Queridas amigas y amigos. Mis primeras palabras son para daros las gracias a todos por el apoyo que acabáis de otorgarme para seguir dirigiendo el Partido Popular de Castilla y León. Vuestra confianza renovada me emociona, y supone una gran responsabilidad que asumo desde mi total compromiso con el Partido y, a través de él, con esta tierra.
Comienza un tiempo nuevo para todos nosotros. Os aseguro que la nueva Junta Directiva y el nuevo Comité Ejecutivo van a trabajar intensamente para que el Partido Popular de Castilla y León siga siendo el que mejor represente los intereses de todos los castellanos y los leoneses. Y contribuya así, como el que más, a la superación de los retos y problemas del difícil momento presente.
Nuestra obligación individual y colectiva es dignificar la vocación y el trabajo político. Sobra en este proyecto quien se conforme con ser considerado como uno de los principales problemas ciudadanos. Es imprescindible reforzar nuestro contacto con la sociedad de la que formamos parte. Y con la realidad a la que pertenecemos. Es esencial estar muy cerca de quienes están sufriendo de forma más dramática la crisis profunda y prolongada que vivimos. Es necesario seguir en la vanguardia del esfuerzo por una sociedad que sea al mismo tiempo más moderna y también más justa y solidaria.
Nuestra preocupación deben ser los jóvenes. Son el futuro, pero también son el presente. Una sociedad que quiera sobrevivir no se puede permitir su desafecto, su exclusión o su resignación. Hay que convencerles de que un Partido como el nuestro puede ser un buen instrumento para su participación activa. Para trabajar eficazmente por los intereses de todos. Y para mejorar las cosas. Debemos rejuvenecer nuestras bases y nuestras estructuras. Darles más oportunidades internas y externas. Y compartir con ellos las nuevas formas de comunicación colectiva a través de las redes sociales, que en buena medida son hoy las que expresan lo que de verdad somos, y lo que queremos llegar a ser.
Nuestro compromiso principal sigue siendo Castilla y León. La tierra que amamos, y que nos viene concediendo tan largo y mayoritario apoyo democrático. Tenemos la obligación de trabajar por ella. De reforzar siempre su confianza y autoestima. Y de definir, y recorrer con todos, su camino en el siglo XXI.
En todos estos empeños, el Partido Popular de Castilla y León se siente parte muy activa del gran esfuerzo que nuestro Partido está realizando tras asumir el Gobierno de España. Estamos orgullosos del coraje y la determinación que está demostrando en estos apenas cinco meses de vida, consciente de que su deber principal era y es impulsar las reformas estratégicas que España estaba necesitando.
Son reformas para que más pronto que tarde se vuelva a expresar la capacidad de iniciativa y protagonismo de una sociedad atenazada por las dificultades e incertidumbres actuales. Y para que se restablezca la confianza exterior en España, como un país fuerte y serio, capaz de cumplir todos sus compromisos.
Son reformas para asegurar el saneamiento y la estabilidad de las cuentas públicas, una de las condiciones necesarias para garantizar una nueva etapa de crecimiento económico y de creación de empleo. Reformas para favorecer ese mismo empleo, a través de un marco laboral más moderno y flexible. Reformas para garantizar el futuro sostenible de los servicios de la sociedad del Estado del Bienestar. Reformas para culminar la reordenación y la solvencia del sistema financiero, de manera que vuelva a cumplir su función esencial de facilitar el crédito que ciudadanos, familias y empresas necesitan. Reformas para reordenar y hacer más eficiente el funcionamiento de las Administraciones públicas y de su sector empresarial.
Son, en suma, reformas que el Gobierno está impulsando, consciente en muchos casos de la dureza de algunas medidas, y del desgaste e impopularidad que pueden suponer. Pero convencido también de que son imprescindibles para el mejor futuro de España.
