El Pleno de las Cortes muestra su apoyo a la proposición del Grupo Popular
El Pleno de las Cortes ha aprobado una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Popular en la que expresa su respaldo al modelo vigente de gestión del IRPF de interés social e insta a la Junta de Castilla y León a que traslade a su vez al Gobierno de España la demanda de continuidad y estabilidad de este mecanismo, adoptando las iniciativas y las decisiones que permitan su mantenimiento o en su caso introduciendo los cambios que permitan reforzarlo mejorando los mecanismos de participación de las CC.AA en la asignación de estos recursos, salvaguardando sus notas distintivas de participación fiscal, gestión global, finalidad social y colaboración cívica a través de las organizaciones sociales.
Desde hace casi tres décadas, existe en España un mecanismo fiscal que permite la participación y decisión ciudadanas en la aplicación finalista de parte de los ingresos tributarios a la satisfacción de necesidades sociales. Se trata del denominado 0,7 % del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de interés social, que desde su nacimiento e ininterrumpidamente se ha atenido a un modelo global gestionado desde la Administración General del Estado, pero con amplia participación de las Comunidades Autónomas y las organizaciones no gubernamentales de acción social de ámbito estatal.
Este modelo de gestión global del IRPF de interés social se ha revelado útil y valioso para los objetivos perseguidos de generar recursos que procedentes de la recaudación anual del Impuesto de la Renta, y decididos por la propia ciudadanía, se destinan a financiar proyectos de carácter social -lucha contra la exclusión y la pobreza, promoción social y acompañamiento activo a personas y grupos en riesgo de vulnerabilidad- llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales, que participan en una convocatoria pública en la que se resuelven sobre las iniciativas más merecedoras de apoyo.
La validez del modelo queda acreditada también por el aumento constante, año a año, de la recaudación obtenida, derivado del mayor número de contribuyentes que marcan en su declaración de la renta la llamada «X solidaria», que denota el creciente respaldo ciudadano a este dispositivo fisca l con finalidad social. En el último ejercicio fiscal cerrado {2014), los ingresos por esta vía han alcanzado casi los 300 millones de euros.
Todo avala que la gestión global por parte de la Administración central, con participación en el proceso de las Comunidades Autónomas, responsables de las políticas sociales en los territorios, y de las organizaciones socia les de ámbito estatal, es el mecanismo más apropiado y deseable, por cuanto permite el equilibrio y la solidaridad interterritoriales y la atención flexible y elástica a las necesidades sociales, intrínsecamente cambiantes y que no responden a la lógica de la separación estricta y rígida entre territorios.
Todo ello independientemente de que se profundice en la mejora de los mecanismos que fortalezcan el papel de las CC.AA en el proceso de asignación de estos recursos y de los programas que se desarrollan en el territorio de cada una de ellas.
Sin perjuicio de las sentencias del Tribunal Constitucional en las que señala la inadecuación de las órdenes de bases de subvenciones al régimen competencia! de las distintas administraciones y en aras a que las soluciones que se den desde el Gobierno Central a esta situación vayan dirigidas a mantener y proporcionar continuidad y estabilidad a un modelo que se ha acreditado en sus años de existencia como valedero para avanzar en la inclusión social por medio de la colaboración entre las Administraciones y la sociedad organizada, activa y comprometida con la mejora de la vida en comunidad.