Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores:
Celebramos este Debate de Política General cuando acabamos de dejar atrás el primer año de la Legislatura. En un momento en el que tan graves problemas, preocupaciones e incertidumbres están afectando a cada uno de los ciudadanos, familias, empresas, entidades y Administraciones públicas de España y de Castilla y León.
2012 está siendo el quinto año consecutivo de la crisis más compleja y profunda de que tengamos memoria. Creo sinceramente que en pocas ocasiones como esta la situación nos exige a todos tanta responsabilidad, tanto sentido de Comunidad, y tanta voluntad de acuerdo. No conviene olvidar que también nos encontramos en uno de los momentos de mayor descrédito social de nuestra propia dedicación política. En el que además son muchos los que se empeñan en situar el mismo modelo autonómico entre las causas principales de la grave crisis que atraviesa España.
Por todo ello, en el comienzo de esta intervención debe estar, por un lado, la conciencia de que nos hallamos sin duda ante la encrucijada económica, social y política más difícil de nuestra historia reciente. Y, por otro lado, la voluntad de tener muy cerca a quienes más están sufriendo en este momento, y en especial a los 220.000 desempleados que hoy tiene Castilla y León. Nuestro compromiso con ellos debe ser el de seguir trabajando para ofrecerles no sólo esperanzas, sino también oportunidades reales y prácticas.
El 23 de junio de 2011, comparecía ante estas Cortes para solicitar mi Investidura como Presidente de la Junta. Este último no ha sido desde luego un año habitual, sino un periodo extraordinariamente duro e intenso, marcado por un conjunto de circunstancias y de acontecimientos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de hacer una valoración ponderada del momento actual, a partir de la cual poder plantear objetivos y prioridades realistas para los tres años de Legislatura que tenemos por delante.
Hagamos un repaso de esos acontecimientos y circunstancias.
Apenas habían transcurrido cinco semanas desde nuestro Debate de Investidura, cuando el anterior Presidente del Gobierno de la Nación anunciaba, el 29 de julio, su decisión de convocar Elecciones Generales anticipadas, cuando aún quedaban ocho meses para el fin natural de la IX Legislatura nacional.
Esta decisión se producía en medio de un agravamiento de la crisis financiera, y de durísimas tensiones en los mercados de deuda y de capitales. Vivimos un muy complicado mes de agosto, en el que el fuerte repunte de nuestra prima de riesgo llevó a la compra masiva de bonos españoles por parte del Banco Central Europeo. Todos recordamos cómo, ante semejante nivel de inestabilidad financiera, el Gobierno reiteró públicamente, como ya había hecho en mayo de 2010, que el control del déficit y de la deuda pública eran la máxima prioridad de emergencia para nuestra Nación.
El mismo 23 de agosto, los entonces Presidente del Gobierno y Líder de la oposición expresaban en el Congreso de los Diputados su acuerdo para impulsar una reforma parcial y urgente de la Constitución, dirigida a afianzar en la misma el principio de estabilidad presupuestaria. Fruto de ese acuerdo, en poco más de un mes, el 27 de septiembre siguiente, el BOE publicaba el nuevo artículo 135 de la Constitución, en el que se establecen los límites al déficit estructural y a la deuda.
Coincidiendo con lo anterior, se conocía también la situación límite de algunas entidades financieras. Si desde el inicio de la crisis había sido necesario intervenir dos Cajas de Ahorro (Caja Castilla-La Mancha en 2009 y Cajasur en 2010), en el verano-otoño de 2011 se produjo la intervención pública de otras cinco entidades: Caja de Ahorros del Mediterráneo, CatalunyaCaixa, Unnim, Novacaixagalicia y Banco de Valencia.
Al mismo tiempo, la economía española sufría una desaceleración que la encaminaba a la nueva recesión que estamos atravesando en 2012. Y así, del crecimiento del 0,4% del primer trimestre de 2011 se había pasado a otro del 0,2% en el segundo, al 0% en el tercero, y finalmente al 0,3% negativo para cerrar el último. España entraba pues en una nueva etapa de decrecimiento económico, sin el margen fiscal del que había dispuesto en ocasión similar tres años antes, y además con dos millones largos de parados más.
Junto a esto, septiembre de 2011 acabó sin haberse presentado al Congreso el proyecto de Presupuestos del Estado para 2012, cuya elaboración se paralizó por la convocatoria electoral anticipada. Tampoco fueron prorrogados los Presupuestos de 2011. Ni fue revisada la previsión oficial de crecimiento del 2,3% del PIB para 2012, ni la de las entregas a cuenta del modelo de financiación, unas estimaciones puramente voluntaristas, que nada tenían que ver con la realidad en la que ya se encontraba la economía española.
Ante estas circunstancias, la Junta de Castilla y León tomó la decisión de aplazar la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad 2012, al carecer de información fidedigna sobre el suelo de ingresos del que podíamos partir. Lo contrario hubiera supuesto confeccionar unos Presupuestos a ciegas. Una decisión correcta, como han venido confirmando todos los datos reales posteriores, que cada vez se han distanciado más de aquel irreal 2,3% de crecimiento, mantenido hasta el final por el anterior Gobierno.
Mientras, la desaceleración y la nueva recesión de la economía española se traducían en muy importantes caídas de los ingresos de todas las Administraciones públicas. Y especialmente, los mercados encarecían, cuando no cerraban, las posibilidades de refinanciación de las Comunidades, que en esta situación íbamos acumulando un importante volumen de deudas con los proveedores. Se decantaba pues una situación extremadamente delicada, con tensiones de tesorería para la mayoría de Comunidades, y enormes problemas incluso para algunas a la hora de sostener sus gastos corrientes en el corto plazo.
2011 se cerraba por tanto en medio de grandes incertidumbres. Sin Presupuestos del Estado. Sin previsiones actualizadas. Recrudecida la crisis del euro. Agravada la del sistema financiero. Entrando en una nueva recesión. Desplomados los ingresos públicos. Con las Comunidades asfixiadas financieramente. Y, como consecuencia de lo anterior, con los servicios públicos en riesgo cierto y grave. Un escenario ante el que la Junta decide tomar un conjunto de medidas extraordinarias, muchas de las cuales ciertamente no estaban en el programa trazado solo seis meses antes, pero que considera imprescindibles desde un sentido básico de la responsabilidad.
Y así, en el último Consejo de Gobierno del año, celebrado el día 29 de diciembre de 2011, por el lado de los gastos, aprobamos un Plan de Racionalización del Gasto Corriente. Y también un nuevo esfuerzo para los empleados públicos autonómicos a través de la ampliación de su jornada de trabajo, junto a otras medidas en materia de oferta pública de empleo, jubilaciones, reducción del número de liberados sindicales, o control del absentismo.
Y por el lado de los ingresos, decidimos usar por primera vez nuestra capacidad normativa para establecer tributos propios. Implantando el “tramo autonómico del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos”, dirigido a reforzar los recursos del sistema sanitario público. Y promoviendo dos nuevos tributos de carácter medioambiental. Acordamos asimismo vincular en nuestra Comunidad los ingresos del Impuesto sobre el Patrimonio a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Y decidimos también no subir la tarifa autonómica del IRPF, no modificar la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, y mantener nuestro marco de beneficios fiscales.
En ese mismo Consejo aprobamos la prórroga de los Presupuestos 2011. Y remitimos a estas Cortes un Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, conforme al cual hemos podido estimar este año un techo de gasto no financiero, que fue debatido en la Cámara, y que es una expresión de nuestro compromiso con la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas.
Pues bien, Señorías: tan sólo una semana antes de que la Junta adoptara estas medidas, había tomado posesión el nuevo Gobierno de la Nación, surgido de las Elecciones Generales del 20 de noviembre. Junto a las adversas circunstancias antes apuntadas, el Gabinete recién formado tuvo que hacerse cargo de una previsión especialmente grave: la de que el déficit público de España en 2011 iba a ser sustancialmente mayor que el del 6% del PIB nacional comprometido con la UE, lo que se confirmaría finalmente con una desviación del mismo hasta casi el 9% de ese PIB.
Permítanme que me detenga en este dato. Se ha explicado muy gráficamente que ese 9% de déficit público en 2011 significa que el conjunto de las Administraciones de España gastó el pasado año 90.000 millones de euros más de los que realmente tenía, de los que disponía a través de sus ingresos ordinarios. De toda esa cantidad, el 1,3% corresponde al déficit de nuestra Comunidad, que según la última estimación del Ministerio de Hacienda fue, el año pasado, del 2,52% del PIB regional, con una desviación por lo tanto de algo más de un punto sobre el inicialmente autorizado.
Para financiar ese exceso de gasto, España habrá tenido que endeudarse: 90.000 millones de euros de nueva deuda pública, que se ha acumulado ya al elevadísimo endeudamiento público de nuestro país, que al final de este año 2012 alcanzará los 800.000 millones de euros, equivalentes al 80% de la riqueza nacional. Una cantidad que nos obliga a pagar enormes y crecientes intereses. Y que además hay que ir refinanciando también a unos elevados intereses, que en los últimos meses se sitúan entre el 6 y el 7%, que no otra cosa es eso que se llama “la prima de riesgo”.
Pues bien, estoy seguro de que todos coincidimos en que estas cifras describen una situación crítica e insostenible: insoportable para España, en riesgo de quiebra técnica, y también inaceptable para los países y mercados que nos financian, y de los que al fin proceden las tensiones, exigencias y desconfianzas que estamos sufriendo.
Por eso debemos ser plenamente conscientes de que, en este momento, el control y la reducción del déficit y la deuda no es un capricho, ni una opción, sino una necesidad sobre la que, nos guste o no, no tenemos libertad y alternativa.
Ese control del déficit y la deuda es clave para el crecimiento. También lo es para garantizar los servicios públicos fundamentales, pues de lo que se trata es de romper ese círculo vicioso de + déficit = a + deuda = a + pago de intereses = a – recursos para las políticas públicas, incluidas las políticas sociales.
Y también es una condición obligatoria para que España, dentro de Europa, pueda beneficiarse de las ayudas de la Unión. O para que Castilla y León, dentro de España, pueda acogerse a las que ofrezca el Estado.
Por último, desde las cuentas públicas ese control sólo puede hacerse a través del incremento de los ingresos y/o la reducción de los gastos, posibilidades a su vez muy difíciles y condicionadas cuando se atraviesa, como ahora, una situación de crisis prolongada y de recesión.
