El Pleno de las Cortes de Castilla y León de la semana pasada aprobó la Ley de Autoridad del Profesorado. Como es sabido, el éxito educativo de nuestra Comunidad se sustenta en cuatro pilares: el trabajo de los profesionales, el esfuerzo de los alumnos, el compromiso de los padres y la política educativa de la administración autonómica. Ante la constatación de que nuestra Comunidad lidera la calidad y la equidad de la educación en el conjunto de España, tal y como confirman el informe PISA de la OCDE y estudios como los de la Fundación BBVA, cabrían dos opciones. Por un lado, conformarnos con lo que tenemos y no hacer nada. Y por otro, tener la ambición de seguir mejorando nuestro modelo educativo para garantizar el liderazgo también dentro de diez años. Y hemos elegido esta segunda opción.
La Ley de Autoridad del Profesorado pretende fortalecer el prestigio social de los profesionales de Castilla y León, que sin duda son los mejores de España. Por eso, la nueva Ley refuerza el papel protagonista de los docentes, fomentando su consideración y respeto social como elemento fundamental para una adecuada convivencia en las aulas. Se reconoce la autoridad del profesorado y el respeto que merece en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos y garantizar el derecho a la educación de los alumnos.
Un modelo de éxito que no comparten los partidos de izquierda, que insisten en querer aplicar en Castilla y León los mismos métodos que fracasan, según el informe PISA, en las Comunidades Autónomas donde gobiernan. Porque del reconocimiento de la nueva Ley se beneficiará toda la comunidad educativa y de forma muy especial los 37.533 docentes de Castilla y León, los 28.347 de la red pública y los 9.186 de la concertada.
CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO es Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León.