La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades asegura que las políticas sociales son en Castilla y León una «garantía de atención y una oportunidad de futuro»
La Red de Protección a las Familias ha servido de ‘colchón’ para las 150.000 personas atendidas cada año. “Una sola persona con necesidad es motivo suficiente para mantener y redoblar este esfuerzo”
Todas las personas dependientes pueden recibir en Castilla y León más de una prestación de forma simultánea y, por lo tanto, percibir una cuantía superior a la de antes de la crisis
Durante esta legislatura se ha ampliado la oferta de plazas para personas mayores, personas con discapacidad y para menores de 0 a 3 años
Las medidas de la Junta de Castilla y León han permitido a 2.300 personas con discapacidad acceder al mercado laboral
La Comunidad ha diseñado el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’, único en España, para acompañar a la víctima ‘antes, durante y después de la denuncia’
La apuesta por la profesionalización ha contribuido a la creación de 7.000 empleos vinculados a los Servicios Sociales y a que el 60% de los recursos se asiente en el medio rural
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado hoy un balance en Soria de las políticas sociales desarrolladas por la Junta de Castilla y León en una legislatura marcada profundamente por la dureza de la crisis económica. En ese difícil contexto, la Junta se fijó como meta garantizar a cada persona una respuesta única que atienda todas sus necesidades.
Cuatro años después, con un presupuesto de 3.200 millones de euros y un gasto medio por persona y año superior a la media del país, el Gobierno autonómico se ha esforzado en crear herramientas y servicios para responder a las nuevas necesidades que surgieron como consecuencia de la crisis económica; en garantizar los niveles de atención directa a las personas, acercando los recursos, flexibilizando el acceso, incrementando coberturas y prestaciones, y en apoyar a los jóvenes y la conciliación de la vida familiar y laboral. En total, las políticas sociales de la Junta han logrado dar una respuesta individual y profesional a 700.000 castellanos y leoneses.
Para la consejera, las políticas sociales son, por tanto, una garantía de atención en Castilla y León, pero también una oportunidad de futuro, como lo demuestra el hecho de que durante la legislatura se hayan promovido 7.000 nuevos puestos de trabajo, lo que supone que el sector de Servicios Sociales aglutina a un total de 42.000 profesionales, empleo especialmente femenino y en el medio rural.
Milagros Marcos, que ha agradecido el esfuerzo de coordinación realizado por las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector, ha destacado como clave el modelo de colaboración pública, reconocido a nivel nacional. A 462 millones de euros asciende la financiación que ha destinado la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y diputaciones para desarrollar las políticas sociales. En este sentido, la consejera ha recordado que la Junta ha decidido incrementar en un 10 % la financiación a las corporaciones locales (193,6 millones de euros) en 2015 y 2016, con lo que podrán aumentar la plantilla de los Centros de Acción Social en 120 trabajadores. En total, los 189 CEAS repartidos por la Comunidad para garantizar la proximidad con los ciudadanos cuentan con 1.124 trabajadores.
Apuesta por la coordinación y compromiso también con el medio rural. Prueba de ello es que el 60 % de las prestaciones se han destinado a personas que viven en el medio rural y que allí se ubica el 60 % de los centros.
Dar respuesta a las nuevas necesidades de las personas
La imperiosa y urgente necesidad que surgió entre las familias de la Comunidad, como consecuencia de la profunda y compleja crisis económica, llevó a la Junta de Castilla y León a actuar de forma “ágil” para atender a las familias más vulnerables. Su protección se convertía así en el eje prioritario de la actuación de la Junta.
La consejera ha recordado que el Gobierno regional tejió de forma pionera en España una Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis económica, sobre la base de un sistema de Servicios Sociales “maduro, coordinado y profesional” y que integra 23 programas sociales diferentes. Su objetivo: que ninguna persona pase un día sin comer, le falte el techo de un hogar o carezca de una renta mínima.
Desde su puesta en marcha, la Red, que ha contado con un presupuesto de 300 millones de euros, ha dado respuestas “concretas y urgentes” a 150.000 personas al año. Durante ese periodo se reformó la Renta Garantizada de Ciudadanía para que resultara más flexible y llegara a un mayor número de personas, y se homogeneizaron las ayudas de emergencia social. 47.000 castellanos y leoneses se han beneficiado de la Renta desde 2011, a los que sumar las prácticamente 30.000 personas con ayudas de emergencia al año para pagar su alquiler o cuota hipotecaria, para pagar la factura de la luz o de la calefacción.
