La Ponencia Económica incorpora la apuesta por la continuidad de las empresas familiares, el comercio local, la financiación y el sector forestal de “calidad”
Los compromisarios del 13 Congreso Autonómico del PP de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad la Ponencia Económica y Administración Territorial, que presentó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ante el plenario, tras analizar las 276 enmiendas recibiras, y que incorporó una apuesta por la continuidad de las empresas familiares, el comercio local, la financiación y por la gestión planificada y de “calidad” del sector forestal.
Cerrar el modelo territorial, con el mapa de unidades básicas de servicios y ordenación en el territorio, y consolidar la recuperación y creación de empleo para hacer frente al reto de la despoblación son las prioridades del texto que incluyó cuatro enmiendas transaccionadas con los proponentes. Así plantea fomentar la continuidad de las empresas familiares, reconocer el papel del comercio local en zonas poco pobladas, reforzar los sistemas de financiación alternativos, mejorar la gestión forestal como un servicio profesional, con una mayor duración o más cuadrillas.
Asimismo, la declaración, que recopila el ideario del PP para los próximos años, pone el acento en la ordenación del territorio desde el reconocimiento del municipio y el papel de las diputaciones y se blinda el modelo recogido en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que culmina con los mapas rurales, cuya norma está en las Cortes para su aprobación.
El texto califica de “irrenunciable” que se garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos, mantener todos los centros prestadores de servicios de la Junta y potenciar las mancomunidades, donde se aboga por la “flexibilidad y la voluntariedad” para las nuevas de interés general y por la pervivencia de las existentes. Por ello, recoge, en línea con la ley, que la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general, diferencie una “parte mínima” y otra voluntaria.
Para hacer frente a los retos demográficos, cuya pérdida de población considera global y no sólo de Castilla y León, reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Demografía y articular políticas ante un problema estructural. De esa manera, se apuesta por estrategias conjuntas con otras comunidades, el Gobierno y la Unión Europea. “El crecimiento económico y el empleo son dos factores para una evolución positiva de la población”, reseña.
La ponencia parte de que se está en un momento de recuperación y marca tres prioridades: consolidar la recuperación económica y crear empleo; garantizar los grandes servicios públicos; fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad.
Alcanzar un modelo territorial que garantice el equilibrio y la cohesión, para evitar disfunciones y asimetrías perjudiciales, debe ser una prioridad, recoge la ponencia, que subraya como el modelo territorial y la creación de empleo contribuirán a responder a otro de los retos que “más deben llamar nuestra atención durante los próximos años: la cuestión demográfica”. Estos ejes en materia económica y de Administración Territorial “queremos hacerlo a nuestra manera, desde una posición de centralidad y moderación”, subrayan los redactores.
Financiación autonómica
Apuesta por una financiación autonómica que garantice la igualdad efectiva de todos con independencia del territorio donde se viva, así como por que la “urgente” reforma del sistema tenga en cuenta el perfil de Castilla y León: extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población. Recuerda que la Comunidad perdió un diez por ciento en el reparto de fondos, y es la segunda con mayor merma en recursos del modelo.
“El Partido Popular de Castilla y León exigirá que el modelo de financiación sea transparente, esté dotado de más recursos, recoja los principios de suficiencia, autonomía, solidaridad, corresponsabilidad, y asegure los recursos económicos suficientes para la adecuada prestación de los servicios públicos transferidos, en particular la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención de la dependencia”, defiende la ponencia.
Una política orientada hacia la recuperación económica, de lucha contra el fraude, la apuesta por la industria para llegar al 20 por ciento del PIB en 2020, el acceso a la financiación de las empresas, la internacionalización e innovación tienen hueco en el texto, además de la creación de empleo como eje de las políticas sociales.
En un desglose por sectores, recoge la apuesta por el sector agrario; por la política energética y la defensa del carbón y de las cuencas mineras; por la automoción; por el turismo, entre otros. También dedica un apartado a las infraestructuras del siglo XXI, donde reconoce el esfuerzo de los últimos años en carreteras y aboga por que se mantenga el impulso inversor, igual que reivindica el despliegue de la Alta Velocidad.