Los populares señalan que hasta alcaldes socialistas “se han manifestado en contra”
Las Cortes instaron hoy a la Junta a que requiera al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que reconsidere la postura de la Confederación Hidráulica del Duero (CHD) de no prohibir la plantación de chopos en terrenos del dominio pública hidráulico cartográfico, tal y como establece el borrador del Plan Hidrológico del Duero, “para no ocasionar graves daños en la economía y el empleo de Castilla y León”. En este sentido, la PNL, que salió adelante con 79 votos a favor a pesar del debate subido de tono, solicitó que la plantación de choperas se permitan con una distancia de cinco metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas, al igual que ocurre em las Confederaciones del Ebro y del Miño-Sil.
La responsable de presentar y justificar la proposición no de ley fue la procuradora Mercedes Cófreces, quien recordó que la cuenca del Duero concentra la mayor superficie de plantaciones de chopo en España, en torno a 41.300 hectáreas, superficie que produce las dos terceras partes de la madera para la industria a nivel nacional.
Cófreces continuó que Castilla y León cuenta además con unos 75.000 populicultores, mayoritariamente particulares, pero también de titularidad pública: el 48 por ciento de las choperas existentes están en manos de ayuntamientos y entidades locales menores, constituyendo su aprovechamiento la principal fuente de ingresos y el sostén de los necesarios servicios a su población.
El Plan Hidrológico para el periodo 2021-2027, ahora mismo en periodo de información pública, recoge que “no se permitirán las plantaciones de cultivos arbóreos” (plantaciones de variedades monoclonales en marcos regulares) en el cauce de los ríos, algo que sí permiten, explicó la procuradora, las confederaciones del Ebro y del Miño-Sil, si bien es cierto que dentro del Dominio Público Hidráulico cartográfico, pero con una distancia de cinco metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas.
Por último, Cófreces advirtió de pérdidas económicas de más de 20 millones de euros anuales y que pone en riesgo 1.300 empleos cada año, de los cuales 430 están en el medio rural.