Ese mejor futuro debe ser ahora más que nunca nuestra meta. Somos muchos los que pensamos que la llamada “herencia del PSOE” es desde luego una desgracia, pero nunca puede ser una excusa. No debemos mirar atrás. No queremos hacerlo. Claro está, siempre que los autores de tanto error y tanta ineficacia no cometan la hipocresía de escurrir el bulto, ponerse de perfil, e intentar endosar a otros toda la responsabilidad que ellos tienen en la dura situación actual. En Castilla y León nunca nos ha gustado gobernar en contra de nadie. Y desde luego se equivocaría el que en estos momentos se limitase a pensar que “contra Zapatero vivíamos mejor”. Por eso repito que el futuro debe ser ahora nuestra meta.
Hace tan sólo seis meses, los españoles apostamos por el cambio político que tanto necesitaba España. Los ciudadanos son serios y sensatos, y desde luego saben valorar muchas cosas. Saben valorar, por ejemplo, a los Partidos y Gobiernos que asumen con realismo lo que está pasando, por grave que sea. Y que, por ello, dicen la verdad, por dura que sea. Y que demuestran así, para empezar, su respeto a los propios ciudadanos. Ese mismo respeto que, como consecuencia de todo lo anterior, hay que tenerles cuando les estamos pidiendo los esfuerzos y sacrificios que son imprescindibles para recuperar la esperanza, y para salir de esta compleja situación de crisis. Un profundo respeto y agradecimiento que no podemos olvidar nunca.
Nuestros ciudadanos saben valorar a los Partidos y Gobiernos que afrontan la responsabilidad de gestionar una dura realidad, y que toman decisiones sin esperar a que las cosas se resuelvan solas. Una labor mucho más difícil todavía en momentos de escasez, en los que toca plantear nuevos esfuerzos y mayores ajustes.
Nuestros ciudadanos saben valorar también a los Partidos y Gobiernos que asumen el riesgo de equivocarse. Que intentan siempre que prevalezca el interés general, mediante una distribución de sacrificios con sentido de justicia, equidad y progresividad, incluso con el riesgo de que, con ello, pueda verse afectado el interés legítimo aunque parcial de algún sector o colectivo. Que priorizan los derechos y los servicios básicos sobre otros beneficios a los que, al menos temporalmente, habrá que renunciar.
Nuestros ciudadanos saben valorar, en fin, a los Partidos y Gobiernos que tienen muy claro qué y a quienes representan y deben defender. Y que saben anteponer esos intereses superiores a cualquier otra consideración. Algo que siempre hemos tenido muy claro en el Partido Popular de Castilla y León.
Nuestro apoyo al proyecto reformista emprendido por el Gobierno es, como he dicho, firme e inequívoco. Corresponsable y activo en su explicación y defensa. Pero no olvidamos en modo alguno que nuestra prioridad es defender los intereses de Castilla y León, hacerlos compatibles con los intereses generales de España, y hacerlos presentes ante el Gobierno de la Nación. Para ello también nos votaron los castellanos y los leoneses. Desde luego no lo hicieron para que nos limitáramos a “poner la alfombra” al Gobierno, como aquí sucedió con los socialistas cuando gobernaban en España.
Por ello, por ejemplo, desde la lealtad y la claridad, hemos explicado al Gobierno la necesidad de seguir apoyando sin recortes bruscos un sector energético tan importante para nosotros, y sin alternativas sociales y económicas, como es el de la minería del carbón. Su carácter estratégico para España y Europa, y todas las posibilidades de que a corto y medio plazo pueda ser plenamente viable y rentable.
También estamos alentando al Gobierno a seguir protagonizando una decidida defensa de nuestros agricultores y ganaderos ante la UE, a fin de mantener a partir de 2014 una PAC suficientemente dotada, y ajustada a las necesidades de modernización de nuestro campo.
Debemos seguir reclamando coherencia para que se cumpla la Ley en todos sus extremos, según determinen los Tribunales, con el fin de mantener la integridad de la parte del patrimonio histórico común de los españoles que se conserva en el Archivo de Salamanca.
Y vamos a mantener, en fin, la reclamación de los recursos que creemos que legalmente nos corresponden por el actual sistema de financiación, y de los que hemos sido privados por las malas decisiones del Gobierno anterior, por cuanto no podemos renunciar a ellos nunca, y menos en un momento tan difícil como el actual.
