Las Cortes exigen que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit a los gastos derivados del COVID-19

Las Cortes demandan que el Gobierno prorrogue los plazos para poder ejecutar en 2021 las inversiones financieramente sostenibles de 2018

Las Cortes de Castilla y León enviaron de forma casi unánime su petición al Gobierno de España para que autorice a que el superávit y remanentes se puedan destinar a gasto corriente o inversión y, de forma prioritaria, a atender los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria del COVID-19.

El pleno de la Cámara aprobó con solo la abstención de Podemos la Proposición No de Ley del Grupo Popular que reclama también al Ejecutivo que flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit, que suprima el límite de la previsión de estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020 y que prorrogue los plazos para poder ejecutar en 2021 las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018.

El portavoz de Economía y Hacienda, Salvador Cruz. expuso que el texto de marcado carácter municipalista, “busca permitir a los ayuntamientos que puedan utilizar sus recursos, obtenidos fruto de una gestión responsable, después de demostrar un comportamiento ejemplar e incluso heroico durante esta pandemia”, ya que consideró han conseguido hacer lo que no ha hecho el Gobierno, como repartir mascarillas o desinfectar las vías públicas.

Cruz cuestionó la decisión del Ministerio de Hacienda de incautarse el superávit de los ayuntamientos, casi 20.000 millones, lo que comparó con el “hermano mayor” que “dilapida el patrimonio familiar”, rompe la hucha de los pequeños y le de una limosnas para que puedan ir una vez al año al kiosco.

Así, el popular apeló al consenso de los grupos para plantear soluciones excepcionales”, una vez que la Unión Europea ha suspendido el pacto de estabilidad y ha alcanzado un acuerdo para apoyar a los países más afectados. También citó el fondo COVID-19 de la Junta con 80 millones para las entidades locales o los nueve millones transferidos para servicios sociales.