El Grupo Parlamentario Popular presenta una PNL para que el Gobierno de España equipare el IVA de los servicios asistenciales privados con los públicos o concertados
El Grupo Popular reclamó hoy que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que pagan 25.000 personas mayores y dependientes en la Comunidad por los servicios asistenciales privados pase del 10 al 4 por ciento, y así situar ese tipo al mismo nivel que las prestaciones profesionales en los centros públicos o concertados. De esta manera, cada castellano y leonés se ahorraría cien euros al mes en servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el centro de día y de noche y la atención residencial.
El PP presentó una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Parlamento autonómico que inste al Gobierno a dar los “pasos necesarios” para intentar reducir el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales. La petición de los populares recoge que la carga impositiva diferenciada “distorsiona” la competitividad en la prestación de estos servicios y va contra un “elemental” principio de equidad.
El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, recordó que esta situación puede provocar que dos personas que convivan en una misma habitación de una residencia pueden pagar diferentes tipos de IVA e incluso que un anciano o dependiente que entra en un centro de forma privada abone un IVA del 10 por ciento y más tarde cuando le corresponda una plaza concertada, en esta misma residencia y recibiendo exactamente los mismos cuidados, pase a tributar al 4 por ciento.
Castilla y León cuenta, en la actualidad, con 45.000 plazas residenciales, de las que 25.000 son privadas donde el usuario tributa al 10 por ciento; 12.000 públicas, con un IVA del 4 por ciento y 8.000 más sociales que pertenecen a entidades sin ánimo de lucro, que están exentas del IVA. Entre las plazas privadas y sociales, hay 4.000 concertadas.
El presidente de la Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), Diego Juez, quien mantuvo una reunión con el Grupo Parlamentario Popular para hacerle llegar esta reivindicación, aseguró que la atención residencial es un bien de primera necesidad, puesto que cerca del 90 por ciento de los residentes tiene dependencia, además de ser personas con un deterioro cognitivo, pluripatológicos y polimedicados. Además, la igualación del IVA conllevaría un incremento de la ocupación de los centros privados que, ahora, tienen entre el 10 y el 15 por ciento de las plazas libres. Juez subrayó que el sector geroasistencial y de atención a las personas dependientes tiene una gran proyección, sobre todo en una comunidad como Castilla y León con una población envejecida, y Acalerte solo busca “justicia social” tras constatar que esta diferente fiscalidad no cumple con los principios de igualdad y equidad.
De la Hoz recordó que es un sector generador de empleo y riqueza, puesto que «por cada millón de euros de gasto público, se generan 50 puestos de trabajo». En ese sentido, la PNL del Partido Popular señala que la reducción del IVA en los centros privados conllevaría nuevas contrataciones, el aumento de las cotizaciones e importantes retornos a las administraciones públicas.
Raúl de la Hoz anunció que el PP de Castilla y León se dirigirá a grupos parlamentarios populares de otras comunidades y a sus parlamentarios nacionales para transmitirles esta iniciativa ya que, precisó, se trata de una «legítima y justa pretensión».