A estos programas tradicionales, y reforzados, se añadieron otros programas novedosos en España, como el Servicio de Apoyo Integral a las familias en riesgo de desahucio, que ha dado respuesta al 100% de los casos, es decir a más de 3.300 familias, o el servicio de distribución de alimentos, del que se han beneficiado 26.000 personas al año.
Todo el esfuerzo ha convertido a la Red en un “relevante colchón” para que la fractura social derivada de la crisis haya sido menor en Castilla y León que en el resto de España y que incluso en la comunidad se haya reducido el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Según los estudios de los expertos: hay 42.000 personas menos en riesgo de pobreza o exclusión social que en 2009, o que la tasa de privación material severa sea menor que en 2009. Pese a estos datos, la consejera ha reconocido que «mientras exista una persona en situación de necesidad hay que seguir actuando».
La Red de Protección a las Familias, donde se enmarca la Red Centinela de Alerta Infantil, ha puesto la mirada en todas las familias de la Comunidad con necesidades, pero sobre todo ha incidido en proporcionar servicios y prestaciones a aquellos hogares con niños. Estas actuaciones han contribuido a que las situaciones de riesgo de las familias desfavorecidas con hijos no se tornen más graves, como lo demuestra el hecho de que la Comunidad sea una de las autonomías con menor porcentaje de menores con privación material severa (el 1,1 %).
La atención y protección de los más pequeños ha sido, por tanto, una constante en las actuaciones de la Junta. Uno de los primeros pasos fue la firma del Pacto Autonómico por los Derechos de la Infancia para visibilizar, promover e impulsar los derechos de los más de 370.000 menores que viven en Castilla y León, en especial de los más vulnerables. Cada año, las políticas de la Junta han beneficiado a 40.000 menores, ya sea con medidas de prevención, atención o difusión de derechos. De ellos, 8.000 menores fueron atendidos por el sistema de protección de Castilla y León.
Garantizar la atención directa a las personas
A pesar de las difíciles circunstancias económicas, la consejera ha explicado como la Junta de Castilla y León ha logrado garantizar el nivel de atención a las personas, en especial a las personas en situación de Dependencia, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a los niños, a las víctimas de violencia de género y a las personas que sufren algún tipo de drogodependencia.
Atención a la Dependencia. Lejos de conformarse con los siete sobresalientes consecutivos otorgados por los expertos a la Comunidad en aplicación de la Ley de Dependencia, Marcos ha señalado que el Ejecutivo Autonómico ha adoptado “decisiones estratégicas”, con el respaldo del Diálogo Social y el Tercer Sector, que han supuesto considerables avances en relación a la Ley nacional. Todo con la meta de lograr que cada persona reciba la atención que necesita de forma ágil, flexible y profesional, y adecuada a su situación y a sus circunstancias cambiantes.
Marcos ha puesto como ejemplo de estos avances la flexibilización en el acceso a las prestaciones, la ampliación de las compatibilidades y el incremento de las ayudas para garantizar capacidad económica suficiente para que los usuarios puedan acceder a un servicio. Así, aumentó hasta en un 75 % las cuantías máximas destinadas a los cuidados profesionales y ha restituido, al primer atisbo de recuperación económica, el apoyo que se prestaba antes de la crisis a las personas que reciben cuidados familiares.
Todo ello ha permitido, entre otras cuestiones, que todas las personas dependientes puedan recibir más de una prestación de forma simultánea y cambiarla mes a mes (dos ayudas profesionales al mismo tiempo o ayuda familiar más profesional) y, por lo tanto, que una persona dependiente pueda percibir una cuantía superior a la de antes de la crisis.
Estos avances han sido posibles gracias a los 500 millones de euros al año de Presupuesto y el mayor gasto por habitante y año, según ha apuntado Marcos, para quien el compromiso de apoyo de la Junta se plasma en la evolución que ha tenido el sistema en los últimos cuatro años. La Comunidad atiende hoy a 62.047 personas dependientes -1.154 más que en 2011-, ha concedido 77.432 prestaciones –casi 3.500 más que ese año- y no hay lista de espera. Estos datos demuestran que Castilla y León, pese a las dificultades, ha seguido incorporando a nuevos dependientes, según reconocen los expertos.
El firme compromiso del Gobierno autonómico por la atención profesional a las personas en situación de Dependencia se traduce no solo en una garantía de atención, sino en actividad económica y en empleo; una actividad económica y un empleo que supera actualmente con creces el promedio nacional. De hecho, entre 2011 y 2014 se han creado 4.500 empleos vinculados a la Dependencia hasta alcanzar los 16.600 puestos de trabajo.