Considero sinceramente que esta perspectiva de la necesidad imperiosa de medidas excepcionales en un momento excepcional, es la primera desde la que hay que valorar el conjunto de reformas, medidas fiscales, sacrificios para el empleo público, ajustes y recortes que el nuevo Gobierno de la Nación ha venido impulsando desde su primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 2011, hasta el último, celebrado el pasado viernes, incluidos los Presupuestos del Estado para 2012, seguramente los más restrictivos y austeros de la democracia.
Hablamos de medidas excepcionales que en muchos casos no estaban previstas. O incluso son justamente las contrarias a las previstas inicialmente por el Gobierno. Medidas duras, dolorosas, impopulares. Que en todo momento deben considerarse desde el máximo respeto al conjunto de ciudadanos o sectores a quienes más directamente afectan, a quienes se pide un mayor esfuerzo y sacrificio. Y de quienes debe entenderse totalmente legítimo el malestar y el enfado que las mismas provocan.
En particular, este Debate es una excelente oportunidad para que las Instituciones autonómicas expresemos nuestro reconocimiento a los empleados públicos de la Comunidad, que desde 2010 están asumiendo sucesivos sacrificios retributivos y laborales, como contribución al esfuerzo de toda la sociedad para salir de esta crisis. Y lo están haciendo además sin merma de la calidad de su trabajo y servicio público, no siempre valorado públicamente como se merece.
Se ha debatido y se seguirá debatiendo el contenido concreto de cada una de las medidas aprobadas y de las reformas puestas en marcha. Y esto es lógico si tenemos en cuenta los ambiciosos objetivos de las mismas.
Son medidas y reformas para favorecer el empleo a través de un nuevo marco laboral, completando los limitados acuerdos a los que en esta materia habían llegado hasta ahora los agentes sociales y económicos. Para culminar la reordenación y saneamiento del sistema financiero, que ha seguido viviendo crisis e intervenciones tan graves como la que afectó a Bankia. Para modernizar y hacer más austero y eficiente el funcionamiento de las Administraciones públicas y de su sector empresarial. Y sobre todo para asegurar el equilibrio presupuestario, cumplir los objetivos de déficit y sanear las cuentas públicas. Y de esta manera favorecer el crecimiento y el empleo, y asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos.
Pero parece indiscutible que para España era imprescindible abordar esas medidas y reformas, en el contexto de un gran esfuerzo nacional de recuperación, dirigido a corregir los profundos desequilibrios que desde hace años arrastra la economía española. Unos desequilibrios que configuran hoy una situación de auténtica emergencia nacional, y cuyos duros efectos sobre la realidad económica y social siguen siendo sin duda más inmediatos que los efectos de las reformas emprendidas, que sólo se notarán a medio plazo.
Por otra parte, es preciso destacar también que las Comunidades Autónomas hemos encontrado en el nuevo Gobierno un compromiso con algunos de nuestros principales problemas y dificultades.
Y así, a mediados de enero, el Gobierno anticipaba 8.600 millones de euros a las Comunidades para facilitar su liquidez. Posteriormente, ampliaba de 5 a 10 años el periodo de devolución de las liquidaciones negativas de los anticipos a cuenta de 2008 y 2009. También incrementaba hasta el 1,5% el límite de déficit de las Comunidades para 2012, sobre el 1,3% previsto por el Gobierno anterior. Y, sobre todo, ponía en marcha un Plan de pago a proveedores, que ha sido la medida de mayor impacto inmediato en la liquidez empresarial, y en la sostenibilidad de los servicios públicos y, en particular, de la Sanidad, de la última década, y que ha supuesto movilizar ya en Castilla y León 1.052 millones de euros, que nos han permitido ponernos al día en el pago de nuestros proveedores. Y en esa misma dirección, acaba de aprobarse un Fondo de liquidez, que facilitará a las Comunidades que lo necesiten acceso a la financiación, a un coste y con unos plazos razonables.
Desde luego, Castilla y León está totalmente comprometida en el gran esfuerzo nacional de consolidación fiscal, y de control del déficit y de la deuda.
Es un compromiso que se expresa, en primer lugar, en los Presupuestos de la Comunidad para 2012, aprobados por estas Cortes la pasada semana, que se ajustan plenamente al objetivo comprometido de un déficit del 1,5% del PIB regional para este año. No parece razonable reiterar aquí los argumentos de un debate tan próximo. Sí procede insistir en que se trata de unos Presupuestos realistas y posibles para Castilla y León. Que incluyen las prioridades de gasto más esenciales, y en especial las que se refieren a los grandes servicios públicos. Y que para ello imponen restricciones, y a veces importantes sacrificios, a otros ámbitos de la vida de la Comunidad. Todo lo cual no es el producto de una decisión caprichosa, sino de un juicio muy meditado sobre lo que los ciudadanos nos piden en un momento de emergencia como el actual.
Es un compromiso que se va a expresar, en segundo lugar, en la ejecución de esos Presupuestos, respetando aquel límite, y evitando por tanto incurrir de nuevo en exceso de déficit. Una senda de cumplimiento del objetivo del déficit dentro de la cual se ha cerrado la ejecución presupuestaria en el primer semestre del año 2012.
Y es un compromiso que se expresa, finalmente, en el Plan Económico-Financiero de Castilla y León 2012-2014, aprobado el pasado 18 de mayo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fija la senda de consolidación fiscal a la que nos comprometimos para el periodo 2012-2014, comenzando precisamente por el límite del 1,5% para el primer año.
Es necesario insistir en que la abstención de Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la pasada semana no expresa ninguna reserva con el objetivo de déficit comprometido para 2012. La prueba es que esa misma mañana estas Cortes aprobaban un Presupuesto ajustado precisamente a ese objetivo. La abstención significó disconformidad con la revisión a la baja de los objetivos de déficit para 2013 y 2014. Una revisión que sólo en 2013 va a suponer un mayor ajuste de 230 millones de euros. Ese acuerdo suponía un cambio no previsto, y por tanto no valorado suficientemente, de los objetivos de déficit que el mismo Consejo había examinado y aprobado tan sólo tres semanas antes dentro de nuestro Plan Económico Financiero 2012-2014. En cualquier caso, Castilla y León reiteró que seguirá contribuyendo al esfuerzo de España para la consolidación fiscal y el control del déficit, en los términos aprobados mayoritariamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el marco de esos mismos objetivos, asumimos en la Investidura el compromiso de dotar al Gobierno de la Comunidad de una estructura más reducida, y de disminuir en un 20% el número de sus centros directivos, lo que se cumplió de forma inmediata.
Asimismo, se asumió el compromiso de poner en marcha un Plan de reducción del número de empresas y fundaciones públicas titularidad de la Comunidad, que conformaban un ya reducido sector público de Castilla y León, integrado por 38 organismos y entidades públicas sobre las que tenemos plena capacidad de decisión.
Pues bien, en la primera fase de este Plan, que concluirá el próximo 31 de diciembre, se ha aprobado ya la extinción de dos Fundaciones: la de Cooperación y Ciudadanía, y la de la Calidad del Sistema Sanitario. Se han fusionado la Agencia de Inversiones y Servicios, ADE Financiación y ADEuropa, y vamos a integrar también en las próximas semanas la sociedad ADE Internacional Excal. Se han integrado funcionalmente las empresas PROVILSA y SOMACYL. Se están dando los últimos pasos para la extinción de APPACALE. Se ha iniciado el proceso de extinción de la Fundación Hospital Clínico Veterinario. También se ha iniciado el expediente para una fusión por absorción entre la Fundación ARCYL y la Fundación Universidades de Castilla y León. Y se han modificado los estatutos de la Fundación SIGLO para integrar en ella a la empresa SOTUR.
El 1 de enero de 2013 comenzará la segunda fase de este Plan de reducción, que irá acompañado de las modificaciones normativas necesarias para ajustar y limitar las funciones y competencias de este sector de la Administración. El objetivo hasta el final de la Legislatura será el de reducir al menos en un 50% la subvención que las empresas y fundaciones públicas reciben para gastos corrientes y de personal, lo que implicará la supresión de algunas entidades, y la reducción sustancial del resto. Un proceso del que, en todo caso, quedan excluidas la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el ECYL. Asimismo, se procederá también a revisar la participación de la Comunidad en todas las demás entidades en las que hoy tiene presencia, pero no capacidad plena de tomar decisiones.
Señorías: a partir de todo lo anterior, quiero hacer a continuación un ejercicio de balance, y también de previsiones, sobre nuestras principales actuaciones en torno a los tres grandes objetivos que el Gobierno de la Comunidad se marcó en el Programa presentado ante esta Cámara: la recuperación del crecimiento y del empleo, la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales, y la construcción de Castilla y León.
I.- LA RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO
Señoras y Señores Procuradores: la consolidación fiscal y el saneamiento de las cuentas públicas, siendo necesarios y obligatorios, no pueden ser sin embargo un fin en sí mismos. Son la condición y la base sobre la que desarrollar el esfuerzo de recuperación del crecimiento y del empleo. Y éste es obligadamente el primero de los grandes objetivos y líneas de actuación del Gobierno de la Comunidad.
En el actual contexto europeo, existe hoy un acuerdo básico en no enfrentar las políticas de estabilidad y austeridad presupuestaria y las políticas de crecimiento y estímulo de la economía productiva. Por el contrario, se ven como aspectos complementarios, que se refuerzan mutuamente, y que son los pilares necesarios para una economía fuerte y estable.
Pues bien, los datos más recientes de crecimiento y empleo de Castilla y León son muy negativos en comparación con nuestra situación en tiempos mejores y no muy lejanos. Y, aunque también es cierto que, contemplados en el conjunto de España, nos siguen hablando de una fortaleza relativa y de una capacidad de resistencia mayor por parte de nuestra Comunidad, son en todo caso especialmente dramáticos por las dificultades personales y familiares que suponen.
Según el INE, Castilla y León ha sido la Comunidad que ha tenido un comportamiento menos desfavorable de su PIB en el conjunto de los cuatro años completos de crisis 2008 a 2011. En este último año, la Contabilidad Regional de España nos ha situado como el cuarto mejor dato nacional, con un crecimiento del 1,3% frente a una media del 0,7%.
Con el de 2010, habrá sido éste el segundo aumento anual consecutivo del PIB tras la brusca caída del 3,5% en el año 2009. Pero es un dato que, por desgracia, no va a consolidarse, porque hoy nos encontramos en medio de una nueva recesión económica, que se va a prolongar al menos a lo largo de todo este año 2012, para el que prevemos un descenso del 1,5% del PIB, que sólo mejoraría en dos décimas el dato previsto para el conjunto de España.
