El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este miércoles que la reforma de la Administración que el Consejo de Ministros pondrá en marcha esta misma semana incluye 200 medidas «de gran calado», con las que se quiere conseguir que los ciudadanos tengan que sufrir «menos formularios y menos ventanillas».
Rajoy avanzó este dato durante un acto en el Palacio de La Moncloa en el que dio una «breve pincelada» sobre el informe que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ha elaborado durante nueve meses. Sin embargo, no dio datos concretos del ahorro que espera conseguir ni cómo pretende hacerlo.
El jefe del Ejecutivo resumió la reforma de las administraciones públicas como «menos formularios y menos ventanillas», para que los ciudadanos sufran menos procesos burocráticos y las instituciones sean «más austeras, más útiles y más eficaces».
Aseguró que los ciudadanos son «los primeros destinatarios» de esta reforma, con medidas como la implantación de una historia clínica para cada paciente en el servicio de salud, centralizar las compras de la Administración o cambiar las notificaciones postales por digitales para ahorrar 2,36 euros en cada comunicación.
Rajoy justificó todos estos cambios y los que se aprobarán el viernes en el Consejo de Ministros con el argumento de que España «tiene una buena administración», pero necesita una revisión en profundidad porque a lo largo de la democracia «han aflorado ineficiencias y redundancias».
Como ejemplo del desfase y el descontrol que existe en determinados ámbitos, expuso que la sólo en la Tesorería de la Administración General del Estado existen contabilizadas 4.800 cuentas bancarias.
Centrales de compra
Adujo que con la reforma de la Administración se pretende que haya una «mejor asignación de los recursos públicos» con la elaboración cada año de un presupuesto cero que consiga ahorrar en gastos y servicios esenciales y con una central de compras para las administraciones con la que se consiga mejores precios.
Rajoy se preguntó «qué sentido tiene comprar por separado si juntos compramos mejor y más que por separado», y apostó expresamente por contratar de forma conjunta servicios como la limpieza o las comunicaciones para ahorrar más.
El presidente del Gobierno subrayó que uno de los principales objetivos, junto al ahorro, es la reducción de duplicidades, para prestar un mejor servicio al ciudadano, aunque reconoció que estos cambios requieren acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En este sentido, afirmó que en esta reforma «no hay ideología», sino «un intento de ser más eficaces» en la prestación de servicios, y recalcó que el informe que ha elaborado la CORA «contiene buenas ideas y sólo persigue la eficacia».
Rajoy se mostró dispuesto al diálogo con el resto de las administraciones y los partidos de la oposición para ir poniendo en marcha cada una de las medidas contempladas en esta reforma, ya que el Gobierno es consciente de que muchas de ellas exceden de su propia competencia.
Falso mito
Pese a las mejoras que el Ejecutivo pretende llevar a cabo, Rajoy trató de «acabar con un mito muy extendido» sobre la sobredimensión que las administraciones públicas tienen en España.
Indicó que, con los datos disponibles de 2012, España se encuentra «entre los países de la eurozona con menos gasto público», dado que con el 43% está seis puntos por debajo de la media comunitaria. Además, subrayó que «casi dos tercios» de ese gasto público va destinado al gasto social.
El problema, aseveró, es que la crisis económica ha provocado un «desplome brutal» de los ingresos y eso ha puesto en jaque a las administraciones, lo que ahora acentúa la necesidad de reducir el déficit público y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.
Subrayó que en el primer año y medio de su mandato ya se ha hecho a todos los niveles, con una reducción del déficit de más de 20.000 millones de euros y con decisiones «muy difíciles y desagradables», como la supresión de 375.000 empleados públicos.
Rajoy estuvo arropado en el acto de presentación de la reforma de la Administración por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que junto a sus respectivos subsecretarios están capitaneando el proyecto.
Además, estuvieron presentes los consejeros de Presidencia de todas las comunidades autónomas -incluida la socialista andaluza Susana Díaz-, excepto los de País Vasco, Navarra y La Rioja. Estos dos últimos se excusaron en el último momento por las inundaciones que han provocado las fuertes lluvias de los últimos días.
Entre el público destacaban otras personalidades como la defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna; el presidente de Iberdrola, el empresario Ignacio Sánchez Galán; el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, y el vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas.
El Ejecutivo ha convocado otro acto con Sáenz de Santamaría para este mismo jueves en el que aportará más datos sobre la reforma de la Administración con dos mesas redondas en las que intervendrán los ministros Cristóbal Montoro y José Manuel Soria. El viernes, el Consejo de Ministros analizará en profundidad el informe de la CORA.