Personas mayores. Las personas mayores de Castilla y León han visto incrementada la oferta de plazas residenciales. Hasta 2.700 nuevas plazas –el 95 % en el medio rural- se han creado en esta legislatura, alcanzando las 45.425 en total. La Comunidad revalida así su posición de liderazgo en España en dotación de plazas residenciales. Dispone de una cobertura del 7,67 %, tres puntos más que la media del país y muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifrada en cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años. Esto supone que “todas las personas mayores que lo necesiten tienen una plaza residencial en Castilla y León», ha afirmado Marcos, quien ha añadido que el 100% de las personas dependientes que necesiten una plaza residencial cuentan con financiación pública.
A pesar de este considerable incremento de la oferta, el nivel de ocupación en las residencias ha experimentado una mejoría en los últimos años hasta situarse en el 88 %. A ello ha contribuido el incremento de las cuantías máximas a las personas dependientes y, en especial, el nuevo modelo ‘En mi casa’, puesto en marcha por el Ejecutivo Autonómico para transformar las residencias en auténticas unidades de convivencia para que las personas mayores se sientan como en su casa. Actualmente Castilla y León trabaja ya con las 100 unidades de convivencia comprometidas.
Este nuevo modelo favorece la pervivencia de las residencias rurales, según ha señalado Marcos. No solo porque logran atraer nuevos residentes, sino porque abren sus servicios a potenciales usuarios que viven en sus propios domicilios. Existen 250 centros multiservicios, que ofertan, entre otros servicios, promoción de la autonomía personal, ayuda a domicilio o centro de día. El modelo se completa con las novedosas unidades de convalecencia sociosanitaria.
La Junta ha ideado durante esta legislatura un nuevo modelo de atención a las personas mayores, pero también un nuevo modelo de prevención, con la puesta en marcha del Programa Integral de Envejecimiento Activo, con la colaboración de las corporaciones locales y con profesionales del sistema público. Ya son más de 300.000 los socios del ‘Club de los 60’, 72.000 más que al inicio de la legislatura.
Personas con discapacidad. Castilla y León se ha volcado con las personas con discapacidad. Tras ser la primera Comunidad en aprobar una Ley de Igualdad de Oportunidades para estas personas, se convirtió también en la única que ofrece y financia dos servicios profesionales de forma simultánea a las personas con discapacidad que se encuentran en situación de Dependencia. Asimismo, ha impulsado la figura del asistente personal, al permitir que sea compatible con el servicio de atención residencial, de centro de día o de promoción de la autonomía personal.
En paralelo, ha apoyado la ampliación de la red de recursos para las personas con discapacidad, con la incorporación en cuatro años de 2.000 nuevas plazas en centros. De esta manera, las personas con discapacidad disponen actualmente de 15.840 plazas repartidas por la Comunidad, lo que multiplica por dos la ratio de plazas de la media del país.
La Junta apuesta por la atención, pero también por la inserción laboral. La meta es facilitar a estas personas los apoyos necesarios en cada momento para lograr el salto al mercado laboral como principal medida de integración. Para ello, diseñó una carrera profesional para las personas con discapacidad. 2.000 personas participaron en esos itinerarios laborales que abarcan desde la formación, hasta el desempleo profesional, y que han contado con un presupuesto de 7,5 millones de euros.
Y se comprometió a reservar contratos a Centros Especiales de Empleo (CEE). Este compromiso se ha traducido en 16,3 millones de euros reservados a contratos a este tipo de centros, es decir un 16 % más del compromiso inicial. Esta medida ha contribuido a que los Centros Especiales de Empleo incorporen 300 nuevos trabajadores con discapacidad hasta llegar a los 4.300 empleados; una cifra que coloca a Castilla y León como la segunda Comunidad en empleos en CEE.
El conjunto de actuaciones ha facilitado, por tanto, que 2.300 personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral.
Personas drogodependientes. Las políticas de atención a las personas con problemas de drogadicción y de sensibilización contra los riesgos que supone el consumo de drogas ha contado con un presupuesto de 6 millones de euros.
Las personas drogodependientes cuentan con una red de atención diversificada, profesionalizada, accesible, formada por 50 centros a la que se accede sin listas de espera y que es atendida por 159 profesionales. A lo largo del año, estos profesionales atienden a una media de 10.500 personas.
En prevención se ha promovido que 17.500 escolares participen al año en programas de prevención de drogas en los centros educativos y está llevando el mensaje de tolerancia cero al consumo de estas sustancias a 9.000 jóvenes en actividades de ocio y extraescolares. En paralelo, ha trabajado con 3.000 familias anualmente, desarrollando programas de ámbito universal, selectivo e indicado.