Nos encontramos así en una situación económica claramente negativa, en la que, según los últimos datos disponibles, el primer trimestre de 2012 se ha cerrado con descensos en los sectores primario, industrial y de construcción, y un ligero incremento en el de servicios, basado en los de mercado. Y en el que la contribución negativa de la demanda y el consumo interno, sólo se habrá compensado en parte con la aportación positiva del sector exterior.
En términos de empleo, nuestra tasa de paro se ha situado en el primer trimestre de 2012 en el 19,3% de la población activa, más de cinco puntos por debajo de la tasa media nacional del 24,4%. Un dato que sitúa a nuestra Comunidad como la sexta con menor tasa de paro, y la tercera con un menor incremento de la misma en el último año. Unos datos en cualquier caso muy negativos, como por otra parte pone de relieve la evolución del paro registrado, peor para nosotros en el último año que la media de España. Son esos 220.000 desempleados registrados en junio, que fueron 9.215 menos que en el mes de mayo anterior, un descenso que, sin embargo, hay que valorar con toda cautela, tanto por los factores de estacionalidad que han influido en él, como por el contexto de recesión en el que se produce.
Estos son algunos de los principales datos de nuestra actual situación económica y laboral. Una situación que previsiblemente va a evolucionar en el inmediato futuro muy condicionada por poderosos elementos y factores externos. Pero sobre la que también tenemos una cierta capacidad de actuación propia, a través de los estímulos económicos que, dentro de nuestras posibilidades y competencias, podamos impulsar.
En este sentido, quiero ahora volver a recordar y a agradecer el ofrecimiento realizado hace algunas semanas por el Partido Socialista de Castilla y León, a través de su nuevo Secretario General, para trabajar y, en su caso, alcanzar un posible acuerdo en torno a las políticas de crecimiento y de empleo que más necesita la Comunidad en este momento. Una iniciativa que hemos valorado de manera muy positiva, y en la que estamos decididos a avanzar, haciéndola compatible en todo caso con ese marco de referencia de las políticas económicas y sociales que en Castilla y León es el Diálogo Social.
Esta coincidencia de esfuerzos parece posible. El pasado 14 de junio, el Consejo del Diálogo Social tomó el acuerdo de iniciar los trabajos para definir ese futuro Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo, pensado en principio para el periodo 2012-2013, pero que podría ser razonable ampliar hasta 2014. Y valoró como muy necesaria en estos momentos la participación en ese trabajo de los Grupos Parlamentarios de esta Cámara, y en primer lugar del que fue protagonista de la iniciativa.
Se trataría de priorizar, reforzar, concretar, e incluso cuantificar, para el futuro inmediato los grandes objetivos que en su día se fijaron en sendos importantes acuerdos del Diálogo Social: el II Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial de mayo de 2010, y la reciente Estrategia Integrada de Empleo. Sobre esta base, hemos de ser capaces de seguir introduciendo reformas que faciliten en Castilla y León el emprendimiento y el empleo, la inversión, la innovación y la internacionalización empresarial.
Deberíamos disponer de este Plan de Estímulos en el próximo mes de septiembre. Un momento en el que contaremos con datos más reales, no sólo de 2012, sino también de las previsiones económicas y presupuestarias para 2013. Y en el que probablemente conoceremos mejor las posibilidades que nos puede ofrecer la Agenda de Estímulos a la Economía, en cuyo diseño trabaja ya la Unión Europea por mandato de su última Cumbre.
En Castilla y León también hemos trabajado, a lo largo de estas semanas, en el documento base para la definición de nuestro Plan. Y aprovecho este Debate para ofrecer a todos compartir este esfuerzo, que puede ser un positivo factor de confianza en este tiempo difícil.
Tenemos la oportunidad de definir y desarrollar un nuevo tiempo de las actuaciones públicas para facilitar la labor de los emprendedores, para fortalecer en nuestra Comunidad los factores de competitividad y desarrollo empresarial, y para orientar las políticas de empleo hacia las necesidades más urgentes de nuestro mercado laboral.
Quiero referirme a continuación a las actuaciones públicas que hasta este momento hemos impulsado en relación con todos estos objetivos.
Dentro del objetivo de facilitar la labor de los emprendedores, y en el apartado de las modificaciones legales, se sitúa el trabajo de elaboración del Proyecto de Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, que, aunque con retraso sobre la previsión, va a remitirse a estas Cortes en el último trimestre de este año 2012. Será una norma muy participativa, que incluirá las sugerencias formuladas por los ciudadanos a través del Gobierno Abierto. Y que incidirá especialmente en el fomento del espíritu emprendedor, el reconocimiento social de la figura del empresario, la simplificación de las cargas administrativas para la creación de empresas, y la coordinación de todos los agentes y servicios de apoyo a los emprendedores.
En paralelo, se va a seguir avanzando hacia una Administración más fácil, abierta, responsable, integradora y moderna. Castilla y León está hoy por encima de la media nacional en porcentaje de empresas que interactúan ya con la Administración. Debemos insistir en esta línea: aumentando las posibilidades de la teletramitación; ejecutando un Plan de reducción de disposiciones normativas; introduciendo elementos innovadores como la factura electrónica; y siguiendo con el desarrollo de la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad.
Como ya hemos adelantado, en los últimos meses hemos promovido también un cambio esencial en nuestra arquitectura de apoyo empresarial. Un único agente público: la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, reunirá muy pronto las principales políticas de apoyo a las empresas.
En fin, la nueva manera de facilitar la labor empresarial estará basada en el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor que estamos impulsando. Y que ya ha permitido atender, de manera integral y personalizada, a más de 250 proyectos innovadores. Se trata de personalizar nuestra atención y respuesta, lo que vamos a conseguir a través de una Red de Agentes de Acompañamiento Empresarial, que asignará a cada emprendedor un profesional de referencia, con labores de asesoramiento, facilitación de trámites y acompañamiento a sus proyectos.
Dentro del objetivo de fortalecer los factores de competitividad y desarrollo empresarial, seguimos trabajando sobre los tres principales: la financiación, la innovación y la internacionalización.
* En materia de financiación, nuestras empresas siguen sufriendo grandes dificultades para el acceso al crédito que necesitan. Esto ocurre además cuando estamos culminando la transición prevista del sistema de subvenciones a fondo perdido a otro basado en préstamos reembolsables. Por eso, la Junta ha movilizado ya en este ejercicio 110 millones de euros, a través de tres líneas financieras, que tienen ventajosas condiciones de amortización, carencia y costes. Son líneas que hemos abierto a los servicios, el turismo, el comercio, y también a la industria agroalimentaria. Y que han incluido un programa de microcréditos exprés para autónomos y emprendedores, tal y como comprometí en mi Investidura. De cara al futuro, nos proponemos también diseñar productos financieros específicos para autónomos, para jóvenes estudiantes que se inicien en la actividad empresarial, y para la creación de microempresas en nuestro medio rural.
Con la vista puesta en la culminación del proceso de reordenación y saneamiento del sistema financiero, venimos impulsando los trabajos con las principales entidades resultantes del mismo, y especialmente con los Grupos que tienen algunas de sus raíces en las entidades de Castilla y León, para que refuercen su presencia en la Comunidad, y sobre todo para que ofrezcan nuevos programas de financiación empresarial ajustados a las características y necesidades de nuestra economía.
* En materia de innovación, el Presupuesto 2012 ha mantenido nuestro compromiso de destinar un 3% de sus recursos a I+D+i. Sin embargo, no podemos desconocer que uno de los efectos de la actual crisis está siendo el debilitamiento de nuestro anterior esfuerzo tecnológico. Desde luego, mantener la inversión innovadora en períodos de crisis es un reto para todos, empresas y administraciones. Lo más importante es, sin duda, aumentar la utilidad de los recursos invertidos, tal como ha sucedido en Castilla y León, al duplicarse los retornos a nuestra Comunidad del VII Programa Marco de la Unión Europea (2007-2011) en relación a los del VI. Para ello, hemos de seguir apostando por la especialización, a través de clusters (de los que ya hay doce inscritos, y cuatro se inscribirán en breve). Y por medio de esfuerzos sectoriales de especial trascendencia, como son los derivados del Plan de Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud, ya aprobado, y del Plan Estratégico de Investigación Agraria, que prevemos aprobar en diciembre de este mismo año.
De gran importancia en este ámbito es, también, una mayor conexión entre nuestras Universidades y Empresas. Vamos a seguir desarrollando la Estrategia puesta en marcha para ello. Sus resultados están siendo positivos a pesar de la crisis. Especialmente en términos de facturación de las Universidades a las empresas por servicios y productos tecnológicos, y de creación de empresas desde los departamentos universitarios. Vamos a continuar con el proyecto «T-CUE», de transferencia del conocimiento, en el que participan las 8 Universidades de Castilla y León. Y vamos a asociar, tal como estaba previsto, a los Parques Tecnológicos y a los Parques Científicos de las Universidades en una “Red Vinculada de Ciencia y Tecnología”, para el desarrollo de proyectos empresariales de alta innovación.
* En materia de internacionalización empresarial, fueron muy positivos los resultados del ejercicio pasado: más de 12.360 millones en exportaciones, con un 18,8% de incremento sobre 2010, cuatro puntos mejor que la media de España, y con un saldo comercial positivo de 2.060 millones. Hay que continuar apostando por la apertura al exterior de nuestras empresas, uno de los ejes de la Agenda de Acción Exterior de la Junta. Para ello es fundamental integrar los esfuerzos de todas las entidades implicadas, dando respuestas a las necesidades empresariales en materia de formación específica, asesoramiento y acompañamiento internacional. Una Estrategia de Promoción económica en el Exterior integrará, en un modelo único, las actuaciones en esta materia de las Consejerías de Economía y Empleo, Agricultura y Ganadería, y Cultura y Turismo, que se coordinarán mejor con las del ICEX, Cámaras de Comercio, Organizaciones Empresariales, y otras entidades.
Dentro del objetivo de orientar las políticas de empleo hacia las necesidades más urgentes de nuestro mercado laboral, debemos tener siempre muy presente la negativa evolución que éste ha experimentado en nuestra Comunidad a lo largo del último año, directamente asociada a la nueva etapa de recesión que estamos sufriendo. Una evolución muy negativa en el caso del empleo juvenil, cuya tasa de paro en la Comunidad (50,47%) se ha aproximado mucho a la media de España (52,01%).
En 2011, 103.000 personas se beneficiaron de las actuaciones del Ecyl, en aplicación del anterior Plan de Empleo. Un Plan que también se ha continuado ejecutando en los primeros meses del presente año.
