Las Cortes de Castilla y León instaron a que el Gobierno realice las modificaciones necesarias para mejorar las pensiones y cobertura social de los profesionales de la abogacía, unos 65.000, que tienen contratado con la Mutualidad un sistema que se ha demostrado “insostenible” y que limita sus derechos sociales.
En concreto, la PNL presentada por el Grupo Popular, aprobada con el voto a favor de todos los grupos y la abstención socialista, pretende regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía y la procura que lo soliciten, con atención específica a casos determinados, para que se reconozca la antigüedad de estos años a efectos de la Seguridad Social, garantizando, para los mutualistas pasivos, el derecho a la pensión mínima.
Junto a ello, estudiar el establecimiento de un tratamiento fiscal adecuado a la recuperación del ahorro aportado en aquellos casos que los mutualistas así lo interesen y mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura.
En su presentación, el popular Ricardo Gavilanes calificó de “justa” y por “dignidad” la PNL ante la pensión que van a percibir si se jubilan a través de la mutualidad, recordó que la situación proviene de la introducción de la alternatividad de 1995 por la que se pueden acoger a las Mutualidades de los profesionales de la Abogacía o a la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y añadió que en 2005 se agrava al pasar del sistema de capitalización colectiva a la individual.
El procurador Ricardo Gavilanes, rechazó recoger la enmienda socialista al considerar que se pretende “no asumir su responsabilidad, porque no concreta absolutamente nada, sino un estudio para regular el tránsito de la mutua al RETA”. Igualmente, matizó que a instancias de ERC se ha aprobado en el Parlamento catalán una iniciativa igual. “Como ustedes hacen todo lo que dicen los independentistas…”, concluyó.