Queridas amigas y amigos: esto es lo que los ciudadanos deben valorar de nosotros. Esta debe ser nuestra actitud. La forma de ser y de actuar del Partido Popular de Castilla y León. Porque sólo desde ella podremos afrontar con éxito las dos cuestiones que considero más fundamentales para nuestro futuro. La primera se refiere a QUÉ queremos hacer. Y la segunda se refiere a CÓMO hacerlo.
Lo que queremos hacer lo hemos dejado escrito y claro en la Ponencia Política General que hemos aprobado en este Congreso, y que, como es lógico, trae causa del Programa Electoral votado mayoritariamente en Castilla y León hace ahora un año. De esta manera, son tres nuestras prioridades.
Nuestra primera prioridad es, sin duda, el impulso de las medidas que favorezcan la recuperación económica y la creación de empleo. En ningún momento podemos olvidar a esos 230.000 paisanos cuyas ilusiones y proyectos personales, familiares o profesionales se ven hoy cercenados por la falta de algo tan esencial como es el empleo.
El camino está señalado. Se trata de hacer nuestra economía más competitiva y eficiente. Más innovadora y abierta al exterior. A través de las políticas que favorezcan y faciliten la creación de nuevas empresas, así como la consolidación, modernización y fortalecimiento de las existentes. Este es el factor fundamental para recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.
Para ello, contamos con importantes activos, recursos y fortalezas. Además de un amplio, diverso y bien situado territorio, ofrecemos paz y diálogo social, calidad y cualificación profesional, factores personales que hacen de nuestra tierra un lugar propicio para invertir. Así lo hemos visto precisamente aquí, en Ávila, esta misma semana, de la mano de una gran multinacional japonesa del sector de la automoción. Esta es una tierra fiable y seria, que sabe responder a sus compromisos.
Esos recursos deben ser utilizados, sobre todo, por la iniciativa de nuestros ciudadanos. Y son, sin duda, una base sólida para cimentar esa recuperación que todos esperamos. Sigue siendo esencial el protagonismo de nuestra sociedad civil. Precisamente en momentos de crisis es cuando una sociedad responsable y dinámica no espera a que otros aporten soluciones, sino que tiene el coraje de movilizar todas sus capacidades para no rendirse, para no dejarse llevar por el pesimismo o la resignación, para no limitarse a sentirse indignada.
Por ello, nuestros recursos y fortalezas deben ponerse a disposición de los genuinos creadores de riqueza y empleo: los emprendedores y empresarios, las PYMES y las empresas familiares, los autónomos y las empresas de economía social, a quienes es imprescindible asegurar un entorno atractivo y propicio para sus iniciativas.
También es esencial contar con la financiación suficiente. Aunque algunas importantes lecciones debemos aprender para otros proyectos de futuro, no es éste el tiempo de lamentos, ni de melancolías por lo que pudo haber sido y no fue. Sí que hay que insistir, sin embargo, en que a pesar de las incertidumbres actuales, y de la compleja situación que las instituciones financieras deben aún afrontar, no podemos cejar en el empeño de asegurar el crédito que ciudadanos y emprendedores necesitan. Se trata de promover el compromiso con Castilla y León de las entidades resultantes de la reordenación del sistema. De vincularlas con nosotros mucho más allá de la mera captación de un ahorro, que aquí puede retornar e invertirse bien en proyectos rentables. De recordarlas que aquí están algunas de sus raíces. Y de garantizar el futuro de su Obra Social en nuestra tierra.
Desde la perspectiva de las cuentas públicas, creo que una de las mayores contribuciones que hoy podemos hacer para favorecer una nueva etapa de crecimiento económico es la de garantizar su estabilidad a través de una más eficiente gestión del gasto. Algunos plantean una especie de contradicción entre esos objetivos de crecimiento y de estabilidad, que yo no comparto. La estabilidad de las cuentas públicas pertenece al fin a la lógica de cualquier economía doméstica. Y se basa en el principio elemental de que sólo puede gastarse aquello que antes se ingresa. Y de que sólo en circunstancias extraordinarias puede utilizarse un recurso también extraordinario como es el endeudamiento. Surge así la necesidad de ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos reales y ordinarios. Un ajuste que, además, va a tener unos efectos inmediatos muy positivos para impulsar el crecimiento, porque, por ejemplo, nos va a permitir participar en un mecanismo de crédito y liquidez para pago de proveedores, y nos va a permitir también acudir a los mercados en condiciones y plazos razonables para acceder a nuevo crédito, y para gestionar préstamos financieros con destino a proyectos empresariales.