Pero el objetivo que nos habíamos planteado era el de contar con una Estrategia de Empleo renovada a cuatro años vista. Y en un contexto de conflictividad social, que suponía una dificultad añadida, el 7 de marzo pasado fuimos capaces de acordarla en el marco del Diálogo Social. Con una perspectiva conjunta que integra por primera vez las políticas de empleo, formación profesional, prevención de riesgos, e igualdad para el empleo. Una vez más, el Diálogo Social de Castilla y León sabía superar las diferencias a favor del empleo y la competitividad de nuestra economía, algo que hoy de nuevo quiero agradecer.
Los colectivos prioritarios de la nueva Estrategia son los jóvenes menores de 30 años y los parados de larga duración. Y aborda también factores de tanta importancia como la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, la conciliación de la vida familiar y laboral, o la integración laboral de las personas con discapacidad.
En relación con estas últimas, quiero anunciar que la Junta va a adoptar en este mismo mes de julio un acuerdo para la incorporación de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos, que incluyan un cupo de contratación reservada a los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad. Queremos que dicho acuerdo comience su aplicación en el último trimestre de este mismo año.
La Estrategia contribuirá al cambio del actual modelo productivo, al contemplar apoyos más amplios a la contratación en los sectores de futuro. Y estimulará un crecimiento con más equidad y cohesión, al incorporar fórmulas de discriminación positiva al medio rural.
Contempla también líneas preferentes de apoyo al autoempleo de los emprendedores, y de los autónomos. En relación a estos últimos, y además de la nueva deducción en el IRPF para fomentar el autoempleo de los que abandonaron su actividad por causa de la crisis, que se duplica si se trata de zona rural, vamos a poner en marcha antes de fin de año un «programa de sucesión empresarial para autónomos», cuyo objetivo será que negocios viables y con implantación tradicional, especialmente en el medio rural, se puedan mantener en activo tras la jubilación de su titular, mediante la incorporación de un nuevo emprendedor.
Nuestra obligación es ahora desarrollar esta Estrategia. Y para ello hemos realizado en el Presupuesto 2012 el esfuerzo de reservar 60 millones de euros totalmente autónomos, ante la importante disminución de las transferencias finalistas del Estado para estas políticas. Un esfuerzo muy singular entre las Comunidades Autónomas, que ha sido reconocido por nuestros agentes sociales y económicos.
Se han publicado ya diversos Programas, incluidos los programas personales de integración y empleo, las ayudas a trabajadores afectados por EREs suspensivos, las ayudas a trabajadores con 55 o más años cuyos contratos de trabajo se hayan extinguido, y los destinados a trabajadores con discapacidad. El Plan de Estímulos en el que estamos trabajando podrá concretar las demás prioridades para este inmediato futuro.
Por otro lado, en el tiempo que media de aquí al verano de 2013, se pretende renovar el protocolo de actuaciones del Servicio Público de Empleo, que, en el marco de su reforma, aumentará su eficacia en la prestación de servicios tanto a las empresas como a los trabajadores.
En materia de formación profesional, en 2011 hemos aprobado 14 decretos de currículo, y estamos trabajando en la renovación de otros 27. Hemos continuado con el proyecto experimental de “actuaciones bilingües en formación profesional”. Y hemos impulsado la creación de “Aulas-Empresa”, en colaboración con la Asociación de Empresa Familiar, en seis localidades de Burgos, León y Valladolid, con previsión de implantar esta iniciativa en todas las provincias de la Comunidad en el curso que viene. Asimismo, nos proponemos potenciar la formación profesional de la población adulta, con ofertas que permitan conciliar su desarrollo con la actividad laboral, a través de la educación a distancia o la oferta modular.
Y hay que seguir insistiendo en la prevención de riesgos laborales, en especial en las pequeñas y medianas empresas. E impulsar nuevas acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
Señorías: a continuación quiero referirme brevemente a la situación y a las líneas de actuación en los distintos sectores económicos.
* En primer lugar, y por lo que se refiere a nuestro sector primario, soy plenamente consciente del malestar que ha producido en el mismo la reducción de su dotación presupuestaria en este ejercicio 2012. Aunque también quiero recordar que la estabilidad de los recursos de la PAC nos ha permitido finalmente seguir dirigiendo a nuestra agricultura y ganadería casi el 15% de todos los recursos presupuestarios. Y con ello seguir impulsando el proceso de modernización emprendido en estos años.
Además, es necesario tener en cuenta que esa disminución ha venido esencialmente determinada por la prioridad dada a los servicios públicos fundamentales. Lo que a su vez tiene mucho que ver con medidas que benefician de manera directa la calidad de vida del mundo rural en el que el sector primario se incardina, como es el caso del mantenimiento y mejora de los centros y servicios educativos, sanitarios y sociales en el entorno rural.
En cualquier caso, seguiremos defendiendo las líneas consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias en relación a la reforma de una PAC que queremos que sea fuerte y estable. Esas negociaciones están ahora mismo en un punto de máximo interés. La última Cumbre europea ha puesto de relieve que sin conocerse el cuadro financiero no va a ser posible avanzar en los conceptos de aplicación. El Gobierno de España, con el apoyo de todas las Comunidades, ha exigido una financiación suficiente. Lo que se corresponde con nuestra defensa de una dotación cercana a los 1.000 millones que Castilla y León recibe anualmente, y que representa el 30% de la renta de nuestros agricultores y ganaderos.
Además, vamos a impulsar el cooperativismo agrario a través de un nuevo Plan 2012-2015. Vamos a seguir apoyando la comercialización del producto no transformado a través de la marca «Tierra de Sabor». Y queremos disponer, como máximo a principios de 2013, de un II Plan de Promoción y Comercialización.
Por otra parte, en los dos últimos años hemos desarrollado líneas de apoyo económico, a través del Instituto Tecnológico Agrario, para combatir los efectos de la crisis económica, facilitando así a las industrias la liquidez que no encuentran en el sector privado, y apoyando proyectos industriales de futuro para empresas en crisis abocadas a la liquidación. Estamos trabajando para convocar, también este año 2012, líneas de apoyo financiero que den soluciones a las necesidades del sector agroalimentario.
En fin, en la nueva etapa de mayor colaboración entre las Consejerías de Economía y Empleo y de Agricultura y Ganadería, en otoño de este mismo año estará operativo el proyecto «ADE Rural», que supondrá la asignación específica de agentes de acompañamiento empresarial de la ADE, y su coordinación con los de desarrollo local y los de otros servicios de la Consejería de Agricultura, para favorecer las iniciativas económicas vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos, al sector agrario, y a su industria de transformación.
* En segundo lugar, y por lo que se refiere al sector industrial, éste sigue teniendo en Castilla y León un peso superior a la media de España. Para él nuestra hoja de ruta es el repetido II Acuerdo de Competitividad e Innovación, cuyos resultados son buenos dos años después de su aprobación, como lo demuestra la evolución positiva de nuestro Índice de Producción Industrial en 2011, en contraste con la negativa del conjunto de España.
Mantenemos el compromiso de remitir a estas Cortes un Proyecto de Ley de Industria de Castilla y León, lo que queremos hacer en el primer trimestre del año 2013. En él se incluirá la previsión de un Plan Director de Política Industrial. En este último año, hemos puesto en marcha un protocolo de procedimientos a seguir en caso de crisis empresariales.
Como elemento esencial por nuestra apuesta por el sector de la automoción, hemos seguido desarrollando la Estrategia del Vehículo Eléctrico 2011-2015. Es éste un sector clave de nuestra economía en el que se ha logrado, a pesar del difícil contexto actual, una estabilidad que era impensable hace tan solo unos años. Y ello gracias al impulso y la participación de todos: empresas, trabajadores y Administraciones, en los tres Planes Industriales de futuro acordados por las grandes empresas fabricantes de vehículos en nuestra Comunidad.
Quiero hacer una mención especial al área de la energía y las minas. La nuestra es una de las principales Comunidades productoras de energía de España. De las que más aporta en energías renovables. Y un referente, por ejemplo, en las bioenergías. Una apuesta que debemos mantener, a pesar de todas las incertidumbres que se ciernen sobre el modelo energético nacional, su normativa y su sostenibilidad financiera.
A nadie extrañará que expresemos nuestro acuerdo con la posición del nuevo Gobierno de la Nación favorable a la prolongación de actividad de la central de Santa María de Garoña, en tanto ésta cumpla todas las condiciones de seguridad exigibles por los organismos técnicos y las autoridades europeas.
Y a nadie extrañará tampoco que volvamos a reiterar hoy aquí todas las razones sociales, económicas y estratégicas por las que Castilla y León defiende un futuro para el carbón autóctono, como parte de ese modelo energético nacional al que antes me he referido.
Una Decisión de la UE fija para el 31 de diciembre de 2018 el fin de las ayudas públicas al carbón. Hasta esa fecha, esas ayudas serán progresivamente decrecientes, pero en todo caso son necesarias para lograr que a partir de entonces nuestra minería, o parte de ella, sea rentable, ya sin ayudas, y plenamente consistente con las normativas medioambientales.
El recorte brusco de las mismas en el Presupuesto del Estado 2012 puede provocar un cierre anticipado de esas empresas, y con él el fin de una actividad para la que todavía no hay alternativas económicas y de empleo en amplias comarcas de Castilla y León, y de otras Comunidades de España, frustrando además todas esas posibilidades de futuro.
Hemos reiterado al Gobierno de la Nación la necesidad de corregir o compensar ese recorte excesivo. Lo que también podría producirse a través del nuevo Plan del Carbón 2013-2018 en el que ahora hay que trabajar. Y le hemos pedido así mismo que analice individualmente con cada una de las empresas mineras su exacta situación y sus concretas dificultades. Así como que convoque con urgencia las ayudas ya aprobadas para 2012.
* En tercer lugar, y por lo que se refiere al sector de la construcción, somos conscientes de su importancia para el conjunto de la economía, y de la especial gravedad que la crisis ha tenido sobre el mismo. Por eso, estamos impulsando para él nuevas formas de actividad y de generación de empleo. Por ejemplo, trabajando en un nuevo modelo que reorienta, progresivamente, la actividad de la obra nueva a la regeneración urbana y a la conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio inmobiliario. Así, estamos promoviendo la Inspección técnica de las construcciones, un Plan de rehabilitación integral de vivienda, y una futura Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León.
* En cuarto lugar, y por lo que se refiere al sector servicios, los Indicadores de Actividad, ofrecidos por el INE, ponen de manifiesto una mejor evolución en Castilla y León que en el conjunto de España.
