El Plan, que se firmará en el marco del Diálogo Social, contará con 110 millones de euros de créditos propios. Los fondos propios destinados a políticas activas de empleo han crecido un 54 % entre los años 2012 y 2014
El nuevo Plan de Estímulos al Empleo que actualmente negocia el gobierno de Juan Vicente Herrera con los representantes sociales y económicos en el seno del Diálogo Social continuará considerando una prioridad a los desempleados mayores de 45 años. Así lo ha garantizado el presidente que ha recordado que el Plan de Estímulos para el crecimiento y el empleo ejecutado este año 2014 ha reconocido a este colectivo como prioritario en todas las políticas de empleo. De esta forma, es preferente en los incentivos a la contratación por cuenta propia y por cuenta ajena. Más de 4.200 personas mayores de 45 años han sido contratadas a través de los planes de empleo local. También han tenido preferencia en la formación para el empleo y la cualificación profesional, y en la acreditación de competencias profesionales por la experiencia profesional y los aprendizajes no formales, algo especialmente relevante para las personas en esta franja de edad.
El principal objetivo del nuevo Plan será fomentar la incorporación al mercado de trabajo, a través del empleo local, del plan desarrollado por las entidades privadas sin ánimo de lucro, y de los incentivos a la contratación. Tres actuaciones en las que los mayores de 45 años y los parados de larga duración serán colectivos prioritarios.
En segundo lugar, el mantenimiento de rentas, a través del Programa de complemento de rentas de los trabajadores incluidos en ERES suspensivos, y del Programa personal de integración y empleo. En ambos casos, el colectivo de mayores de 45 años es sin duda el que contabiliza un mayor número de beneficiarios. La cualificación y formación, dirigida tanto a trabajadores desempleados como ocupados, es el tercero de los grandes objetivos de este Plan, que tiene en cuenta que la mayor parte de los desempleados mayores de 45 años de larga duración son personas sin cualificación específica y con niveles básicos de enseñanza.
En cuarto lugar, las medidas de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, dentro de las cuales se realizará un esfuerzo con este colectivo de mayores de 45 años, especialmente en el sector agrario, puesto que es en el que se está produciendo un mayor incremento de accidentes graves y mortales. Y por último, medidas dirigidas a fomentar y favorecer la igualdad en el trabajo y la conciliación.
El presidente Herrera quiere formalizar el nuevo Plan antes de que finalice este mes de diciembre. Para ello, volverán a crecer los recursos puramente autónomos vinculados a las políticas activas de empleo, hasta alcanzar los 110 millones de euros de créditos propios. A estos recursos además hay que añadir los 14 millones que la Comunidad adelanta dentro del llamado Programa de Garantía Juvenil.
Así, a pesar de tratarse de una complicada legislatura para el gasto público, los recursos autónomos destinados a políticas activas de empleo casi se van a duplicar respecto al inicio de la misma, ya que en 2012 esta partida ascendía a 60 millones de euros. Teniendo en cuenta que en 2014 está partida creció hasta los 92,5 millones, los fondos autónomos para políticas activas de empleo habrían crecido un 54 % entre 2012 y 2014, en un escenario de reducción de los Presupuestos de la Comunidad.
Programa Extraordinario de Activación para el Empleo
Junto a estas políticas activas de empleo, Herrera también ha destacado otras medidas como el Programa personal de inserción y empleo (PIE), implantado en Castilla y León hace ya siete años, y que ha servido como modelo a programas similares tanto a nivel nacional como autonómico. Este es un Programa que entronca directamente con el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, dirigido especialmente a parados de larga duración con responsabilidades familiares, que esta misma mañana se ha suscrito por el Gobierno de la Nación y los agentes empresariales y sindicales, y que se estima podrá beneficiar en Castilla y León a entre 15.000 y 20.000 personas. En su implantación, las Comunidades Autónomas van a tener un importante papel, para lo que está previsto el incremento de hasta un 25 % de las transferencias finalistas del Estado para políticas activas.