sus artículos un responsable de participación, que será designado por el Comité Ejecutivo Autonómico con funciones de impulso de las políticas e instrumentos de participación, así como de incentivación de los afiliados.
En su introducción, define una comunidad en igualdad, una comunidad pujante y con oportunidades de futuro recoge como reto principal el desafío demográfico como una cuestión de estado y un asunto pendiente de la España constitucional, un partido comprometido, una apuesta por la ejemplaridad y un reglamento innovador para un partido más abierto y participativo.