– En relación con el comercio, hemos venido trabajando con el sector en programas de competitividad, modernización y profesionalización. Aunque afectado por la caída del consumo, y también por próximas subidas impositivas, el sector ha venido demostrando un comportamiento positivo en sus ventas, y en el esfuerzo por mantener el empleo. Todo este esfuerzo va a permitirle sin duda abordar con fortaleza el nuevo marco de liberalización comercial que acaba de aprobar el Gobierno. Desde el diálogo con sus agentes, la Junta seguirá velando por el equilibrio y la convivencia entre los distintos formatos comerciales, para favorecer así la actividad de un sector, cuyo futuro debe estar basado en la competitividad y no en el proteccionismo.
– En relación con el turismo, el pasado 3 de abril suscribimos el Pacto Institucional, Social y Empresarial de Desarrollo Turístico, primera alianza de estas características que una Comunidad Autónoma realiza en España, sentando así las bases para un permanente diálogo con el sector. En este año verá la luz, además, el Plan de marketing turístico, dirigido a reforzar el posicionamiento diferencial de Castilla y León como destino turístico, así como el Plan Estratégico de turismo gastronómico.
Desde Castilla y León, líder en el turismo de interior, con un 23% del total nacional, y en colaboración con Turespaña, estamos apoyando una alianza entre todas las Comunidades de interior, para posicionar este tipo de turismo nacional en los mercados exteriores, como un modelo distinto y complementario al de sol y playa, contribuyendo así a la diversificación de la oferta turística nacional, y a la desestacionalización de la demanda.
– En relación con el transporte, seguimos impulsando la Red CyLog con el objetivo de mantener una oferta de servicios de calidad, que favorezcan la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas, adaptando su despliegue y desarrollo a la difícil situación económica.
En el marco del Plan de reactivación de dicha Red, estamos reorientando el modelo mediante la sustitución de las subvenciones públicas por préstamos retornables, bajo estrictos criterios de rentabilidad, a los enclaves con más posibilidades de desarrollo, y que tienen un efecto inmediato en el sector productivo de su área de influencia. Y estableciendo nuevas fórmulas de comercialización de suelo y vuelo, que garanticen la supervivencia y mantenimiento de las infraestructuras y servicios inherentes a las concesiones.
En este sentido, se ha autorizado recientemente la concesión de préstamos participativos retornables a los enclaves de Benavente, León, Salamanca y Soria, además de inversiones directas para la construcción de la infraestructura ferroviaria del enclave de Aranda de Duero.
– Finalmente, y en relación con los servicios de telecomunicaciones, en este año 2012, en cumplimiento del compromiso de Investidura, vamos a culminar la universalización de la banda ancha rural, a través de la extensión de infraestructuras y el equipamiento para la recepción vía satélite, proveyendo de acceso a Internet desde cualquier ubicación de Castilla y León.
Y también hemos adaptado la Red de Espacios CyL Digital, reorientado su actividad a la atención especializada en formación y asesoramiento en empleo, autoempleo y gestión de empresas.
II.- LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES
Señoras y Señores Procuradores: el segundo de los grandes objetivos y de las líneas de actuación del Gobierno de la Comunidad es el de garantizar, en términos de calidad y equidad, la sostenibilidad y el futuro de los grandes servicios públicos que son sus competencias esenciales.
La preocupación y el debate sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar es una cuestión planteada hace ya décadas. A título de ejemplo, baste recordar cómo en 1990 el Congreso de los Diputados encargaba a la llamada «Comisión Abril» la revisión del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia de “las crecientes tensiones económicas derivadas del imparable aumento de los gastos sanitarios”. Faltaban aún doce años para las transferencias sanitarias a la mayor parte de las Comunidades Autónomas, y a Castilla y León entre ellas. Un dato que debería ser tenido en cuenta por aquellos que se empeñan en atribuir a la gestión autonómica toda la responsabilidad de los problemas que se plantean hoy sobre la sostenibilidad de estos servicios.
Pero si ese debate no es nuevo, la gravedad y dureza de la crisis económica que atravesamos ha hecho que sea mucho más acuciante. Todavía más, cuando el vigente modelo de financiación autonómica se ha demostrado incapaz, por ejemplo, para cubrir las necesidades de las tres Consejerías que en nuestra Comunidad prestan los servicios básicos, a las que aporta 700 millones de euros menos de lo que gastan. Así, las Autonomías nos hemos visto obligadas a recurrir al endeudamiento para financiar gastos de naturaleza estructural e irrenunciable. Un camino que, a todas luces, es insostenible. Razón por la cual seguimos insistiendo en la necesidad de abordar con seriedad y en profundidad la reforma de ese sistema de financiación. Y razón también por la que la Junta quiere ahora plantear a los Grupos de esta Cámara un acuerdo de Comunidad sobre la sostenibilidad de nuestros grandes servicios públicos, en un sentido más realista y amplio que el pacto planteado hace un año en la Investidura, como enseguida les explicaré.
En condiciones de tanta dificultad, es objetivo y palpable el esfuerzo de priorización de los servicios públicos que Castilla y León viene haciendo. En ellos hemos concentrado la mayor parte de recursos en los Presupuestos 2012, en los que Sanidad, Educación y Familia son las áreas que menores ajustes sufren, concentrando el 80% del gasto no financiero de las Consejerías, y hasta el 94% en el caso de nuestros recursos autónomos. Una prioridad que tiene contrapartidas, pues supone renuncias y esfuerzos en las demás áreas de actuación. Pero que nos está permitiendo evitar otras medidas más drásticas, en materia de prestaciones y servicios, o en las condiciones de trabajo de los profesionales, como está sucediendo en algunas otras Comunidades.
Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. No es posible, en una prolongada recesión, gestionar los grandes servicios igual que en tiempos de bonanza. Ningún área es totalmente inmune a los efectos de la crisis. Y los grandes servicios públicos también deben hacer un esfuerzo, y desprenderse de aspectos o de beneficios conexos para preservar lo importante, su núcleo esencial de derechos y de prestaciones.
Este es el objetivo que inspira todas las medidas que en Castilla y León venimos adoptando. Soy consciente de que están suponiendo un esfuerzo mayor a todos nuestros profesionales sanitarios, educativos y sociales. En términos, por ejemplo, de una jornada de trabajo más amplia, o de otras condiciones más estrictas. Como al conjunto de los empleados públicos, a ellos les debemos expresar nuestro agradecimiento, que es el del conjunto de la sociedad. Todavía más cuando estos profesionales públicos son los principales protagonistas de la calidad contrastada de nuestros grandes servicios. De los servicios de todos.
Y digo contrastada porque creo que es de justicia, de autoestima y de estímulo, recordar cómo los sucesivos Informes PISA de la OCDE vienen reconociendo la calidad y equidad de nuestra educación, otorgando a Castilla y León los mejores resultados de España en las distintas variables evaluadas. Acabamos de someternos por cuarta vez a ese examen, cuyos resultados conoceremos en los próximos meses.También, en septiembre de 2011, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en su último Informe anual, valoraba el nuestro como el segundo mejor Sistema Sanitario público de España.
Asimismo, en marzo de 2012, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes difundía el primer Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales en España, en el que otorgaba a Castilla y León el primer puesto, con el nivel de «excelencia» en cuanto a la cobertura de los mismos.
Y por último, en el mes de junio pasado, el IX Dictamen sobre la Atención a la Dependencia en España, ha situado a nuestra Comunidad en el primer puesto, con una puntuación de 9,6 sobre un total de 10.
Todas estas acreditaciones externas avalan la calidad de nuestros servicios públicos. Preservar ésta, y garantizar a la vez la sostenibilidad de los mismos, está siendo nuestro principal criterio a la hora de aplicar en Castilla y León las diferentes medidas que el Gobierno de la Nación está adoptando para garantizar la sostenibilidad y la racionalización del gasto sanitario, educativo y social. Unas medidas que afectan a la parte más sensible de las políticas públicas, pero que eran imprescindibles ante el peligro que para éstas supone la crítica situación actual de las finanzas públicas en España.
Pues bien, en Sanidad la inmensa mayoría de Comunidades teníamos un problema de endeudamiento, que ha sido abordado por el Gobierno mediante el ya citado Plan de Pago a Proveedores, que hoy nos permite estar al corriente en los pagos, y que ha desvanecido toda amenaza sobre la seguridad del suministro.
Pero el problema de la sostenibilidad sanitaria es, sin embargo, más amplio. En un contexto en que el gasto farmacéutico supone en torno al 10% de todo el Presupuesto de una Comunidad como la nuestra, el Gobierno ha modificado las reglas de aportación, modulando la tradicional división entre activos y pensionistas con elementos de progresividad vinculados a la renta. No parecía equitativo que, por ejemplo, en torno a 1.800 pensionistas de Castilla y León con una renta de más de 100.000 euros anuales no realizasen aportación alguna, mientras que más de 40.000 personas sin recursos tuvieran que sufragar el 40% de los costes farmacéuticos.
En todo caso, Señorías, debemos ser conscientes de que, incluso con los topes máximos de aportación fijados, esta medida supone un nuevo esfuerzo para nuestras personas mayores, que están teniendo una actitud ejemplar en un momento de necesidad nacional, y que merecen todo nuestro agradecimiento.
En esta materia, quiero anunciar que la culminación, en este mismo año, del sistema de prescripción electrónica, y la posterior incorporación al mismo de todas las oficinas de farmacia, nos permitirá disponer en 2013 de un sistema de receta electrónica, que, además de mejorar la atención, servirá para asegurar que la aportación efectiva de nuestros pensionistas se limita estrictamente a los límites máximos de 8 ó 18 €, sin que tengan que esperar a ninguna devolución posterior.
También las Universidades públicas están sabiendo adaptarse a una complicada situación económica. Ejemplo de ello son los convenios de saneamiento que mantenemos con las Universidades de Burgos, León y Salamanca, que están permitiendo la amortización de su deuda en plazos razonables. Nuestro compromiso de financiación de los gastos de personal de las Universidades públicas ha venido suponiendo un importante esfuerzo presupuestario, que ha sido paralelo a la notable mejora de la gestión económica por parte de los equipos de gobierno.
En cuanto a las tasas universitarias, y en estrecha colaboración con los Rectores, hemos optado por una solución intermedia que permite que el principio de solidaridad siga siendo un destacadísimo rasgo en el acceso a los estudios universitarios. Así, las tasas para la primera matrícula, que como precios públicos en teoría deben tender a cubrir el 100% del coste del servicio, se van a situar en un rango del 20%. Por lo que el 80% restante seguirá procediendo del esfuerzo de toda la sociedad. El incremento de tasas irá acompañado, además, por becas de matrícula y de desplazamiento para quienes más lo necesiten. Y una parte del mismo servirá al objetivo que han acordado las Universidades, de dotar un «Fondo de Solidaridad», para que ningún alumno tenga que abandonar sus estudios por causas económicas sobrevenidas.
