Los populares ratificamos nuestro compromiso con los castellanos y leoneses mediante la fijación en el Estatuto de Autonomía de un mínimo de gasto social
El portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, presentó ayer en las Cortes de Castilla y León un paquete de “medidas ambiciosas, realistas y coherentes” para avanzar en la transparencia, participación y regeneración de la vida pública. La iniciativa presentada se enmarca en la propuesta realizada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado mes de junio durante el último debate de política general, y con ella se pretende avanzar hacia la regeneración democrática y luchar contra la corrupción.
La Proposición No de Ley presentada por el Grupo Popular incluye 35 medidas con las que se pretende regenerar la vida pública de la Comunidad. La reducción del número de procuradores, así como la limitación de su mandato y del aforamiento; la limitación de los mandatos del presidente de la Junta y del presidente de las Cortes; la limitación del número de Consejerías, hasta un máximo de 9; el fortalecimiento de las Corporaciones Locales o la creación de una Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana en el seno de las Cortes son algunos de los ejes sobre los que pivota esta propuesta normativa que tiene un carácter transversal e integrador, pues busca implicar a todos los actores políticos, agentes sociales e instituciones de la comunidad. Asimismo, y como complemento de estas medidas, se ha planteado también la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores y contra la corrupción.
Desde el PP regional se busca en este ámbito, como siempre se ha venido haciendo en todos los asuntos de comunidad, el máximo consenso del arco parlamentario. Fernández Carriedo invita a todos los grupos parlamentarios a caminar en esta dirección, pese a que seamos, una vez más, los populares quienes abanderemos el debate.
Además, desde el Partido Popular ratificamos nuestro compromiso con los castellanos y leoneses mediante la fijación en el Estatuto de Autonomía de la previsión de una red de protección a las personas y familias más vulnerables.