El documento marca 200 medidas que tienen como centro las personas, la sostenibilidad de los servicios públicos, el empleo y el mundo rural
La Ponencia Social, aprobada por unanimidad en el 13 Congreso del PP de Castilla y León, aboga por retomar las inversiones en infraestructuras y equipamientos sociales para seguir mejorando la calidad y la cobertura de los servicios esenciales, plantea establecer por ley la participación del Tercer Sector en la elaboración de las futuras políticas de servicios sociales y de sanidad e impulsar el Diálogo Social.
El documento fue presentado ante los compromisarios por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien la definió como una “política con alma» y subrayó que de las 188 enmiendas presentadas se han recogidos 165. “Es una ponencia más rica, plural e integradora”, afirmó. Destacó cinco ejes, que se desgranan en 200 medidas: la persona como eje de la política, la sostenibilidad de los servicios públicos, el empleo como la mejor política social, la política social en el mundo rural y la innovación social.
La Ponencia pone el acento en la sanidad, en la apuesta por una asistencia personalizada, con una atención especial a los pacientes crónicos y pluripatológicos, en la reducción de las listas de espera y en la implantación de consultas de atención especializada en zonas de la Comunidad donde los pacientes tengan que hacer largos desplazamientos a centros hospitalarios.
Además, se plantea la necesidad de elaborar un Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria para ofrecer al usuario mayor información sobre todo su proceso y un mejor entorno que le ayude a sobrellevar la enfermedad y considera necesario avanzar en la recuperación de las condiciones laborales y salariales de los profesionales “una vez que la recuperación de la actividad económica y los ingresos público la faciliten”.
La formación de especialistas para llevar a cabo el recambio generacional de los centros y un plan dotar de plazas de formación suficientes a las especialidades con déficit de profesionales, son otros de los retos, así como la potenciación de la investigación.
En la ponencia, en cuya elaboración han participado las procuradoras Isabel Blanco Llamas (Zamora) y Mar González Pereda (León); el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, y el procurador Alejandro Vázquez Ramos (Burgos), también se reclama una nueva ley regional de conciliación familiar, personal y laboral para seguir avanzando en la corresponsabilidad.
Además de recalcar que el empleo es la mejor herramienta de integración social y de autonomía de las personas, en la ponencia se coloca al Diálogo Social como “seña de identidad” de la Comunidad para avanzar en los grandes acuerdos, a la vez que se resalta el compromiso de los populares con unos servicios públicos esenciales de calidad y equitativos, tanto en el medio rural, como forma de luchar contra la despoblación, como entre hombres y mujeres. A su vez, apuesta por un gestión transparente y por la innovación social, para incorporar todas la ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.
En la ponencia se hace referencia a la buena situación de la Comunidad en la prestación de los servicios esenciales teniendo en cuenta informes como el PISA (educación), el Observatorio de la Dependencia, el índice DEC (Servicios Sociales) o el Barómetro Sanitario, y se resalta que estos resultados son fruto de la prioridad presupuestaria de la Junta, dado que suman el 80 por ciento del gasto no financiero del conjunto de las consejerías.
De cara al medio rural, también se considera fundamental apostar la cohesión territorial y seguir manteniendo los esfuerzos realizados tanto en materia sanitaria, como educativa y de servicios sociales. En este sentido, plantean mejorar la seguridad del transporte escolar, potenciar la atención en los centros de salud y poner en marcha medidas para favorecer el empleo femenino.
El PP también considera clave la apuesta por las nuevas tecnologías como herramientas que mejoren y acerquen los servicios sociales sociales, en especial en el medio rural, considerando fundamental el fomento de la telemedicina.
En materia educativa, los objetivos del PP pasan por reducir la tasa de abandono, potenciar la enseñanza del segundo idioma y por un impulsar un cambio en el sistema de acceso a la función docente que garantice la existencia de los cuerpos nacionales del profesorado y responda a principios de igualdad, mérito y capacidad.
Además, se recalca el compromiso por garantizar la elección de centro mediante la renovación de los acuerdos con la enseñanza concertada y por una política de becas para que primer la igualdad de oportunidades. A su vez, se apuesta por la escuela inclusiva y se propone un plan de atención a la diversidad.
Con relación a la educación universitaria, la ponencia pide la congelación de las tasas para el próximo curso y plantea una rebaja a partir de 2018/2019 si “las disponibilidades presupuestarias lo permiten” y ligada a un nuevo sistema de financiación de las universidades públicas de la Comunidad tal y como contempla la Ley de Universidades de Castilla y León.
La investigación y la innovación es el otro eje fundamental sobre el que giran las propuestas ‘populares’ junto con la internacionalización y la colaboración con las empresas.
En materia de atención a las personas mayores se defienden los servicios de calidad a las personas que decidan seguir viviendo en su domicilio, medidas de envejecimiento activo, una atención más personalizada y un por mantener el proceso de reconversión de plazas de residencias para personas válidas en otras para personas en situación de dependencia.
Por otra parte, en materia de igualdad se proponen planes que incorporen medidas en el ámbito laboral y también se recalca el compromiso para la implantación en toda Castilla y León del nuevo modelo de atención integral a las víctimas, Objetivo Violencia Cero, “pionero en España y que pretende proporcionar a la víctima atención integral desde el minuto cero”.
En materia de discapacidad se resalta que Castilla y León es la primera comunidad en aprobar una Ley de Igualdad de Oportunidades y se recalca que el empleo es la mejor herramienta para garantizar una vida independiente. Así, se resalta la necesidad de mantener la reserva de contratación en centros especiales de empleo, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y la reserva de plazas específicas en las ofertas de empleo público.
A su vez, y sobre dependencia, el documento resalta los buenos resultados de Castilla y León al alcanzar la “plena atención”, aunque plantea que hay que mejorar el nivel de asistencia. De forma similar también se plantea la lucha contra la pobreza y se subrayan los logros de la Red de Protección de la Familias y la Renta Garantizada de Ciudadanía. No obstante, el PP se compromete a reforzar estas herramientas y unificarlas en una ley que garantice nuevos derechos subjetivos de atención inmediata.
Por último, en materia cultural se plantea potenciar el papel de la ciudadanía como protagonista de la actividad cultural y potenciar el español como valor cultural y económico.