En educación no universitaria, hemos optado por no ampliar en un 20% el número máximo de alumnos por unidad educativa, como permite el nuevo Real Decreto Ley. Hemos decidido acogernos al 10% de ampliación que ya preveía la LOE para los casos de incorporación tardía, y extenderla a dos nuevos supuestos: las necesidades extraordinarias de escolarización, y, los repetidores. Este número de alumnos se ha acreditado compatible con el mantenimiento de la calidad de nuestro sistema educativo.
En materia de atención a la dependencia, Castilla y León lleva años denunciando que el sistema nació infrafinanciado. Por eso, valoramos como un avance los acuerdos recientemente adoptados, que refuerzan el criterio legal, no suficientemente aplicado hasta ahora, de la primacía de los servicios y la excepcionalidad de las prestaciones económicas. Un criterio que a partir de ahora sí va a ser tenido en cuenta, y que supondrá aplicar una mayor financiación estatal a aquellas Comunidades que, como Castilla y León, se han esforzado en ofrecer una mayor proporción de servicios. Se corrobora así ese buen trabajo. Por el contrario, reiteramos lo ya dicho: no podemos estar de acuerdo con las decisiones de reducir los recursos globales destinados a la dependencia. Pues van a suponer un mayor desequilibrio entre las aportaciones del Estado y de las Comunidades. Y van a determinar la exigencia de un mayor esfuerzo a los beneficiarios del sistema.
Señorías: a pesar del difícil contexto, la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales de nuestra Comunidad han continuado avanzando.
En Sanidad, hemos aumentado la capacidad de resolución de la Atención Primaria, en temas como ecografía, retinografía y telecardiología. Se ha producido la recepción del nuevo Hospital de Burgos. Y continúan en marcha otras inversiones para mejorar nuestros recursos para la asistencia sanitaria pública. Hemos cumplido el compromiso de generalizar la atención farmacéutica en todos los centros de la Junta para personas mayores. Y hemos profundizado en la coordinación sociosanitaria, a través del Protocolo entre las Consejerías de Familia y de Sanidad. Que, entre otros aspectos, permitirá avanzar en la disponibilidad de unidades de convalecencia, así como en una mejor conexión entre la historia clínica y la historia social.
En Educación, en el curso que acaba de finalizar, hemos continuado ampliando la formación del profesorado, con más de 3.300 actividades, que han supuesto casi 94.000 horas formativas para más de 52.000 participantes. Hemos seguido aumentando las secciones bilingües, hasta alcanzar 418. Hemos distribuido 1.700 miniportátiles en colegios de zonas rurales. Y hemos comenzado la digitalización de las aulas de 1º y 2º de ESO. Hemos seguido impulsando acciones de prevención, detección e intervención para mejorar el clima de convivencia en las aulas. Y hemos formalizado 49 contratos-programa con otros tantos centros.
En Servicios Sociales, hemos procedido a unificar la Red Mujer Empleo y las Oficinas de Autonomía Joven en una misma y nueva «Red de Igualdad y Juventud Activa». A fecha 1 de junio, según el IMSERSO, Castilla y León es la Comunidad más ágil en conceder prestaciones de la Ley de Dependencia: más del 94% de las personas con derecho a prestación la recibe, lo que nos sitúa más de 20 puntos por encima de la media nacional. Y acabamos de enviar a estas Cortes el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con un enfoque transversal y a la vez sectorial, que busca una atención individualizada, la garantía de derechos y la participación del tercer sector.
Y tenemos también proyectos para el futuro.
En Sanidad, vamos a impulsar la Salud Pública, que contará con nuevas demarcaciones y con una Estrategia específica, a lo largo de este año. En 2012 aprobaremos también la Estrategia de Atención a los Pacientes Crónicos, que buscará una asistencia para ellos más eficaz y coordinada. Seguiremos apostando por la Gestión Clínica como proyecto estratégico que aumente la capacidad de decisión de los profesionales. Y adoptaremos medidas organizativas, que nos llevarán a reducir en un 20% las unidades con rango de servicio en servicios centrales. A integrar las Gerencias de Salud de Área y los Servicios Territoriales. A reordenar los recursos de Atención Primaria, equilibrando su carga asistencial. Y a impulsar el funcionamiento en red de nuestros servicios, reduciendo paralelamente la concertación con centros privados.
En Educación, en el próximo curso será obligatorio, en todos los centros de primaria, el desarrollo de exámenes orales y dictados para alcanzar adecuados niveles de ejecución ortográfica y gramatical. Una nueva normativa regulará el régimen jurídico de autonomía de la gestión económica de los centros. Antes de finalizar este año, aprobaremos el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, que reconocerá a los profesores la condición de autoridad pública en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias, y que mejorará, a su vez, las normas básicas de convivencia y el régimen disciplinario de los centros.
En el ámbito universitario, sigue siendo prioritario racionalizar la oferta de títulos, eliminar duplicidades en estudios con baja demanda, y reforzar la especialización. A tal fin, antes de finalizar 2012, la Junta aprobará un Decreto de Ordenación Académica, que aplicará estas previsiones de mayor eficiencia de cara al curso 2013-2014.
En Servicios Sociales, venimos trabajando en un nuevo modelo de centro residencial para personas mayores con servicios más personalizados y flexibles, cuyos rasgos presentaremos en el último trimestre del año. Estamos impulsando la atención integral a las víctimas de la violencia de género, vinculada a un Registro unificado de víctimas que estará plenamente integrado en el Sistema de Servicios Sociales.
Antes de que finalice este año dispondremos de un Plan en el que se unificarán, por primera vez en Castilla y León, nuestras políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género.
El Presupuesto 2012 destina más de 32 millones de euros a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que hemos sido una de las primeras Comunidades en poner en marcha, y con la que vamos a seguir apoyando a aquellas personas que más lo necesitan. En esta misma dirección, las prestaciones económicas para situaciones de urgencia social, que acabamos de excluir de la posibilidad de embargo por la Ley de Medidas, serán mejoradas con una nueva regulación, que se ha pactado la semana pasada dentro del Diálogo Social, y que garantiza su rápida activación ante situaciones de urgente necesidad.
Es evidente que todos estos proyectos inmediatos, y el mismo mantenimiento de las actuaciones que hasta ahora venimos desarrollando, están condicionados a la capacidad de dar respuestas eficientes al reto de la financiación del núcleo esencial de los servicios públicos fundamentales. Este es el problema principal que hoy tenemos planteado.
Como sus Señorías recuerdan, en mi Investidura ofrecí un Pacto por el futuro, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de los servicios públicos. Y para ese fin, se solicitaron aportaciones a los respectivos Consejos de participación social, en octubre y noviembre del año pasado, en relación a los diversos aspectos específicos de cada uno de los sistemas.
Reconozco que este procedimiento no ha resultado operativo. Las entidades presentes en los Consejos, sin duda atendiendo a unos intereses muy legítimos pero parciales, solicitaron en su mayor parte mejoras que ni siquiera habían sido posibles en tiempos de crecimiento económico. Mientras tanto, el agravamiento de la situación económica, la desviación de los objetivos de déficit, y la presión para corregirla, hacían imprescindible la adopción de medidas de sostenibilidad inmediatas y urgentes, tal y como he referido anteriormente. El procedimiento iniciado había quedado superado por la realidad. Y por eso, ofrezco hoy su replanteamiento.
Un replanteamiento realista, que sería posible si los Grupos de estas Cortes y la Junta tratamos de alcanzar un Acuerdo por la Sostenibilidad de los Servicios Públicos, de carácter más general y visión más de conjunto, centrado en los principios en los que deben basarse las grandes decisiones de ingresos y gastos de los próximos años, empezando por los Presupuestos 2013 y su Ley de Medidas. Un Acuerdo que no sería incompatible, sino todo lo contrario, con la posibilidad de pactos específicos de naturaleza sectorial.
Hablo de decisiones sobre los gastos. Y por tanto de acordar cómo entendemos la priorización de los grandes servicios públicos en los próximos Presupuestos, con las consecuencias que ello tiene en el resto de áreas y políticas. También de precisar cual es el núcleo esencial e irrenunciable de derechos y de prestaciones de cada uno de esos servicios, a partir de su configuración legal. Y también de establecer unos criterios generales, pero realistas, de inversión en infraestructura y equipamiento social.
Y hablo también de decisiones sobre los ingresos, y en particular sobre los fiscales. Castilla y León es la Comunidad con mejor trato fiscal a las familias. Ha sido la última en crear figuras tributarias propias. Es bien conocida nuestra posición sobre las subidas de impuestos. Pero es el caso que hoy, la recaudación por tributos tradicionales sigue cayendo, y sólo en parte ha sido compensada por unos nuevos tributos, que no siempre son pacíficos. En estas circunstancias, será al menos necesario estudiar la oportunidad de otras medidas fiscales a partir del año 2013. Algo en lo que estamos dispuestos a trabajar con los Grupos de esta Cámara que consideren positivo intentar este nuevo Acuerdo que ahora planteo.
Sabemos que no se trata de cuestiones ni sencillas, ni fáciles de conciliar. Son sin embargo cuestiones sobre las que, en último extremo, el Gobierno de la Comunidad tiene que tomar decisiones. Y va a hacerlo. Pero también entiende que para el futuro y la estabilidad de nuestros grandes servicios públicos, sería bueno que dichas decisiones contaran con una sólida base de consenso político y social.
Quiero concluir este apartado con una referencia a la AGENDA PARA LA POBLACIÓN, centrada en iniciativas para nuestros jóvenes, familias e inmigrantes.
La Junta ha seguido impulsando este conjunto de medidas, consciente de que la crisis económica está teniendo una repercusión evidente en la evolución demográfica de España y de Castilla y León. El pasado 21 de marzo presentamos el primer Informe de evaluación de la Agenda, e incorporamos a ella 40 nuevas medidas. Nos proponemos seguir trabajando junto a las entidades y fuerzas políticas que están participando activamente en el Consejo para la Población.