Nuestra segunda prioridad es la de seguir garantizando la calidad, equidad y sostenibilidad de nuestros grandes servicios públicos. En tiempos difíciles, creo que las Comunidades debemos reforzar la atención a nuestros cometidos primordiales. Que básicamente son los de asegurar el futuro de las bases del Estado del Bienestar cuya gestión tenemos encomendada: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Unas competencias que constituyen la principal razón de ser de toda Comunidad Autónoma.
Priorizar estos servicios en unos momentos de recesión económica, y de reducción de ingresos y gastos públicos, significa concentrar en ellos los recursos disponibles. Mantener su núcleo fundamental es una decisión de nuestra Comunidad, adoptada precisamente en uso de nuestra autonomía política. Es verdad que, como los próximos Presupuestos de la Comunidad van a acreditar, ello supone renuncias y esfuerzos mayores para otras áreas de actuación. Pero estoy convencido de que esta opción responde al deseo y la voluntad más profundos del conjunto de la sociedad de Castilla y León.
Y nuestra tercera prioridad es, en fin, seguir construyendo Castilla y León como una Comunidad cohesionada a través de un territorio bien ordenado. Un punto en el que compartimos los objetivos del Gobierno de la Nación para avanzar en una reordenación de las Instituciones y Administraciones Públicas, que asegure una mayor eficiencia, garantice los servicios en el territorio, y evite las duplicidades. Pero un punto donde también debemos decir que éste es un proceso que no puede realizarse de manera uniforme en todas las Comunidades, sino que debe adaptarse a las singularidades de cada caso y de cada territorio.
Fruto de su extensión y de la dispersión de su población, nuestra Comunidad cuenta con un elevado número de pequeños municipios. El 76% de ellos tienen menos de 500 habitantes. Pero todos forman parte de nuestra identidad. De nuestra historia. De nuestro modo de ser y de vivir. Y no puede hacerse tabla rasa de esa realidad mediante la mera aplicación de fórmulas técnicas generales, sea para reducir el número de municipios, o el número de los partidos judiciales.
Por ello, estamos defendiendo un proceso de reordenación, gobierno y prestación de servicios en el territorio de la Comunidad, en el que venimos trabajando desde la Junta hace ya un año, y en el que estamos obligados a avanzar, desde el más amplio consenso y la participación de todos, antes de que nos ocurra aquello de que nos muevan otros por no movernos nosotros.
Defendemos, así, un modelo basado desde luego en el mantenimiento de la personalidad política y jurídica de nuestros municipios. Pero también en una agrupación inteligente y voluntaria de los mismos, que permita asentar las economías de escala necesarias, y que asigne las competencias que realmente puedan ejercer en función de su población. Un modelo que además oriente y refuerce un nuevo papel de nuestras Diputaciones, para el apoyo especial a los municipios que más lo necesitan.
Considero que ésta es una de esas cuestiones esenciales a las que nos enfrentamos como Comunidad. Algunos hablan, incluso, de una auténtica refundación de la autonomía de Castilla y León. Es un proyecto fundamental de nuestro Programa de Gobierno. Y además hoy hemos acordado incorporarlo plenamente a nuestra Ponencia Política. Un proyecto que por ello exige a partir de ahora el papel proactivo y de impulso que sólo le puede corresponder al Partido Popular como principal organización política de Castilla y León.
Quede claro de nuevo que nuestro objetivo es, por tanto, mantener la personalidad y la integridad de nuestros municipios, y de ninguna manera imponer la supresión de ninguno de ellos. Se trata de garantizar la prestación de los servicios que legalmente deben ofrecer. Y de preservar así la calidad de vida de sus habitantes. Se trata también de resolver definitivamente la cuestión de las llamadas “competencias impropias”. Se trata de dar un verdadero sentido de futuro a las Diputaciones. Y se trata de resolver así mismo problemas pendientes en materia de financiación local, como podría ser, en el marco de la obligada revisión global por el Gobierno de esa financiación, acordar aquí la participación local incondicionada en los ingresos propios de la Comunidad.
