La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, rechazó hoy las acusaciones de la oposición socialista de que los recortes en materia de dependencia han provocado una reducción del número de personas atendidas en Castilla y León, y aseguró que “en lo que va de año se han incorporado más de 5.000 nuevos dependientes al sistema” regional, “más de 1.000 sólo en mayo”.
Marcos remarcó además que el presupuesto destinado por la Junta para dependencia “no ha variado entre 2012 y 2013”, aunque reconoció que la cuantía global sí ha disminuido por la rebaja en julio del año pasado de la financiación aportada por el Estado, que se sumó al “déficit histórico” en esta materia, con 457 millones de euros pendientes que el Gobierno central debería haber transferido a la Junta entre 2007 y 2011.
Respecto a la bajada del número de dependientes en la Comunidad, la consejera de Familia comentó que “en los meses de invierno hay más bajas (por defunción) que en verano” y que esa circunstancia se está notando más este año por la mala climatología. Asimismo, destacó que Castilla y León ya casi ha llegado a “la plena atención” a los grandes dependientes y a los dependientes severos, dos años antes de lo previsto, que era en 2015, y que con la paralización del acceso a las prestaciones a los de grado I establecida por el Gobierno central “el sistema está estabilizado”.
“Ya no va a haber grandes entradas de gente”, aseveró Marcos, quien incidió en que en la región “se atiende a todo el mundo que lo pide”. “Hay garantía de que las personas que necesitan un recurso, lo tienen y pueden acceder a él gracias a los precios públicos pactados en el año pasado por la Consejería con el sector”, remarcó la titular de Familia, quien recordó la apuesta regional por los servicios profesionales en detrimento de los cuidados en el entorno familiar pese a que los primeros son “más costosos”.
Por otra parte, la responsable regional volvió a negar que haya “irregularidades” en expedientes de personas dependientes fallecidas en Castilla y León, según recoge un informe del Tribunal de Cuentas, e incidió en que “las regularizaciones del sistema las hace el Imserso”. “No hay ninguna familiar que haya percibido algo que no le corresponda y la Administración autonómica por supuesto que tampoco”, concluyó.