* Los jóvenes son uno de los colectivos prioritarios de la Agenda. Y, como ya se ha dicho, también de la nueva Estrategia de Empleo, en la que se recogen medidas formativas y de fomento de la contratación. Queremos que cada uno de nuestros jóvenes, tanto los inscritos en las oficinas de empleo, como aquellos que finalizan sus estudios, pueda tener una atención y tutorización personalizada, que se realizará de forma conjunta por el Servicio Público de Empleo y por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización. Además, la Consejería de Familia impulsará una nueva plataforma de información permanente para jóvenes, que estará operativa en el último cuatrimestre de este año.
* En materia de apoyo a las familias, en el mes de septiembre vamos a poner en marcha un servicio de información y apoyo a las personas con riesgo de desahucio por deuda hipotecaria. Estableceremos una escala de intervención en función del grado de afectación de la familia. Contemplará iniciativas en relación a las propias situaciones de sobreendeudamiento, y a los intentos de desahucio, así como la posibilidad, para los casos más extremos de lanzamiento hipotecario o pérdida de la vivienda habitual, de un plan de vivienda alternativa que aproveche todos los instrumentos públicos y privados existentes.
* Y finalmente, por lo que se refiere a los inmigrantes, vamos a seguir impulsando el II Plan de Inmigración 2010-2013. Y remitiremos a las Cortes el Proyecto de Ley de Integración de la Población Inmigrante, en cuyo texto han participado más de 400 entidades, y que se encuentra ya en el Consejo Consultivo. Del mismo modo, presentaremos a esta Cámara el Proyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, en el primer trimestre 2013.
III.- LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEON
Señoras y Señores Procuradores: el tercero de los grandes objetivos y de las líneas de actuación del Gobierno de la Comunidad es el de seguir construyendo Castilla y León desde sus diferentes dimensiones.
La primera de éstas es, evidentemente, su dimensión interior, buscando que la nuestra sea una Comunidad más cohesionada a través de un territorio mejor ordenado.
Como punto de partida, hoy existe en España una coincidencia básica en la necesidad de impulsar una profunda reordenación del conjunto de las Instituciones y Administraciones Públicas, que asegure la mayor eficiencia de las mismas, garantice los servicios básicos que prestan, y evite las duplicidades entre ellas.
A esos objetivos responde el nuevo modelo de Ordenación del Territorio en el que venimos trabajando en Castilla y León desde hace más de un año. Y esos mismos objetivos son los que persigue el Gobierno de la Nación, según se desprende del Informe que presentó el pasado viernes sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Un proyecto que va a modificar puntualmente la Ley de Bases del Régimen Local. Y que también pretende que las entidades locales se adapten plenamente a la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Como es sabido, se ha trabajado con el Gobierno de la Nación para que, desde esa coincidencia de objetivos, las dos reformas se complementen, se refuercen y estén en plena sintonía.
Hay que insistir en que este proceso, para que tenga éxito, deberá tener en cuenta las singularidades de cada territorio. España es plural. Y cada una de sus Comunidades cuenta con sus propios rasgos, circunstancias, necesidades y sensibilidades, que reflejan una diversidad a la que no se puede responder con fórmulas únicas y homogéneas.
Somos las Comunidades quienes, por cercanía e inmediatez, mejor conocemos cada situación concreta, y las respuestas que cada caso necesita, algo que vemos de manera muy directa a la hora de ordenar el territorio propio.
Como todos sabemos, en Castilla y León tenemos unas características territoriales muy singulares. Fruto de su extensión, y de la dispersión y baja densidad de su población, nuestra Comunidad cuenta con un elevado número de pequeños municipios. El 76% de ellos tienen menos de 500 habitantes, y en ellos reside tan sólo el 12% de nuestra población.
Sin embargo, todos ellos forman parte de nuestra identidad. De nuestra historia. De nuestro modo de ser y de vivir. Son el resultado de un largo proceso histórico de creación de identidad y de acumulación de valores. Y por ello, no puede hacerse tabla rasa de esa realidad mediante la mera aplicación de fórmulas técnicas generales, por ejemplo para reducir el número de los municipios
Desde estas razones, estamos impulsando ese proceso de reordenación del territorio de la Comunidad. En el que vamos a seguir avanzando, buscando el más amplio consenso y la participación de todos, antes de que nos ocurra aquello de que “nos muevan otros por no movernos nosotros”.
Un consenso que es especialmente necesario, porque creo que esta es una de esas cuestiones esenciales a las que nos enfrentamos como Autonomía. Algunos han hablado incluso de una auténtica refundación territorial de la Comunidad. Y es, desde luego, un proyecto fundamental dentro de nuestro Programa de Gobierno. Entendiendo que en ésta, como en otras materias, la voluntad de acuerdo no puede paralizar indefinidamente la responsabilidad de tomar las decisiones a las que como Gobierno estamos obligados.
Defendemos así un modelo basado en el mantenimiento de la personalidad política y jurídica de todos nuestros municipios, sin imponer nunca la supresión de ninguno de ellos. Pero también basado en una agrupación inteligente y voluntaria de los mismos. Que permita aprovechar las economías de escala necesarias. Asigne las competencias que realmente puedan ejercer en función de su población. Y dé más voz y más protagonismo a muchos pequeños municipios que hoy se encuentran casi en una situación de marginalidad.
Se trata por tanto de garantizar la prestación de los servicios que nuestros municipios deben ofrecer por Ley. Y de preservar con ello la calidad de vida de sus habitantes. Sin crear nuevas estructuras administrativas en este proceso, porque se utilizarán los medios ya existentes, optimizando todos los recursos materiales y personales.
Se trata también de reordenar y reestructurar profundamente el actual mapa de las mancomunidades en Castilla y León. Hoy está integrado por 239, y casi el 90% de nuestros municipios participa en alguna de ellas. Sin embargo, constituye un mapa en muchas ocasiones desequilibrado, anárquico y redundante, en el que un municipio puede pertenecer incluso a diez mancomunidades o más. Por ello, en el modelo propuesto, cada municipio estaría integrado en una sola mancomunidad de interés general, a la que estamos denominando “distrito”, con el objetivo de elaborar un mapa de agrupaciones de municipios homogéneo, uniforme y racional, tanto en territorio y población, como en competencias y servicios públicos a prestar.
Se trata igualmente de resolver de manera definitiva la cuestión de las llamadas “competencias impropias”, al tiempo que se mejora la cooperación entre las distintas Administraciones sobre el territorio.
Pretendemos al mismo tiempo potenciar y dar verdadero sentido de futuro a las Diputaciones Provinciales. Orientando su papel hacia el apoyo a los municipios que más lo necesitan y a los distritos rurales en que se integren.
Para avanzar en este modelo, en octubre de 2011 constituimos la Mesa de Ordenación del Territorio con los Grupos de esta Cámara, la Federación Regional de Municipios y Provincias, los agentes económicos y sociales, y las organizaciones profesionales agrarias. El Gobierno se ha reunido ya con la práctica totalidad de nuestros municipios para explicar el modelo y recoger aportaciones y sugerencias. Fruto del trabajo de estos meses, se va a convocar el próximo 24 de julio la Mesa de Ordenación, para someter a su consideración el nuevo listado de competencias de los Municipios, Distritos y Diputaciones. Un listado que posteriormente se someterá a la participación ciudadana para que se puedan realizar aportaciones.
La Junta quiere presentar a estas Cortes, antes de finalizar el presente ejercicio, el Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio, culminando así el proceso iniciado hace más de un año. Paralelamente a ello, avanzaremos hacia un nuevo Pacto Territorial que sustituya al anterior Pacto Local, y que concrete los incentivos económicos para las asociaciones voluntarias de municipios, constituyéndose así en el marco que articule la futura cooperación económica local.
Estamos avanzando decididamente en este proceso, y estamos convencidos de que se trata de una solución coherente con un objetivo común para toda España, y la más ajustada a las circunstancias concretas de nuestra tierra.
Por último, y una vez que el Estado revise la normativa básica reguladora de financiación local, tenemos también la intención de formular y someter a la aprobación de esta Cámara la participación local en los ingresos propios de la Comunidad.
Señorías, una segunda dimensión sobre la que seguir construyendo Comunidad es, desde luego, su dimensión exterior, fortaleciendo su presencia y su protagonismo en la compleja red de relaciones y escenarios en los que Castilla y León se mueve.
En este sentido, la cooperación con otras Comunidades, y de forma especial con las limítrofes, viene siendo una prioridad para la Junta, con el fin de asegurar un mejor servicio a los ciudadanos, cuyas necesidades no entienden de fronteras. Ya en la pasada Legislatura trabajamos para ello con todas nuestras Comunidades vecinas. Y suscribimos convenios con 7 de ellas, cuyos compromisos se están cumpliendo adecuadamente. Para culminar este proceso, el pasado 23 de enero se firmó un Protocolo General de Colaboración con el País Vasco. Y estamos trabajando ahora para alcanzar un acuerdo con Cantabria, de forma que, si encontramos receptividad por su parte, podamos cerrar el mapa de convenios con todas las Autonomías vecinas.
En materia de acción exterior global, hemos cumplido el compromiso asumido en la Investidura al aprobar en marzo la Agenda de Acción Exterior de la Junta. A través de ella, se planifica y coordina toda la actividad exterior emprendida desde cualquier ámbito de la Junta, proporcionando un marco general de actuación que permitirá una mayor coordinación de estructuras y recursos, a fin de incrementar la eficiencia y el impacto de nuestra presencia exterior.
En este sentido, la Agenda incluye la planificación de actuaciones en relación con la Unión Europea, la internacionalización empresarial, la atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, la cooperación al desarrollo, la cooperación con Portugal, la planificación de las actuaciones de la Macrorregión del Sudoeste Europeo, y la promoción general de la Comunidad.
Como sus Señorías conocen, hace un mes firmamos un Protocolo de colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladar la Delegación Permanente de Bruselas, y la red de agentes comerciales en el exterior, a las sedes de las misiones diplomáticas de España en el extranjero, lo que quiere ser otro ejercicio de austeridad y eficiencia. Actualmente estamos concretando dicho Protocolo, para suscribir en el próximo mes de septiembre el Convenio que permita el traslado definitivo de la Delegación en Bruselas a la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
En tercer lugar, Señorías, seguir construyendo Comunidad implica también potenciar los valores esenciales de su identidad que el Estatuto de Autonomía contempla: la lengua, el patrimonio histórico y artístico, y el patrimonio natural.
El español es, además de una de nuestras más evidentes señas de identidad, un poderoso agente de dinamización económica, por lo que las actuaciones en torno a él trascienden el estricto ámbito cultural. El castellano se configura como un importante instrumento para potenciar nuestro desarrollo económico, a partir del tejido empresarial y el empleo que puede sustentar, además de ser un instrumento esencial en la internacionalización de Castilla y León, como lugar de referencia principal para el aprendizaje de nuestra lengua.