Hay que avanzar decididamente en este proceso. Y por eso vamos a seguir explicando, con todo el tiempo y detalle que sea necesario, el modelo que proponemos. Y vamos a defenderlo también ante el Gobierno, para que sea receptivo con el mismo. Y para que todos acertemos a la hora de tener en cuenta las alternativas que formulamos desde las autonomías a los distintos problemas en el territorio. Pues somos las autonomías quienes, al fin, mejor conocemos cada situación concreta, y las respuestas que en cada caso se necesitan.
Hay que superar de una vez la visión de que los problemas reales o las soluciones necesarias son exclusivamente las que se perciben desde Madrid. Hay mucha más España, con sus propios rasgos, sus propias necesidades, y sus diferentes sensibilidades. Una diversidad a la que no se puede responder con fórmulas únicas y homogéneas.
Ante ello, reiteramos que autonomía es cercanía. Una cercanía que facilita atender mejor los problemas propios, y darles una respuesta más inmediata. Una autonomía que, por ejemplo, en Castilla y León nos ha permitido consolidar una red de servicios públicos ajustada a las necesidades del territorio, adoptar medidas específicas para atender las singulares circunstancias de nuestra evolución demográfica, o impulsar, como queda dicho, una ordenación del territorio que responda a nuestras peculiaridades.
Es este un argumento que me permite introducir ahora la segunda gran cuestión de futuro a la que antes me referí. Hemos visto ya lo que queremos hacer. Resta a continuación señalar cómo queremos hacerlo. Y la respuesta no puede ser otra que la de utilizando todos los instrumentos y oportunidades que nos ofrece el Estado Autonómico, mediante el ejercicio de ese autonomismo útil, leal, cooperativo y eficiente del que tantas veces hemos hablado.
Es sabido que hoy existen posiciones críticas sobre nuestro modelo territorial desde muy diferentes perspectivas. Algunos lo consideran insuficiente para sus aspiraciones soberanistas. Otros proponen volver a un punto inicial para reservar sólo el principal núcleo de autonomía política a unos pocos territorios. Y, en fin, otros defienden procesos recentralizadores, atribuyendo a las Autonomías una responsabilidad sustancial de la crisis que sufre España.
El Partido Popular de Castilla y León no participa de ninguna de estas posiciones, y considera que el actual modelo autonómico debe seguir siendo nuestro modelo básico de convivencia territorial.
Nos oponemos a esa consideración de las Comunidades como un “sospechoso habitual” de dilapidar recursos públicos. Un mal gestor potencial al que se debe vigilar. Ese es un juicio general y arbitrario, que no distingue las causas que han llevado a cada Autonomía a su situación actual.
Tampoco compartimos la acusación de que las Autonomías sean las principales responsables de la actual crisis económica y del déficit público español. Eso no se soporta con las cifras y porcentajes. Y además es preciso seguir recordando que las Comunidades gestionamos los más grandes servicios públicos, que suponen un gasto esencial, muy poco elástico y muy expansivo.
Comunidades como Castilla y León hemos sabido consolidar un sistema de servicios públicos de calidad y equidad reconocidas, según los informes y valoraciones más objetivos. Y estamos manteniendo ese elevado nivel incluso en momentos tan difíciles como los actuales. Me pregunto por qué no valoran este hecho todos aquellos que tanto cuestionan el modelo autonómico y su eficacia gestora.
El déficit que ahora se reprocha a las Comunidades procede, no tanto de un incremento injustificado de su gasto social, sino de una drástica disminución, en estos años de crisis, de los ingresos ordinarios que lo sustentan. Ello ha obligado a las Autonomías a recurrir a ingresos extraordinarios, procedentes del endeudamiento, para financiar ese irrenunciable gasto social. Un camino desde luego insostenible, que fundamenta nuestra propuesta de reformar el sistema de financiación autonómica para que los servicios públicos básicos cuenten con los recursos suficientes y estables que necesitan, sin que las Comunidades se condenen a un déficit estructural crónico.
