Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad un acuerdo de Comunidad que se remitirá al Gobierno central en el que se pide un trato específico y singular para la Comunidad en la reforma local, ya que tiene uno de cada cuatro municipios de España y es una de sus señas de identidad regional.
La presentación del texto estuvo cargada de felicitaciones entre los intervinientes y aplausos desde las bancadas de los procuradores por este consenso de comunidad (78 votos de los presentes) en contra de la reforma local del Gobierno central, texto que se une al informe critico que ya remitió la Junta de Castilla y León en contra del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Juan José Sanz Vitorio inició su intervención con el objetivo que pretende la Junta en su proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, en tramitación en la Cámara, para garantizar los servicios y la cohesión en el mundo rural, pero añadió que para su sostenibilidad y para la prestación de los servicios desde la cercanía se precisan fórmulas, en referencia a la unión voluntaria de municipios que propone el Ejecutivo.
Aunque compartió los principios que inspiran el texto del Gobierno, Sanz Vitorio rechazó el “vaciamiento” de competencias de los municipios a favor de las diputaciones y subrayó que las corporaciones provinciales nunca han tenido esas funciones y que chocaría con la autonomía municipal. También acudió al número de entidades locales en Castilla y León (uno de cada cuatro ayuntamientos de España y 7 de cada 10 con menos de 500 habitantes) para pedir un trato específico en la reforma local.
“Es un buen punto de encuentro para defender una de las señas de identidad de Castilla y León”, valoró sobre el texto aprobado, en el que también se rechaza el coste estándar para el cálculo de la evaluación de los servicios, se defiende la existencia de todos los municipios y entidades locales menores y de las mancomunidades.
Al acuerdo se unió el Grupo Mixto, en cuyo nombre habló el procurador de UPL, Alejandro Valderas.