Estamos poniendo las bases para un nuevo impulso a este conjunto de políticas. El marco global de actuaciones lo proporcionará el II Plan del Español, que se aprobará en el último trimestre del año, y que impulsará nuestras políticas sobre el español en dos direcciones principales. Por un lado, en la promoción internacional de la oferta de enseñanza del español en Castilla y León, a lo que sin duda va a contribuir la creación de una Red Mundial de Hispanistas, ya en fase avanzada de constitución. Y por otro lado, en el desarrollo y la diversificación de las empresas del sector, y el avance en la innovación y nuevas tecnologías, para contribuir así a la creación de riqueza y empleo. A estos fines, en el próximo mes de septiembre quedará constituido el Consorcio del Español, una fórmula pionera para unir esfuerzos públicos y privados en la elaboración y puesta en marcha de estrategias comunes sobre el español.
Nuestra lengua se enmarca dentro de un patrimonio cultural, histórico y artístico que nos diferencia y nos singulariza como Comunidad.
También en este campo estamos sentando las bases de las políticas culturales del más inmediato futuro. Así, y dando respuesta a un compromiso expreso, el Gobierno aprobó hace quince días el Decreto que crea y regula el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, vinculado directamente a la Presidencia de la Junta. El Consejo ayudará y trabajará activamente en la definición del I Plan Estratégico para la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Castilla y León, que estará listo antes de que finalice el año en curso. En este plazo también estará aprobado el I Plan de Industrias Culturales, que concretará las líneas de desarrollo de un sector empresarial más competitivo y moderno en el ámbito cultural, aprovechando las posibilidades que ofrece la concertación institucional y la participación público-privada.
Finalmente, el medio natural de Castilla y León no sólo es un valor propio de nuestra identidad, sino que ofrece también nuevas posibilidades de creación de empleo y riqueza, y constituye el instrumento para ofrecer a los castellanos y leoneses una alta calidad de vida a través de un medio ambiente cuidado, equilibrado y saludable. Estas dos dimensiones están orientando las principales actuaciones del Gobierno de la Comunidad.
Así, a fin de potenciar sus posibilidades para generar más riqueza y nuevos recursos, aprobaremos en este año el Programa de Movilización de Recursos Forestales. Estamos elaborando en estos momentos cuatro nuevos Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Asimismo, antes de finalizar 2012 remitiremos a esta Cámara el Proyecto de Ley de Pesca de Castilla y León, buscando convertir este recurso natural en un elemento más de desarrollo rural.
A estas políticas de protección e impulso de nuestro medio natural, se suma el esfuerzo permanente de lucha contra los incendios forestales. A través de una actuación a lo largo de todo el año, que ha avanzado al mismo tiempo en la eficacia y en la optimización de los medios y los recursos disponibles. Medios humanos y materiales adecuados, con dotación en nuestros Presupuestos, distribuidos en el territorio, y que actúan desde la colaboración con todas las Administraciones públicas.
Por su parte, a la mejora de la calidad de nuestro medio natural se orientarán medidas como la aprobación el próximo año 2013 del Plan Director de la Red Natura 2000 y del Proyecto de Ley de Conservación del Patrimonio Natural. También está prevista para 2013 una importante iniciativa de calidad ambiental: el nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos.
Señorías, una cuarta dimensión del esfuerzo de construcción de la Comunidad es la que se refiere a su desarrollo competencial e institucional.
Como sabemos, la Administración de Justicia es la última gran competencia que nos queda por asumir. A este respecto, el pasado febrero suscribimos un Pacto por la Justicia con los representantes de los estamentos vinculados con la Justicia de nuestra Comunidad, donde se definieron los recursos y los compromisos que Castilla y León entiende necesarios para incorporar esta competencia con las garantías debidas. Sus contenidos fueron comunicados al Gobierno de la Nación, siendo entendidos y bien recibidos. No obstante, acordamos con el mismo, de manera razonable a mi modo de ver, diferir un tiempo las negociaciones para su transferencia efectiva, buscando con ello asegurar los recursos necesarios para su buen fin, y comprobar los efectos que pueden suponer para este proceso las reformas planteadas en el sistema judicial español.
Por otra parte, en la entrevista del pasado 23 de abril trasladé al Presidente del Gobierno nuestra voluntad de incrementar el protagonismo y la participación de nuestra Comunidad en la gestión de la cuenca del Duero. Hemos iniciado ya los contactos con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero para estudiar las posibilidades de concretar esta participación, dentro del estrecho margen que deja la sentencia del Tribunal Constitucional.
Junto a estos aspectos competenciales, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece una serie de Instituciones propias, que creo sinceramente que han contribuido a la mejor calidad democrática de nuestra autonomía política y nuestra capacidad de autogobierno.
Creo que siempre es un buen momento, y más en una situación de dificultad como la que atravesamos, para avanzar y explorar nuevas vías que mejoren su eficiencia, participando así del gran esfuerzo que está haciendo nuestra Comunidad para salir de la crisis. Para ello, les anuncio que iniciaremos de forma inmediata los contactos con los distintos Grupos de esta Cámara, para afrontar las reformas legales que nos permitan mejorar la eficiencia de estas Instituciones, en línea con las reformas ya iniciadas en agosto del pasado año en relación con los Consejos Consultivo y de Cuentas.
Señoras y Señores Procuradores:
El modelo autonómico, como todos sabemos, es hoy cuestionado desde muy diferentes perspectivas. Acusado por muchos como responsable de dilapidar recursos públicos, o de ser un mal gestor crónico al que se debe vigilar. Creo que son juicios generales y arbitrarios, que no distinguen las causas que llevaron a cada Autonomía a su situación actual. Que no responden a la realidad de las cifras. Y que olvidan, en fin, que las Comunidades gestionamos los grandes servicios públicos, que suponen un gasto esencial, muy poco elástico y muy expansivo.
Por eso, las propuestas que hoy defienden retroceder en autonomía y recentralizar competencias no representan ninguna solución real. No hay garantía alguna de que una gestión centralizada asegure más eficiencia. Ni mucho menos que se traduzca en una mejora de la calidad y la equidad.
Por nuestra parte, vamos a intentar seguir ganando legitimidad a través del ejercicio eficiente de nuestras funciones, aportando servicios de calidad, contribuyendo al bienestar de todos, e intentando acercar la política al ciudadano, a fin de evitar ese descrédito social al que me referí al principio de esta intervención.
Una forma de ganar esa legitimidad es avanzar hacia un modelo en el que el poder político, además de reconocer y amparar los derechos de los ciudadanos, comparta con ellos los criterios para realizar las políticas públicas. Ello implica, por un lado, unos ciudadanos informados y participativos. Y, por otro, unos poderes lo más transparentes posible, desde los principios que conforman el llamado “Gobierno Abierto”. Algo que se puede impulsar de una manera más eficaz y directa en un ámbito de poder cercano, como es el autonómico.
Todo ello configuraba un importante compromiso en mi Investidura, en el que se han dado ya decisivos pasos. El pasado 8 de marzo, se acordó la puesta en marcha del Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, como un canal de comunicación directa entre el Gobierno y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, de acuerdo con los principios de transparencia, participación y colaboración. En cumplimiento del mismo, se ha creado un espacio específico dedicado al Gobierno Abierto en la Web Corporativa de la Junta.
Atendiendo a las diferentes dimensiones del Gobierno Abierto, se han habilitado ya canales específicos de participación ciudadana en el proceso de elaboración de importantes normas de nuestra Comunidad.
En el ámbito de la transparencia, está en marcha el Portal de Datos Abiertos de Castilla y León. Y se ha publicado ya, de forma unificada, la información sobre transparencia del Gobierno de la Comunidad, siguiendo los indicadores de la organización “Transparencia Internacional”.
De cara al futuro, en el último trimestre del año, impulsaremos la participación de la Junta en las Redes Sociales más utilizadas. Y les anuncio también que, una vez consolidado el Gobierno Abierto, remitiremos a estas Cortes en el primer semestre del próximo año, un Proyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, que recoja y eleve al máximo rango el compromiso y las iniciativas que el Gobierno de la Comunidad viene desarrollando en este campo.
Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores. He querido traer ante todos ustedes una visión de nuestro momento político, económico y social. Sin duda tan subjetiva como la de cualquiera. Pero les aseguro que planteada con honestidad, desde el crudo realismo, sin entrar en juicios de valor o imputación de responsabilidades que enturbien todavía más las graves dificultades e incertidumbres del presente.
He querido también explicar y justificar la obligada prioridad que hoy tenemos que conceder a las reformas y medidas que nos permitan volver más pronto que tarde a un escenario de estabilidad y de equilibrio de las cuentas públicas, a través del control y la reducción del déficit y de la deuda, totalmente desbocados en estos años de crisis.
Y junto a ello, he querido asimismo reafirmarme en las líneas estratégicas de actuación para el conjunto de la Legislatura. Y consolidarlas a través de la oferta sincera de trabajar entre nosotros para la búsqueda de los acuerdos y consensos que las hagan mejores y más fuertes.
El núcleo básico de esas líneas estratégicas sigue plenamente vigente en estos momentos. Sin duda la ejecución de los compromisos inicialmente asumidos presenta hoy tanto luces como sombras. Pero sigo creyendo que constituyen un buen proyecto para nuestra Comunidad. Un proyecto que además queremos actualizar, a través de una serie de medidas correctoras o complementarias que demanda la realidad actual.
Al igual que el conjunto de España y de la Unión Europea, Castilla y León afronta graves dificultades y problemas en su presente. Y creo que todos sabemos que el inmediato futuro no va a ser fácil para nadie. Y que nos esperan nuevos esfuerzos exigentes. Pero también es cierto que contamos con importantes activos, recursos y fortalezas para salir adelante. Ellos son nuestra mejor oportunidad. Y desde luego nuestra mayor esperanza.
Sobre todo, contamos con las personas. Con nuestra sociedad. Que ha demostrado tener a lo largo de la historia, y también en situaciones tan críticas como las actuales, una gran capacidad para enseñar y para aprender. Para ser audaz y para innovar. Para cooperar y para compartir. Para trabajar seriamente. Para ser austera y ahorradora. Para progresar y para mejorar. Para superar los retos y las dificultades.
Creo que por todo ello, ahora debemos tener confianza en nosotros mismos, desde la convicción de que con esfuerzos y sacrificios, sí, pero también con un sentido práctico, realista y constructivo, vamos a ser capaces de ganar el futuro. Muchas gracias.