Deberíamos dejar de cuestionar permanentemente nuestro modelo de Estado. Otros países descentralizados han soportado durísimas crisis económicas y conflictos sociales, y nunca cuestionaron su estructura política y territorial por ellos. Pero en España, ante cualquier problema político de calado parece que siempre le corresponde alguna responsabilidad al modelo territorial. Da la sensación de que no se puede resolver ningún otro gran problema nacional sin resolver antes el de nuestra organización territorial. Sin embargo, el juicio sólo lo tendríamos que hacer por los hechos reales. Por sus resultados concretos.
A este respecto, podemos comprobar que la historia de las Autonomías españolas es una historia básicamente positiva. Con más luces que sombras. Y cuyos beneficios para los ciudadanos superan a cualquier otra experiencia anterior, o a cualquier otra alternativa actual. El modelo político de la Constitución de 1978 ha demostrado ser el más justo, el más aceptado, el más fructífero, y el que ha propiciado las mejores décadas de paz y de progreso de nuestra historia. Y las autonomías forman parte de su núcleo esencial.
Esto no impide admitir la necesidad de corregir algunas disfunciones surgidas a lo largo de estas décadas. Remover, por ejemplo, los obstáculos que dificulten la consolidación de un gran mercado único nacional. Eliminar, así mismo, las duplicidades existentes, según el principio de “una competencia, una Administración”.
No podemos descartar incluso reformas constitucionales que definan mejor las competencias de cada instancia territorial. Que fortalezcan la función de coordinación y cohesión que corresponde al Estado como garante de la igualdad de todos los españoles. O que potencien cauces de interlocución institucional como es el Senado. Pero para ello habría que recuperar los grandes consensos políticos, que tan buenos frutos han dado en nuestra reciente historia, y huir de las fórmulas unilaterales que hoy proponen algunos.
Precisamente, el ejercicio responsable del autonomismo nos debe permitir impulsar en nuestro ámbito la búsqueda del diálogo y del consenso institucional, político y social, como otro de esos instrumentos democráticos que son eficaces para analizar entre todos los problemas, y buscar las mejores soluciones. Algo que es siempre positivo, pero que es además especialmente necesario en tiempos de una crisis tan profunda. Y tal vez por ello, también, algo que nos están reclamando los ciudadanos en este momento.
La experiencia que hemos acumulado en estos años, y nuestra condición de Partido de centro reformista, moderado, dialogante y abierto, pone sobre nosotros la responsabilidad de seguir apostando, de una forma todavía más intensa y práctica, por todas esas vías de diálogo, negociación y acuerdo, para la resolución de nuestros problemas colectivos, y como forma propia de acción política, especialmente desde el ejercicio de nuestras mayorías absolutas. Os animo de verdad a todos a seguir intentando sinceramente ese esfuerzo siempre en Castilla y León.
Queridas amigas y amigos. Concluyo.
Hoy el Partido Popular de Castilla y León ha sentado las bases de su futuro más próximo. Como parte activa y leal del gran Partido Popular de España. Y desde su compromiso principal con Castilla y León, y con todos los castellanos y los leoneses.
Cerramos así un tiempo importante para nuestra organización. Del que el Partido sale con una Dirección renovada y fuerte, gracias a vuestro generoso apoyo. Una Dirección integrada por personas de alta talla humana y cualificación profesional, plenamente comprometidas con nuestro Partido y con nuestra tierra.
Se abren a partir de hoy otros momentos también de indudable trascendencia. Con la celebración ya prevista de los nueve Congresos Provinciales, en los que tenemos que aplicar y desarrollar esos principios de apertura social, de participación, de transparencia, de protagonismo de simpatizantes y afiliados, de cercanía, de renovación y de integración, que hemos aprobado en este Congreso.
Hoy nos cabe el orgullo de seguir presentando a nuestros ciudadanos un Partido Popular remozado, preparado, firme en sus convicciones, y capaz de ofrecer a los castellanos y los leoneses todo lo que legítimamente nos reclaman, después de habernos atribuido tanta confianza y responsabilidad. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo para conseguirlo. Y ahora, a seguir trabajando.