Las drogas en general, pero el consumo abusivo de alcohol entre los jóvenes constituye una prioridad del Gobierno autonómico. Para ello elaboró el documento Estratégico Alcohol y Menores. Esta iniciativa ha permitido que 7.500 jóvenes participaran en actuaciones para prevención el consumo de alcohol.
Igualdad y violencia de género. El Gobierno regional ha centrado sus esfuerzos también en que ninguna víctima de violencia de género se encuentre sola. Y, para ello, diseñó el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’, único en España, que pretende proporcionar a la víctima atención integral desde el minuto cero y ofrecerla apoyo, acompañamiento y atención antes, durante y después de la denuncia.
La clave de esa atención integral está en coordinar todos los recursos disponibles e implicar en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada una de las etapas del proceso. Para materializar esa coordinación e intercambio de información, la Junta firmó convenios con el Ministerio del Interior, la Federación Regional de Municipios y Provincias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Castilla y León, el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y con distintas entidades locales que tienen policías locales.
Cada víctima contará con un profesional de referencia como único interlocutor para resolver sus problemas, conocer sus necesidades y guiarla durante todo el proceso. Para reforzar esta figura de ‘confianza’, las corporaciones locales están procediendo ya a la contratación de los 120 nuevos profesionales comprometidos.
Este nuevo modelo aglutina los servicios que ofrece Castilla y León para las víctimas de violencia de género –la tercera Comunidad que cuenta con más recursos-. Así figuran el teléfono 012 y 016 de atención a víctimas, la red de centros de acogida, las viviendas individuales, el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico, o un acceso prioritario a la Renta Garantizada de Ciudadanía y también al empleo.
Y como «a más igualdad, menos violencia», el Gobierno autonómico ha desarrollado un conjunto de actuaciones de prevención y sensibilización para avanzar en la igualdad de género, sobre todo, entre los jóvenes y en el ámbito de la empresa. Así, difundió guías de información y sensibilización y 300.000 termómetros de violencia, promovió el lanzamiento de mensajes en las redes sociales, que han tenido 1,5 millones de impactos; convocó un concursos de ‘selfies’ y otro de relatos; programó módulos de igualdad en los campamentos de verano para llegar a 3.000 menores, así como a 10.000 menores que participan en los programas Conciliamos.
En el ámbito laboral, durante esta legislatura prestó asesoramiento a empresas para la implantación de planes de Igualdad. El resultado: un total de 228 empresas de Castilla y León han implantado planes de igualdad, se han adoptado 903 medidas de igualdad, más de 1.000 empresas han sido asesoradas y más de 300 convenios se han negociado con el fin de incorporar medidas para la igualdad.
Conciliación y juventud.
Conciliación. La importancia que otorga la Junta a la conciliación de la vida se concreta en su apoyo a la creación de nuevas plazas para niños de 0 a 3 años. Durante esta legislatura se han creado 4.000 nuevas plazas, llegando así a las 34.000 plazas totales repartidas en 832 centros (el 54,4 % en el medio rural).
Con ello, Castilla y León alcanza una cobertura de 61,7 % de plazas infantiles para niños de 0 a 3 años, lo que representa un crecimiento de más de 11 puntos en relación a la cobertura que presentaba en 2011 y el doble de las recomendaciones marcadas por la Unión Europea en la Estrategia de Lisboa. La Comunidad, por tanto, ha rebasado en prácticamente siete puntos el compromiso con el que arrancó la actual legislatura (55 %).
Y, asimismo, ha posibilitado a 10.000 menores, de entre 3 y 12 años, desarrollar actividades lúdicas durante los periodos de vacaciones escolares, mientras sus padres mantienen su actividad profesional, dentro del programa ‘Conciliamos’.
Juventud. La búsqueda de herramientas que faciliten a los jóvenes el acceso al empleo ha constituido el objetivo de la Junta. La primera actuación fue reorientar todas las políticas de formación hacia el empleo. 14.000 jóvenes pueden participar este año en actividades formativas -el triple que en 2011-, y se han ofertado 2.000 plazas más en actividades de ocio y formación, esta legislatura ha servido, además, para impulsar programas de movilidad de carácter europeo, 2.000 jóvenes han participado en ellos.
El Gobierno autonómico, además, ha puesto en marcha un sistema de información y asesoramiento para que los jóvenes se inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que les abra las puertas al mercado laboral. Desde su puesta en marcha, ha asesorado a 4.500 jóvenes.
Toda esa información aparece recogida en la Plataforma de Información Permanente, creada por la Junta como un sistema para que los jóvenes dispongan de información actualizada, pero también como una fórmula de participación y de interacción con la Administración. Solo durante el pasado año se contabilizaron 425.000 accesos.